El Ministerio de Trabajo ha dado el primer paso para romper los vínculos que a lo largo del último lustro el Gobierno del Partido Popular se ha empeñado en crear entre los Servicios Públicos de Empleo y las Agencias Privadas de Empleo con el objetivo de exprimir al máximo todos los canales disponibles para facilitar la colocación de los desempleados, particularmente de aquellos con menores posibilidades de encontrar un puesto de trabajo.
El equipo de Magdalena Valerio ha decidido no renovar el acuerdo marco que desde el año 2013 regulaba la cooperación de las agencias privadas de empleo- antes conocidas como ETT - con los servicios públicos y que la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, propició con el argumento de "impulsar la intermediación laboral en el mercado de trabajo, aprovechando la colaboración público-privada".
La vigencia de la última versión de este acuerdo marco venció el pasado mes de junio y según las partes directamente implicadas - tanto desde el ámbito sindical como la patronal de las agencias de colocación, Asempleo - desde el Ministerio no se ha hecho el más leve movimiento por intentar prorrogar la vigencia del mismo.
Las fuentes consultadas coinciden en que el efecto real de la no renovación de este acuerdo marco es limitada, ya que las comunidades autónomas que quieran podrán continuar contratando a agencias privadas de colocación para mejorar sus resultados de intermediación laboral - de los que depende, es bueno recordarlo, parte de los recursos económicos que reciben para políticas activas -, pero admiten que esta decisión encierra un mensaje de que el nuevo Gobierno quiere un papel más marginal de las agencias privadas en el sistema público de empleo.
El Acuerdo Marco - al que en su última edición se adhirieron 14 de las 15 comunidades autónomas de Régimen Común - regulaba las condiciones en las que los servicios públicos de empleo podían 'tirar' de las agencias privadas para mejorar sus ratios de colocación, particularmente en aquellos segmentos de parados con peores expectativas de colocación, y las tarifas a abonar a las agencias en los casos en que dicha intermediación se culminara con éxito.
En este sentido, el acuerdo establecía las tarifas a abonar por contrato conseguido - siempre que éste supusiera una ocupación durante al menos seis de los siguientes ocho meses -, y preveía un incentivo creciente cuanto mayor fuera la dificultad del perfil al que se encontrara un empleo: mayor de 45 años, con más de dos años desempleado....
En opinión del sindicato Comisiones Obreras, el esquema no ha logrado ni mucho menos los objetivos planteados. "Durante su vigencia no se han realizado las evaluaciones comprometidas y se ha ido prorrogando el acuerdo sin tener información sobre su eficacia", asegura Lola Santillana, secretaria de Empleo del sindicato.
No es su única crítica. Santillana subraya que desde su puesta en marcha este programa de colaboración público-privada ha recibido 681,7 millones de euros, mientras que el Gobierno apenas ha destinado 215 millones a la modernización de las oficinas públicas de empleo.
Un acicate para la modernización de los servicios públicos
"Una cosa es lo que se pinta en los Presupuestos y otra muy diferente es lo que las agencias han percibido realmente como consecuencia de su participación en este programa", asegura Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, la patronal del sector de las agencias privadas de empleo. "Lo que se ha sacado de forma efectiva a concurso es muy inferior a la cantidad presupuestada y si ya hablamos de lo que se ha adjudicado la cifra no guarda relación alguna".
Cruañas admite que en todo este tiempo el Gobierno no ha realizado una evaluación del funcionamiento del programa, pero recalca que si alguien ha solicitado ese ejercicio de evaluación han sido las agencias privadas. En el sector se manejan unas cifras aproximativas que señalan que el grado de colocación conseguido por las agencias privadas es del 12%, mientras que el de los servicios públicos es del 1,7%. "Y eso, sobre la base de que para que a una agencia se le compute una colocación la persona empleada debe haber trabajado seis de los últimos ocho meses, cuando para los servicios públicos basta con haber conseguido un contrato", precisa el presidente de Asempleo.
Desde el sector se confía en que la colaboración público-privada se continúe articulando a partir de ahora a nivel autonómico. En regiones como la Comunidad de Madrid la apuesta por este modelo es decidida.
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