La batida programada por la Inspección de Trabajo durante este mes de agosto para detectar situaciones laborales irregulares, especialmente relacionadas con contratos temporales y a tiempo parcial celebrados de manera fraudulenta, comienza a dar sus frutos.
El Ministerio de Trabajo ha remitido requerimientos a 22.000 empresas en las que ha detectado indicios de utilización irregular de contratos eventuales para enmascarar relaciones laborales de naturaleza permanente. El objetivo es que regularicen la situación de estos trabajadores de manera voluntaria "reponiendo sus derechos a los trabajadores afectados", según se recoge en un comunicado remitido este miércoles por el Ministerio.
En caso de no hacerlo, se activará una segunda fase de actuaciones en el plazo de un mes para extinguir los contratos celebrados en fraude de ley y exigiendo a las empresas afectadas las responsabilidades legales que de ello se deriven, según ha avanzado Trabajo.
Esta oleada de inspecciones forma parte del plan de choque contra el fraude laboral activado por el Ministerio este verano para poner coto a la utilización fraudulenta, que, especialmente en estas fechas, se hace de las modalidades contractuales temporales y del empleo a tiempo parcial, para ocultar relaciones laborales que o bien son permanentes o bien tienen una jornada completa.
Para detectar este tipo de situaciones, la Inspección se está valiendo de una nueva Herramienta de Lucha contra el Fraude - inspirada en las aplicaciones de minería de datos y cruce de información de la Agencia Tributaria - que le está permitiendo identificar empresas donde se producen estas prácticas.
El plan de choque se enmarca dentro del Plan Director por un Trabajo Digno aprobado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros del mes de julio y que prevé un acercamiento más selectivo hacia el fraude laboral, con campañas extraordinarias orientadas según las especificidades de cada territorio y también campañas sectoriales que rastrearán, por ejemplo, fenómenos como las suspensiones masivas de contratos en el sector educativo a la finalización del curso escolar o la proliferación de horas extra sin retribuir.
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