Los datos oficiales que con regularidad trimestral actualiza el Banco de España dicen que la deuda pública española está en 1.160.613 millones de euros, equivalentes al 98,8% del PIB. El dato es totalmente válido porque se ajusta a los parámetros marcados por el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) diseñado por Eurostat (el INE europeo) y ratificado por todos los países miembros...pero no refleja en toda su magnitud el riesgo financiero asumido por el sector público de un país.
Fuera del perímetro del PDE quedan, por ejemplo, la deuda de las empresas públicas, los créditos concedidos por el Estado a otros agentes económicos públicos y privados y que están pendientes de devolución, y otra serie de compromisos contingentes, que, sin alcanzar el estatus de deuda pública, si comprometen en alguna medida las cuentas del Estado porque implican algún riesgo de impago.
En el caso de España, y según los últimos datos oficiales proporcionados este mismo año por Eurostat, correspondientes a 2016, estos compromisos se situaban al cierre de ese ejercicio por encima de los 330.000 millones de euros (32,9% del PIB). El dato apenas se conoce porque el Gobierno no lo publica, pero eso va a empezar a cambiar.
En una de sus últimas decisiones, el Gobierno tramitó el pasado 25 de mayo un Real Decreto "sobre los requisitos aplicables a las previsiones macroeconómicas y presupuestarias" que lo que hace, básicamente, es transponer al ordenamiento jurídico español los aspectos de la Directiva sobre Gobernanza Económica Europea aún pendientes de aplicación en España desde su aprobación en el año 2011...
Foto detallada de los riegos del sector público
La normativa europea obliga a España a una mayor transparencia y a un mayor detalle en la información que el sector público ofrece a los mercados y a los contribuyentes, singularmente en las previsiones económicas y en los documentos presupuestarios. Bajo esta premisa, los ministerios de Economía y Hacienda deberán incluir desde ya en la información que presenten el efecto de las "deudas de las Administraciones Públicas de todos los organismos y fondos que no formen parte de los presupuestos ordinarios de sus subsectores", es decir, que deberá informar del grueso del endeudamiento público que no se ve en los datos oficiales.
En otras palabras, el Gobierno deberá levantar el velo sobre uno de los secretos mejor guardados del área económica: el volumen agregado del endeudamiento de todas las empresas públicas y de los compromisos contingentes adquiridos ya sea con el sector financiero - como consecuencia de la crisis: esquemas de protección de activos, exposición del FROB...-, con empresas privadas, con contribuyentes (impagos fiscales o de Seguridad Social) o con organismos de otras administraciones públicas.
¿El objetivo? Ofrecer una foto fija no sólo del volumen de deuda pública con el que tiene que lidiar la Administración española sino también del mapa real de riesgos que afronta el sector público del país (Ver gráfico)
Reporte permanente y detallado a Bruselas
El nuevo esquema implantado por el decreto gubernamental obliga a un reporte exhaustivo por parte del Gobierno hacia Bruselas, y de paso hacia los ciudadanos. Las previsiones económicas y presupuestarias que lance el Ejecutivo deberán tomar la información estadística más reciente - para evitar la tentación de 'cocinar' los datos para que ofrezcan la imagen que más interese al Gobierno de turno -, lo que se acreditará haciendo constar la fecha de las previsiones tomadas de base para las previsiones.
Si el Ministerio de Economía se desmarca de las previsiones publicadas por la Comisión Europea a la hora de establecer sus propias previsiones sobre la evolución económica del país deberá justificar su decisión mediante un informe motivado y si resulta que durante un periodo de cuatro años yerra sistemáticamente con sus previsiones deberá ajustarlas a lo establecido desde la Comisión.
Otra aportación interesante. El cuadro macro y las previsiones presupuestarias que presente el Gobierno español deberán sujetarse a un escenario base prudente sobre la evolución de los principales factores determinantes de la situación económica: tipos de interés, precios del petróleo...Ahora bien, el Gobierno también deberá publicar sus previsiones sobre cómo cree que evolucionarán las cosas si la cosa se da un poco mejor o un poco peor de lo previsto.
Un último asunto. Al menos una vez al año, el Gobierno deberá evaluar sus propias previsiones, y cuando se haya producido una desviación significativa en alguno de los ítems fundamentales deberá analizar, explicar y hacer públicas las causas por las que consideran que se ha producido esa desviación. Nos vamos a divertir.
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