La mayoría de los funcionarios adscritos a la Administración del Estado tendrán que esperar hasta el mes de septiembre para ingresar en sus cuentas los salarios pendientes por la tardía aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y, como consecuencia de ello, la activación retardada de las condiciones previstas en el acuerdo salarial firmado entre el Gobierno y los sindicatos de funcionarios en marzo.
Según la información recabada de los diferentes ministerios, la solución estándar planteada desde el Gobierno - y que han seguido ministerios como el de Economía, Trabajo o Industria - ha sido aplicar ya en la nómina de agosto la subida general del 1,5% que se preveía en el acuerdo salarial de marzo y retrasar a septiembre el pago de los atrasos acumulados en los siete primeros meses del año, junto a la aplicación de la subida adicional del 0,25% que se preveía en dicho acuerdo para este año.
Hay que recordar que el acuerdo estableció para este año 2018 una subida general del 1,5% para todos los funcionarios de todas las Administraciones Públicas con efectos desde el 1 de enero y que previó, asimismo, un incremento extra del 0,25% a partir del segundo semestre del año por el cumplimiento de determinados objetivos de crecimiento económico del país y reducción del déficit público.
La prórroga de los Presupuestos de 2017 hasta la entrada en vigor de los de 2018 - el pasado 5 de julio, un día después de su publicación en el BOE - ha hecho, sin embargo, que las nóminas de los funcionarios se hayan incrementado únicamente el 1% previsto en las cuentas del pasado año, lo que ha generado la acumulación de derechos pendientes por el alza salarial no aplicada que según las estimaciones del sindicato UGT ascenderían de media a unos 210 euros por empleado público.
La controversia surgió en julio a cuenta del 'timing' que seguiría el Gobierno para aplicar el acuerdo salarial de marzo. En un primer momento, desde el Ministerio de Función Pública se informó a los sindicatos de que la aplicación del acuerdo no se sustanciaría hasta el mes de septiembre por razones puramente operativas.
Horas después, el Gobierno reculó y aseguró estar trabajando para conseguir que todos los funcionarios del Estado pudieran percibir tanto la actualización de sus nóminas como el cobro de los atrasos pendientes en el mes de agosto, pese a que desde los propios sindicatos se admitía que, inmersos ya en pleno mes de julio, sería complicado que los departamentos que gestionan las nóminas en los diferentes ministerios pudieran hacer frente a semejante carga de trabajo.
Finalmente, la realidad de la ralentizada operativa de la Administración en los meses de verano ha acabado 'imponiendo su ley' a la voluntad de los políticos, con salvedades como la del Ministerio de Justicia que ya aplicó la actualización de las nóminas el pasado mes de julio o la de las cinco comunidades autónomas que también aceleraron la aplicación de la subida salarial para que sus empleados la pudieran disfrutar antes de las vacaciones de verano.
Los funcionarios del Estado percibirán al fin los efectos del acuerdo firmado en marzo en sus nóminas de agosto - que se suelen ingresar en el penúltimo día hábil del mes -, pero sólo en parte. Su sueldo de agosto se actualizará en medio punto adicional respecto al de julio, pero ni percibirán la paga de atrasos pendiente ni la subida extra del 0,25% que ya debería haberse reflejado en sus nóminas desde julio.
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