"Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento". Así reza el literal del artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el que regula el establecimiento y procedimiento de presentación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas, y que en una interpretación intuitiva pareciera exigir al Gobierno un planteamiento renovado de senda de déficit en los casos en que su propuesta original fuera rechazada por alguna de las cámaras del Parlamento.
No es ésta, sin embargo, la intención del Ministerio de Hacienda, que este miércoles planteará a las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera virtual y con un único punto en el orden del día - en el que, por cierto, el Govern de Cataluña tampoco participará - los mismos objetivos de déficit público y el mismo reparto entre las Administraciones que propuso hace algo menos de un mes antes de que el Congreso rechazara el planteamiento gubernamental.
No lo hará a ciegas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consciente del estrecho margen de un mes que proporciona la ley para el segundo intento de sacar adelante la senda de consolidación fiscal que debe servir de marco para el proyecto presupuestario de 2019, consultó a los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda la viabilidad legal de volver a plantear esos objetivos exactamente en los mismos términos, según confirman fuentes del Ministerio. La respuesta fue positiva.
A grandes rasgos la argumentación de los servicios jurídicos del Ministerio es que ese "nuevo acuerdo' que exige la ley se produce en el momento en que Hacienda reinicia el procedimiento establecido en la ley, con la preceptiva consulta a comunidades autónomas y corporaciones locales (la CNAL tendrá lugar el jueves y de forma presencial tras las quejas de algunos ayuntamientos) y el subsiguiente acto administrativo para elevar la propuesta de nuevo al Parlamento.
La mera consulta indica que existían dudas razonables en el Gobierno sobre la posibilidad de mantener inalterada la senda de déficit en una segunda intentona, pero es que además desde algunas comunidades autónomas se ha deslizado la duda sobre la legalidad del proceso que el Gobierno pretende abrir esta semana.
Más allá de las dudas jurídicas sobre la decisión del Gobierno de mantener su propuesta inicial, persiste el estado de certidumbre de que será casi imposible que el Ejecutivo de Pedro Sánchez vaya a conseguir ahora sacar adelante unos objetivos que ya fueron rechazados de plano por el Congreso, más aún cuando el Gobierno ha descartado la posibilidad de plegarse siquiera a algunas de las exigencias planteadas por alguno de los grupos que se opusieron a la propuesta, como Podemos.
En estas condiciones, la senda de déficit del Gobierno parece abocada a un nuevo rechazo en el Parlamento, que aproximaría más aún el escenario de unas cuentas prorrogadas en 2019 y tal vez un adelanto electoral.
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