La próxima lista de morosos con el Fisco que publique la Agencia Tributaria no sólo incluirá los nombres de los particulares y de las empresas con deudas firmes pendientes con la Hacienda Pública sino también los de los directivos y administradores de las sociedades que o bien no han podido o bien han rehusado abonar sus facturas fiscales pendientes en tiempo y en forma, e incluso después de haber sido requeridos por todos los formalismos administrativos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aprovechado su comparecencia parlamentaria ante la Comisión de Hacienda para desgranar los principales objetivos de su departamento en los próximos para afirmar su compromiso con una de las medidas más emblemáticas de lucha contra el fraude que el PSOE ha defendido en los últimos años: la identificación en la lista de morosos de Hacienda de los directivos responsables de las empresas con deudas firmes con el Fisco.
Montero se ha comprometido este miércoles a incorporar los nombres de los "responsables solidarios" de las sociedades con impagos pendientes con el Fisco en la conocida 'lista negra' de Hacienda, que con una regularidad anual hace pública la identidad de los contribuyentes - personas físicas y jurídicas - con deudas firmes con la Hacienda Pública por cuantía superior a un millón de euros.
En aquel documento, el Gobierno informó a la Comisión Europea de que la 'movilización de voluntades' que estimularía esta medida podría aportar en torno a 150 millones de euros adicionales a las arcas públicas. Una estimación que se antoja optimismo a la vista de los resultados reales obtenidos por la lista de morosos desde que comenzara a publicarse allá por el año 2014.
No es una idea nueva. El equipo de Cristóbal Montoro ya amagó con aplicar esta medida en la lista de junio de 2017 e incluso la incluyó en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas algunos meses antes, aunque finalmente rehusó hacerlo con el argumento de que no había tenido tiempo para sustanciar el cambio legal necesario para incorporar esa información a la lista, según publicó El País.
La aplicación de la medida parece viable. No solo porque el Gobierno del PP estuviera de acuerdo en aplicarla sino también porque otro de los grupos de la oposición política al Ejecutivo, Ciudadanos, también ha instado al Gobierno a hacerlo lo antes posible.
El Gobierno centrará las subidas fiscales en las grandes empresas
La ministra de Hacienda ha aprovechado su paso por el Parlamento para arrojar algo de luz sobre las intenciones reales del Gobierno en relación al marco fiscal, cuyas implicaciones aún siguen siendo una incóginita ante la avalancha descontrolada de anuncios e insinuaciones que se han vivido en los dos últimos meses.
La primera aclaración que quiso trasladar Montero es que el paquete de subidas fiscales que prepara el Gobierno no afectará de forma directa ni a los particulares, ni a los autónomos, ni a las pymes; de otro modo, lo que se haga tendrá unos paganos bien identificados: las grandes corporaciones empresariales del país y los gigantes tecnológicos. Esa, al menos, es la intención del Ejecutivo, según la ministra de Hacienda.
Segunda aclaración. El paquete fiscal que el Ejecutivo quiere llevar al Parlamento lo antes posible, probablemente porque espera que sostenga el incremento del techo de gasto en el que trabaja para el año 2019, se basará en tres pilares.
El primero será el ya célebre - por anunciado tanto por Cristóbal Montoro como por el Gobierno socialista - impuesto sobre los gigantes tecnológicos, ideado para financiar el sistema público de pensiones. Montero aclaró que el plan del Ejecutivo es someter a gravamen actividades económicas de las empresas tecnológicas que hoy están desfiscalizadas. En concreto, habló de los ingresos por publicidad que obtienen en España, las labores de intermediación que realizan en determinados mercados (piensen ustedes en AirBnB, Wallapop...) y también de uno de los negocios más prósperos, florecientes y controvertidos de estas empresas, la venta de datos que obtienen a través de sus plataformas.
En este marco, se encuadra también la posibilidad de crear un nuevo impuesto a la banca o el plan alternativo de aplicar al sector financiero algún otro ajuste fiscal que eleve su contribución al erario público.
El segundo será la revisión de la fiscalidad empresarial para, en palabras de la ministra, aproximar la contribución real de las grandes empresas a la que exigiría los tipos nominales del impuesto. La prioridad en ese campo es el establecimiento de un tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable, lo que ya ha instaurado el estado de alarma en las empresas, y el objetivo es operar sobre los grandes grupos empresariales. Montoro se ha ocupado de dejar bien claro que el Gobierno maniobrará para que el ajuste fiscal no afecte a las pymes o a las microempresas.
El tercer eje del paquete fiscal será la fiscalidad medioambiental. La equiparación de la fiscalidad de la gasolina y el diesel aparecía en este sentido como la medida más emblemática en este campo, pero Montero, que no ha avanzado mucho más sobre el detalle de las figuras que se pueden activar o desarrollar - se ha limitado a asegurar que hay margen de mejora -, sí ha garantizado que las medidas no afectarán a los ciudadanos, lo que abre dudas sobre lo que se pueda hacer en el ámbito de los combustibles.
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