Este miércoles venció el plazo para que las empresas con operativa en España presentaran su Declaración del Impuesto de Sociedades. Entre los contribuyentes que han cumplido con esta obligación está el Grupo Santander, cuya declaración fiscal de 2017 será particularmente peliaguda. Fue el año en que se quedó con el Banco Popular por un euro, en el que se vio obligado a aplicar 12.400 millones de euros para sanear el saldo de pérdidas de la entidad adquirida y por el que, como avanzó en sede parlamentaria el presidente del Popular, Rodrigo Echenique, ha solicitado a Hacienda la devolución de los 1.000 millones en créditos fiscales que entiende el banco le corresponden por esas pérdidas.
Se trata de una operación que el Santander ya ejecutó con total normalidad en su declaración de 2016 cuando reclamó la devolución de 500 millones de euros por el mismo motivo... pero el marco normativo ha variado. Desde la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 el pasado 5 de julio la Agencia Tributaria dispone de una nueva y poderosa arma que le permite, al menos, cuestionar y fiscalizar la correcta aplicación de estos créditos fiscales.
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos metió en el proyecto de Presupuestos una enmienda para dotar a la Agencia Tributaria de la capacidad jurídica necesaria para para "comprobar cualquiera de las circunstancias determinantes de la conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración, en particular las pérdidas contables".
Traducido al román paladino lo que permite esta modificación de la Ley del Impuesto de Sociedades es que los servicios de la Agencia Tributaria puedan fiscalizar si la base contable que sustenta los créditos fiscales solicitados es la correcta e impedir que ninguna entidad pueda 'monetizar' los activos fiscales puestos de manifiesto por alguna de las causas que fija la ley sin que antes la Administración tenga la opción de verificar la fiabilidad de los asientos contables que generan ese derecho. "Tenga la opción", porque la enmienda deja la puerta abierta a que la Agencia Tributaria fiscalice o no esa situación.
La Información ha cuestionado al Ministerio de Hacienda y a la Agencia Tributaria sobre su intención de aprovechar o no esta disposición para revisar la cuenta de 1.000 millones de euros en créditos fiscales que demanda el Santander y la respuesta ha sido similar. Hacienda afirma que es una cuestión que deberán determinar los servicios de la Agencia Tributaria y ésta aclara que no está habilitada para realizar comentario alguno sobre actuaciones referidas a un contribuyente concreto.
Un clima enrarecido
El marco regulatorio no es lo único que ha cambiado. Las declaraciones del consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, deslizando que el banco se replanteará "su estructura legal" -lo que ha sido interpretado como que desplazará su sede fiscal- si al Gobierno se le ocurre remover la exención actualmente vigente sobre la doble imposición de dividendos en el Impuesto de Sociedades -que es una de las opciones que está examinando Moncloa- han venido a zarandear la escena política y empresarial y a elevar varios grados el clima de tensión ante la ofensiva fiscal del Gobierno contra las grandes empresas.
En sus apenas dos meses de recorrido, el Gobierno se ha encargado de dejar bien claro que su intención es obtener entre 4.000 y 5.000 millones de euros extra en ingresos fiscales y que su pretensión es sacarlos de la banca, los gigantes tecnológicos y las grandes empresas en general.
Menos claridad hay sobre la forma en qué se va a hacer y algunas de las alternativas que se han ido conociendo han sembrado en elevado nivel de incertidumbre, cuando no alarma entre el sector empresarial. Las declaraciones del consejero delegado del Santander han puesto negro sobre blanco lo que tras los focos han dejado caer en las últimas semanas empresarios y asesores fiscales: en un mercado sin fronteras la expectativa de una pérdida de competitividad se combate fácilmente trasladando la sede a otro territorio.
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