El Ministerio de Hacienda modificará en las próximas semanas al menos dos normas para permitir que las comunidades autónomas dispongan de mayor margen para gastar a partir de 2019. La ministra María Jesús Montero ha avanzado tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que el Ejecutivo retocará la regla de gasto que aplica sobre las comunidades autónomas para impedir que las restricciones que impone impidan a los gobiernos regionales aprovechar las dos décimas de déficit extra que el Gobierno arrancó en Bruselas para 2019 y 2020, y que también modificará las disposiciones de la Ley de Estabilidad para permitir que las autonomías "cumplidoras" que presenten superávit presupuestarios puedan aprovechar íntegramente éstos para financiar las políticas que consideres oportunas.
Un puñado de consejeros autonómicos pusieron de manifiesto a la salida de la reunión con el Ministerio de Hacienda que las dos décimas de déficit extra conseguidas por el Gobierno en Bruselas para las comunidades autónomas - y que en principio proporcionan un margen extra de gasto de entre 2.400 y 2.500 millones de euros, según los cálculos realizados por Hacienda - eran absolutamente ineficaces ya que las restricciones establecidas por la regla de gasto les impediría hacer uso de ese margen.
Montero dejó bien sentado que el objetivo del Gobierno es que todas las comunidades autónomas puedan beneficiarse de esas dos décimas y que adoptará las reformas regulatorias necesarias para garantizar que todas las autonomías pueden acceder a ese gasto extra.
Aunque antes de que eso ocurra el Gobierno deberá sacar adelante la nueva senda de consolidación fiscal pactada con Bruselas. Este jueves ha dado el primer paso con la aprobación del nuevo objetivo de déficit para las comunidades autónomas y las corporaciones locales de cara al periodo 2019-2021. Ahora, el Consejo de Ministros deberá ratificarlo y más tarde vendrá el examen final: el del Parlamento.
La ministra aclaró que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para que el margen extra 'peleado' en Bruselas esté disponible para todas las comunidades autónomas. Con el marco actual en la mano, Montero admitió que solo las autonomías 'incumplidoras', aquellas que no han sido capaces de cumplir los objetivos de déficit hasta el momento (Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León) podrían beneficiarse de este margen.
No habrá negociación bilateral con Cataluña
Otro de los asuntos sobre la mesa era el desafío lanzado por la Generalitat, que no acudió a la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de la era Sánchez para visibilizar su exigencia de un marco de negociación bilateral con el Gobierno. "El Gobierno quiere dejar bien claro que el único foro en el que se negociará la reforma de la financiación autonómica será el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que no habrá ningún foro que no sea multilateral", recalcó la ministra de Hacienda para liquidar cualquier asomo de duda sobre una posible negociación bajo cuerda con Cataluña.
El asunto de la quita de deuda parece aparcado en tanto no se pueda arbitrar a través del modelo de financiación autonómica y la opción a corto plazo que aparece como más viable es una posible ampliación de los plazos de devolución de la deuda para suavizar los programas de pago para este grupo de comunidades autónomas.
Lo que se haga por tanto será con luz y taquígrafos. Y en este escenario entra una posible reestructuración de la deuda catalana. El Gobierno baraja la posibilidad de activar algún esquema que permita relajar la exigencia financiera sobre aquellas autonomías con mayor riesgo de insostenibilidad financiera, entre las que se contarían Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.
Otro grupo de trabajo para la financiación autonómica
El Gobierno ya ha dicho expresamente que no abordará la reforma de la financiación autonómica en esta 'minilegislatura' de dos años que va a gestionar, pero no quiere que el asunto se paralice. ¿La solución? Un grupo de trabajo. Se trata del tercero que se constituye desde que el Gobierno del PP decidió constituir una Comisión de Expertos para identificar las principales cuestiones a abordar para la reforma de la financiación autonómica.
Luego vino la comisión técnica, compuesta por altos funcionarios de las consejerías autonómicas, que debía perfilar la posibilidad real de poner en marcha las propuestas de los expertos. Lo que se viene ahora es, al parecer, una comisión 'política', configurada por responsables políticos de las diferentes consejerías autonómicas con capacidad de negociación y con una misión inicial muy clara: diagnosticar donde residen los defectos del sistema que condenan a las autonomías a la infrafinanciación.
María Jesús Montero también reveló que el Estado asumirá la factura que para las comunidades autónomas supondrá la restitución de la atención sanitaria universal en España. La ministra de Hacienda no realizó ninguna estimación del coste extra que supondrá para el Estado hacer frente a esta factura e incluso deslizó que a medio y largo plazo el asunto supondrá más un ahorro que un gasto, pero según al menos dos fuentes de consejerías autonómicas el coste para el Estado podría rondar los 800 o 1.000 millones de euros.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios