Lunes, 14.10.2019 - 22:41 h
El coste de las bajas en España

Báñez saca 139 millones de las pensiones para financiar la factura del absentismo

La crecida del gasto por incapacidad temporal lleva al límite las finanzas de las mutuas y obliga al Gobierno a activar un 'plan de rescate'

La factura del absentismo laboral para las mutuas

El Gobierno se ha visto obligado a tirar de los fondos destinados a pagar las pensiones para cubrir el agujero que la crecida del absentismo y de la factura de las bajas por contingencias comunes ha abierto en las cuentas de las mutuas de accidentes de trabajo, a las que desde hace cuatro años ya los ingresos por cotizaciones que reciben para financiar esta contingencia no les alcanzan para afrontar los gastos derivados de las prestaciones por incapacidad temporal (ver gráfico).

Se da la circunstancia de que los fondos para el pago de esta contingencia, que gestionan las mutuas de accidentes de trabajo, se realiza con cargo a las cotizaciones sociales que abonan las empresas, que también sirven para financiar el segmento contributivo de las pensiones públicas. En concreto, la Ley de Seguridad Social establece que las prestaciones por Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) se financian a través de la aplicación de un coeficiente sobre el tipo de cotización general, que desde el año 2012 está fijado en el 0,051%.

Según datos a los que ha tenido acceso La Información, la Seguridad Social dotó el año pasado una partida de fondos adicionales de 139 millones de euros con destino a un grupo de mutuas para cubrir el déficit generado por la insuficiencia de recursos para pagar las prestaciones por Incapacidad Temporal derivada de contingencias comunes (ITCC). La ley solo permite activar esos fondos adicionales cuando las mutuas no pueden utilizar ningún otro recurso propio para hacer frente a ese gasto.

El coeficiente del 0,051% alcanzó para financiar la factura de las bajas por enfermedad no profesional hasta el año 2013, pero a partir de 2014, coincidiendo con la reactivación del mercado de trabajo, empezó a quedarse corto y desde entonces la brecha entre los ingresos recibidos por las mutuas y los gastos derivados del abono de las prestaciones por ITCC no ha parado de ensancharse, según se aprecia en los datos oficiales que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social proporciona sobre el particular.

Sin colchón para financiar el absentismo

Según fuentes empresariales, el año pasado 18 de las 20 mutuas de accidentes de trabajo que operan en España presentaron un saldo negativo por la gestión de las bajas por contingencias comunes y 16 de ellas o han consumido ya el colchón extra que la ley les obliga a dotar para atender insuficiencias puntuales en el sistema o están a punto de consumirlo. Ya lo advertía el ex presidente de la patronal del sector (AMAT) y presidente de Fremap, Mariano de Diego, en la última Memoria de Actividades de la asociación de mutuas: "El sector  sigue viviendo incrementos anuales desproporcionados (del coste de las prestaciones por ITCC) lo que está poniendo en serias dificultades la actividad económica de las mutuas".

Ya no es sólo que los ingresos ordinarios recibidos del coeficiente de participación en las cotizaciones empresariales se hayan revelado desde 2014 como insuficientes para atender la deriva de la factura del absentismo laboral, es que la mayoría de las mutuas están en vías de agotar sus colchones de emergencia para financiarla. 

La Ley de la Seguridad Social establece una suerte de red de seguridad para garantizar que las mutuas puedan atender sus compromisos tanto por enfermedades profesionales como por contingencias comunes sin tener que tirar de financiación extra. En este sentido, obliga a las mutuas a dotar una Reserva de Estabilización equivalente a entre el 5% y el 25%, de los ingresos recibidos para la financiación de la ITCC con los saldos favorables generados en los años buenos para cubrir las insuficiencias puntuales que se generan en los años malos. Además, establece también que las mutuas puedan utilicen los excedentes disponibles en los fondos equivalentes a la gestión de la IT por accidentes de trabajo o enfermedad profesional antes de recurrir a esa financiación extra.

Solo cuando se consume ese colchón se activa la opción de aplicar fondos adicionales procedentes del fondo común de las pensiones, y eso precisamente es lo que ha ocurrido los dos últimos años, tanto en 2016 (18 millones de euros) como en 2017 (139 millones de euros). Según fuentes empresariales, el hecho de que 16 mutuas (tres cuartas partes del sector) tengan el Fondo de Estabilización en el entorno del 5% solo puede significar que el colchón financiero del sector ya se ha agotado.

Plan de Rescate del Gobierno

Entre el año 2013 y el año 2016 la factura de la ITCC para las mutuas se ha incrementado en un 40%, de 3.369 millones de euros a 4.662 millones, mientras que los ingresos solo lo han hecho un 20%. Desde el sector de las mutuas se ha intentado maniobrar para conseguir que el Gobierno incremente sus competencias de gestión y su capacidad para contener los gastos por IT, pero sus propuestas, como disponer de atribuciones para emitir altas médicas o prestar asistencia sanitaria a los trabajadores sin necesidad de la autorización previa del Sistema Sanitario Público, han sido rechazadas de plano por los sindicatos y el Gobierno.

De hecho, desde el Gobierno se ha deslizado que el asunto podría resolverse reduciendo los gastos de administración de las mutuas. Sin embargo, la situación ha llegado a un punto en el que el Ministerio de Empleo ya está dispuesto a tomar cartas en el asunto.

Según ha podido confirmar La Información de fuentes empresariales y del propio Gobierno, el Ministerio de Empleo ha manifestado su disposición a negociar un ajuste del coeficiente previsto para financiar las prestaciones por ITCC para paliar lo que, ahora sí, ya empieza a considerar una insuficiencia estructural de financiación.

Fuentes empresariales señalan que la propuesta del sector es elevar el coeficiente del 0,051% al 0,060% que había en el año 2011 lo que proporcionaría una financiación adicional de unos 750 millones de euros y permitiría cubrir el desfase actual en la gestión de la ITCC por parte de las mutuas de accidentes de trabajo. 

El Gobierno confirma que el asunto está sobre la mesa, pero no entra a valorar la magnitud del ajuste que se pueda realizar. Hay que tener en cuenta que cualquier financiación adicional que se realice a las mutuas por esa vía restaría recursos al sistema de pensiones por lo que parece complicado que se llegue a esos niveles.

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