Una oficina específica dentro de la Agencia Tributaria dedicada en exclusiva al control de los grandes patrimonios, los que se encuadran en lo que los anglosajones denominan high net wealth individuals y los que en el lenguaje político español se conocen como las 'grandes fortunas', ésta es una de las propuestas más audaces que el nuevo director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, planteaba en un reciente artículo en el que desgranaba sus ideas para modernizar la Agencia.
El escrito, firmado al alimón con otro ex director general de Tributos, José Manuel de Bunes - ahora, socio de Deloitte- y que se incluye en el macrovolumen 'El fraude fiscal en España' editado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y Aranzadi, aboga por simplificar el actual modelo organizativo de la Agencia Tributaria y avanzar "hacia un sistema de planificación y selección más integrado" en el que exista una segmentación más eficiente de los contribuyentes y en el que encaje, por ejemplo, un órgano específico que se dedique a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los grandes patrimonios.
La propuesta está en línea con una de las principales preocupaciones que subyace en los trabajos académicos que el nuevo director general de la Agencia Tributaria ha publicado en los últimos años: la dificultad para conocer la tributación real de los grandes patrimonios en España. Así lo explicaba en una entrevista reciente con La Información.
"A día de hoy es muy probable que haya gente en España pagando más de lo que debería y otra gente que debería pagar y no está tributando absolutamente nada. Desde que se perdió la coordinación entre IRPF, Impuesto de Patrimonio e Impuesto de Sucesiones hemos perdido la capacidad de conocer los impuestos que ganan las rentas más altas", señalaba en relación al estudio 'Desigualdad, pobreza, gasto social e impuestos: las otras primas de riesgo españolas' que publicó hace apenas unos meses y cuyas principales conclusiones se puede consultar aquí.
La favorable predisposición a un mayor control sobre las grandes fortunas de Jesús Gascón será a buen seguro bien recibida por Podemos, que ha hecho de la guerra fiscal a los ricos uno de sus principales arietes en la negociación con el Gobierno para los Presupuestos de 2019 y otras políticas económicas básicas como la reforma fiscal.
Un estudio sobre el fraude en España y mayor autonomía del Gobierno
La oportunidad de establecer controles más intensivos sobre los grandes contribuyentes no es ni mucho menos la única idea que plantean Gascón y De Bunes en el capítulo titulado 'Una nueva Administración para la lucha contra el fraude'.
El nuevo director de la Agencia Tributaria (que en su día formó parte de otro proyecto académico impulsado por la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado para la elaboración del primer estudio sobre el volumen del fraude fiscal en España) se muestra partidario en su colaboración en la obra de Aedaf y Aranzadi de "disponer de estudios que mejoren el conocimiento de esta realidad" y de contar con una medición de referencia de la brecha fiscal que existe en España, tal y como ya sucede en otros países de la OCDE o como ya ha hecho Cataluña.
Gascón y De Bunes entienden que contar con una medición académicamente aceptable de los impuestos que se dejan de ingresar en España no sólo ayudaría a perfilar mejor la realidad contra la que se está luchando y a planificar mejor los objetivos de la lucha contra el fraude, sino que permitiría a la Agencia Tributaria salir de la espiral que vincula el éxito o fracaso de las políticas de lucha contra el fraude a los recursos 'recuperados' para las arcas públicas, es decir, los ingresos conseguidos.
El nuevo máximo responsable de los equipos de lucha contra el fraude plantea, asimismo, la necesidad de que los objetivos de la lucha contra el fraude sean plurianuales, estén sometidos a permanente revisión y no se vinculen al logro de objetivos recaudatorios.
No sólo eso, propone que los planes y objetivos de control tributario se sometan a control parlamentario y deban ser aprobados por las Cortes, no directamente por la Agencia; e incluso que el nombramiento del director general sea también decidido en el Parlamento, y no por el Gobierno como ha sucedido con su propia designación.
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