Treinta días, ni uno más, entre la confirmación de la factura y el pago efectivo de la misma, y en un futuro cercano multas durísimas, de hasta 800.000 euros, a las Administraciones Públicas que incumplan de manera recurrente este plazo. Desde el pasado 1 de abril, éste es el marco que rige la relación entre el sector público y sus proveedores, y la fotografía que ofrecen las estadísticas oficiales no invita precisamente al optimismo.
En marzo - último mes antes de la entrada en vigor de este nuevo esquema - solo cinco comunidades autónomas cumplían con las exigencias impuestas desde Bruselas: Andalucía, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco, que son las que figuran en las estadísticas oficiales con periodos medios de pago negativos...El resto de comunidades autónomas - una docena - se situaban, con la excepción de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, dentro de los rangos permitidos hasta ahora por la legislación española, pero lejos todavía del listón europeo, una situación que de no corregirse las expone al régimen sancionador previsto en la Ley de Morosidad.
¿Cómo es posible que cumpliendo los parámetros de la legislación española hasta marzo pasen a estar en la diana solo un mes después? La explicación hay que buscarla en la 'puerta de atrás legal' habilitada por el ministro de Hacienda saliente, Cristóbal Montoro, para facilitar a las Administraciones Públicas el cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley de Morosidad.
En virtud de este 'truco', los 30 días de plazo máximo de pago exigidos desde hace años por la Unión Europea para atender los compromisos pendientes con proveedores no empezaban a contar desde el momento en que se daba el 'conforme' a la factura, sino que desde ese instante la Administración disponía de otros 30 días extra para realizar su registro, lo que dejaba el plazo real para pagar las facturas en España en 60 días.
A efectos de las estadísticas oficiales, lo que ha venido haciendo el Ministerio hasta ahora es calcular el periodo medio de la pago de las Administraciones Públicas desde el momento del registro de la factura y no desde el momento en que se daba la conformidad a la misma, lo que ha venido proporcionando un colchón extra de 30 días a las CCAA españolas, al que Bruselas ha decidido poner fin.
Sanciones de hasta 800.000 euros por no pagar en tiempo y forma
Ha sido bajo esta relevante premisa como las comunidades autónomas han venido cumpliendo desde hace más de un año ese umbral máximo de 30 días para pagar los servicios que les prestan las empresas. Liquidado ese colchón, el panorama resulta bastante menos alentador.
Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y correspondientes al mes de marzo, al margen de las cinco comunidades cumplidoras antes mencionadas solo el Principado de Asturias y Castilla y León (con un periodo medio de pago de cuatro días) parecen en condiciones de cumplir con los nuevos parámetros exigidos por la Unión Europea, ya que el resto está pagando en el mejor de los casos 10 días por encima del límite europeo.
La parte buena para las comunidades autónomas incumplidoras es que la proposición de ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales lleva varios meses estancada en la Comisión de Economía del Congreso a la espera de superar el trámite de enmiendas y que, por tanto, el régimen sancionador por incumplir este marco normativo todavía no está vigente. Éste prevé multas de hasta 800.000 euros a las Administraciones Públicas que se demoren más de 60 días sobre el plazo legal en pagar sus facturas de manera recurrente.
La Comisión Europea ha exigido, no obstante, al Gobierno español un mayor rigor en el cumplimiento de esta normativa.
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