Sábado, 15.06.2019 - 23:15 h
Medidas no convencionales para luchar contra el fraude

Hacienda solo aprovecha la tercera parte del fondo especial para pagar a 'chivatos'

Mientras otros países u organismos como la CNMC presumen de la eficacia de incentivar a los delatores, el Fisco sigue sin confiar en los 'chivatazos'

Hacienda, gasto en chivatos

En el año 2010 el Gobierno del estado alemán de Renania-Norte Westfalia adoptó una decisión audaz, sin precedentes: abonar 1,1 millones de euros del erario público por la adquisición en el 'mercado negro' de un CD con información detallada de las cuentas en un banco suizo de cientos de contribuyentes alemanes. El anuncio de la operación tuvo un efecto fulminante y provocó que un centenar de contribuyentes acudieran raudos a las oficinas tributarias del Estado para regularizar su situación fiscal. Al resto se los regularizó de oficio.

La maniobra fue tan exitosa que en los meses siguientes el Estado invirtió otros 18 millones de euros en 'comprar' más información confidencial, que sirvió a su vez para regularizar la situación fiscal de 120.000 contribuyentes de todo el país que habían ocultado dinero al Fisco y para ingresar 5.000 millones de euros que de otro modo jamás habrían terminado en las arcas públicas alemanas. Incluso España se benefició de la operación. Alemania le entregó un listado con 8.000 contribuyentes con dinero oculto en Suiza, como ya contó en su día La Información.

En concreto, Hacienda empleó únicamente 33.216 euros de los más de 100.000 euros que la Agencia Tributaria estaba habilitada a utilizar para obtener por cauces no convencionales información relevante que le permitiera desentrañar redes de contrabando.

De contrabando, sí, porque aunque el literal de la ley se refiere a la posibilidad de financiar "operaciones confidenciales relacionadas con la persecución de los delitos que tenga encomendados (la Agencia Tributaria)", fuentes del organismo de lucha contra el fraude aclaran que esos recursos sólo se utilizan de facto en determinadas actuaciones de lucha contra el contrabando por parte de la Unidad de Vigilancia Aduanera, nunca para la obtención de información significativa que permita desentrañar fraudes fiscales.

Las evidencias de la eficacia de esta estrategia para luchar contra el fraude fiscal no han terminado de convencer sin embargo a las autoridades tributarias españolas. Según los últimos datos correspondientes al ejercicio de 2017, la Agencia Tributaria apenas utilizó una tercera parte de los recursos disponibles en el fondo especial para operaciones confidenciales del que se dota anualmente desde que en 2011 la reforma de la Ley de Represión del Contrabando habilitara esta posibilidad legal, antes inexistente en el ordenamiento legal español.

El Fisco no paga a 'chivatos'

Y eso, precisamente, es lo que no entiende el colectivo de Inspectores de Hacienda, que desde hace años viene reivindicando dar cauce legal a que los inspectores puedan contactar con confidentes para obtener información fiscal oculta a los ojos de Hacienda - principalmente por estar en territorios opacos en términos fiscales - para exigir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a los defraudadores.

Francia, Estados Unidos o Alemania figuran entre los países que han admitido haber acudido al 'mercado negro de datos fiscales' para obtener información relevante que les permita cazar a sus defraudadores. Lo que conseguido España hasta el momento lo ha hecho a través de los sistemas reguladores de intercambios de información entre países, que no siempre funcionan con la agilidad requerida, según reconocen en la propia Agencia Tributaria, y que aportan información muchas veces parcial y no del todo útil para poder justificar una actuación contra un contribuyente.

Incluso en el ámbito en el que la ley sí le permite actuar, el del contrabando, la Agencia Tributaria tampoco se ha mostrado demasiado inclinada a utilizar el pago a confidentes como sistema para aflorar situaciones irregulares. Desde que en 2012 se empezara a dotar el fondo especial para pagar operaciones confidenciales la Agencia Tributaria apenas ha empleado 180.000 euros en explotar esta vía (150.000 euros hasta 2016), a razón de unos 30.000 euros al año, cuando el presupuesto para estas operaciones siempre ha estado en torno a los 100.000 euros.

Otros organismos estatales, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), presumen por el contrario de la efectividad de sus esquemas de estímulo a la delación de situaciones irregulares y admiten que el 70% de las multas que imponen vienen de este canal no convencional de denuncias.

Con todo, el gasto de la Agencia Tributaria en operaciones confidenciales se disparó en 2017 más de un 30% en plena ofensiva gubernamental contra las redes de contrabando de tabaco y narcotráfico.

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