Entran en vigor los de 2018

Pedro Sánchez podrá manejar a su antojo partidas millonarias del PGE de Montoro

La normativa que rige las cuentas públicas da margen al Ejecutivo socialista para desarrollar sus propias políticas, como atestiguan los precedentes

Gráfico Modificaciones Presupuestos del Estado

Pedro Sánchez ya tiene en sus manos el principal instrumento de política económica del que dispone cualquier gobierno del mundo: los Presupuestos del Estado. Es verdad que no son los suyos, que son los que afanosamente se empeñó en construir el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una negociación que se dilató durante meses y que le obligó a concertar primero con Ciudadanos y después con el PNV. Pero también lo es que los Presupuestos "no están grabados en piedra" y que la normativa ofrece un sinfín de vericuetos para transformar las cuentas públicas y para orientar los recursos disponibles allí donde las prioridades del Gobierno o los giros de la coyuntura los hacen más necesarios.

Los precedentes de los últimos años demuestran hasta qué punto los Presupuestos Generales del Estado puede ser flexibles. En las cuentas del año pasado, sin ir más lejos, más de 2.500 millones de euros salieron de determinadas partidas del presupuesto para alimentar otras, según reflejan las cifras oficiales proporcionadas por la Intervención General del Estado.

Y no fue la única mutación que experimentaron las cuentas públicas. A lo largo del año, el Ministerio de Hacienda - el único habilitado legalmente para hacerlo - introdujo sucesivas modificaciones presupuestarias que ensancharon el tamaño inicial del Presupuesto en más de 5.715 millones de euros. Es decir, que de un modo u otro el Gobierno se acomodó un margen extra de 8.200 millones de euros - en torno al doble de la inversión total en infraestructuras prevista para 2017, por hacernos una idea de la magnitud de la maniobra - para atender las políticas de gasto o emprender las iniciativas que consideró más conveniente.

De hecho, el margen real fue aún mayor porque el Gobierno dejó sin ejecutar cerca de 9.000 millones de euros, una gran parte de los cuales, por cierto, correspondió a las dotaciones para impulsar las políticas de investigación, desarrollo e innovación. 

Y fue un año tranquilo, como el de 2016 cuando apenas 1.900 millones de euros cambiaron de partida presupuestaria. Si echamos la mirada un poco más atrás, llegaremos a la conclusión de que las posibilidades que se abren ante el Gobierno de Pedro Sánchez son casi ilimitadas (ver gráfico). En 2015, el presupuesto inicial 'pintado' por Cristóbal Montoro experimentó modificaciones por cerca de 25.000 millones de euros; en 2013 fueron más de 50.000 millones; y si nos vamos a 2012, cualquier parecido entre las cuentas aprobadas por el Gobierno del PP y lo que se ejecutó a final de año resulta casi casual: la cuantía de las modificaciones introducidas se acercó a los 100.000 millones de euros. 

Manos libres para reconfigurar el Presupuesto

Los Presupuestos del Estado son de obligatoria aplicación en todo lo que hace referencia a los cambios legales que introduce, lógicamente. Por ejemplo, la rebaja del IRPF pactada con Ciudadanos o la subida de pensiones acordada con el PNV no pueden dejar de aplicarse por parte del Ejecutivo socialista, salvo que apruebe una ley que las revoque. E incluso en ese caso deberían aplicarlos hasta que se aprobara esa nueva ley. 

Donde el Gobierno sí gozará de un amplio margen de actuación es en la aplicación de los recursos asignados en los Presupuestos, es decir, en la determinación de cómo se gastan los fondos públicos. La Ley General Presupuestaria no establece grandes limitaciones a la reasignación de partidas. Las hay que son intocables porque concretan el cumplimiento de derechos adquiridos como las relacionadas con los pagos de pensiones, prestaciones por desempleo o el servicio de la deuda, y este año también las vinculadas al acuerdo de funcionarios, que obliga a subir la masa salarial de los empleados públicos en la cuantía pactada

Y las leyes de presupuestos también 'blindan' otras partidas que entran en el campo de lo que legalmente se denomina como créditos vinculantes y en los que se incluyen, por ejemplo, las labores de la Fábrica de Moneda y Timbre, las partidas destinadas al plan de prevención del consumo de drogas y algunas más, con una incidencia presupuestaria real pequeña.

De otro modo, la mayor parte del gasto presupuestario es susceptible de retocarse de algún modo, con las limitaciones formales previstas por la ley, que obligan a motivar las modificaciones introducidas en el Presupuesto, a definir la partida de la que se sacan los recursos y la partida de destino de los mismos y a que sea Hacienda el que determina en última instancia si el movimiento es factible o no.

Por ejemplo, la normativa presupuestaria no impone ningún obstáculo para que el Gobierno pueda ampliar, si lo desea, la partida presupuestaria destinada al apoyo a la I+D+i - bastante maltratada en los últimos años - y, por supuesto, menos aún a mejorar su grado de ejecución de esa partida. No hay coartada.

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios