Lo reflejaba el último informe trimestral de competitividad de la economía española publicado por el Ministerio de Economía: de los tres factores a partir de los cuales se mide la competitividad de una economía en relación al resto, tanto en comparación con la Europa del euro, como con la UE-28 o los países de la OCDE, ni la evolución del IPC ni el valor unitario de las exportaciones están marcando una diferencia sustancial a favor de España frente a sus competidores. El único factor que está permitiendo a la economía española mejorar su posición competitiva respecto a los principales países avanzados es la evolución de sus costes laborales, un indicador que está determinado en gran medida por la no menos tibia evolución de los salarios.
Hace poco más de un mes Eurostat hizo pública una demoledora estadística que demostraba que el coste de una hora trabajada en España fue en 2017 exactamente igual que en 2012: 21, 2 euros, mientras que en el conjunto de la Europa del Euro superaba los 30 euros y en la media de la UE-28 se situaba en 26 euros. Una ventaja competitiva, sin duda, pero que sitúa a España en un escenario de competitividad por precio poco sostenible y a costa de una depresión salarial que según los organismos internacionales ya está condicionando el crecimiento económico del país. Entre 2012 y 2016 - el último ejercicio para el que existen datos de la fuente sobre salarios más fiable que existe en España: la Declaración de la Renta- las retribuciones del sector privado no habían crecido nada y solo las del sector público mostraban un perfil creciente (ver gráfico).
La incapacidad del Gobierno para activar los resortes que permiten trasladar la aparentemente consolidada recuperación económica a las nóminas de los españoles aparece como el principal borrón de la gestión económica de los dos gobiernos de Mariano Rajoy, que, por otra parte, puede acreditar como logros el haber sostenido una economía que allá por 2012 amenazaba con irse a la quiebra y haber gestionado la explosiva situación del sector financiero doméstico con un rescate europeo limitado y un control de daños más que razonable.
No se le podrá afear que no lo haya intentado, sobre todo en los últimos meses. Desde el verano pasado, los mensajes del Gobierno a los agentes sociales para intentar propiciar un gran acuerdo de salarios que fijara un horizonte cierto de subidas para los próximos tres años no han cesado y el Ejecutivo ha hecho la parte que le correspondía acordando la subida hasta los 850 euros del Salario Mínimo de aquí a 2020 y cerrando un acuerdo con los sindicatos para subir los salarios de los funcionarios en torno a un 8% durante el próximo trienio.
Pequeño inventario de logros de Mariano Rajoy... según Mariano Rajoy
En el que pasará a la Historia como su discurso de despedida, este martes, ante el Comité Ejecutivo del Partido Popular, el ex presidente del Gobierno y en unas semanas ex presidente del PP quiso poner cifras a los logros de su Gobierno, comparando la España de hoy con la de 2011. Observada la realidad desde esa perspectiva, la economía española ha pasado en esos seis años de acumular un trienio de recesión (2009-2011) a un trienio de crecimientos por encima del 3% (2015-2017); de destruir más de medio millón de puestos de trabajo (2011) a crear cerca de medio millón (490.300, en 2017); de tener un déficit público del 9,6% del PIB a situarse por primera vez en una década en el entorno del 3%; de pagar un 5,5% por los títulos de deuda española a 10 años a retribuirlos un 1,5%.
"En 2011 España era un motivo de preocupación internacional, hoy la visión es exactamente la contraria de cuando nosotros llegamos", resumió Rajoy para glosar el éxito de su gestión económica. La última presentación a inversores del Tesoro Público, que desprende un inconfundible aroma a balance de Gobierno, lo resume en otras palabras: "Cuatro años consecutivos de crecimiento, cinco años consecutivos de superávit por cuenta corriente, una situación sin precedentes en la historia reciente de España".
El legado de las reformas estructurales
En este relato, la reforma laboral, la reforma del sector financiero, la reforma fiscal y el resto de reformas estructurales de menor intensidad implementadas por el Gobierno aparecen como los cimientos de esta nueva era económica de España. No se menciona, sin embargo, el factor que muchos analistas e incluso el Banco de España consideran más determinante en el desempeño económico y presupuestario de España en los últimos años: la expansiva política monetaria arbitrada desde el BCE, que ha permitido a España abordar sus facturas a un coste extraordinariamente reducido y que ha inundado de liquidez los mercados de inversión, permitiendo la entrada de importantes volúmenes de inversión extranjera en España.
La primera reforma abordada por el Gobierno, la reforma laboral, ha sido también la más controvertida. A lomos de las exigencias de los socios europeos, el Gobierno decretó la reforma del mercado de trabajo que los organismos internacionales llevaban pidiendo a España desde hace una década: reducción de los costes del despido, más flexibilidad para las empresas a la hora de adaptarse a los reveses del ciclo y menor peso de la negociación colectiva en la regulación de las relaciones laborales.
Aprobada en lo más duro de la crisis, la reforma laboral aceleró los ajustes de empleo de las empresas y desencadenó un potente rechazo social, pero convenció a analistas y organismos internacionales. Hoy, las voces que exigen su reversión total son cada vez menos, pero por contra se han puesto de manifiesto sus carencias a la hora de acabar con el principal problema del mercado laboral español: su escisión entre un núcleo duro de trabajadores con contrato fijo y una bolsa de cuatro o cinco millones de trabajadores temporales y, en bastantes casos, precarios.
La reforma del sistema financiero, cuestionada en España, es uno de los galardones de los que ha presumido el área económica del Ejecutivo durante todos estos años y, de hecho, fue uno de los principales argumentos que enarboló Luis de Guindos en la defensa de su candidatura a la Vicepresidencia del BCE ante el Parlamento Europeo.
El balance oficial que hace el Gobierno de la reforma del sector bancario en sus documentos a inversores es que se trató de un ajuste ambicioso, transparente - porque significó un importante reconocimiento de pérdidas-, que implicó una significativa reducción de tamaño, que mejoró la dotación de capital de las entidades y que, en resumen, se saldó con una completa reestructuración del sistema.
Los 'peros' están en los números. El sector financiero español ha conseguido proyectar una imagen de solvencia, pero el erario público sólo ha recuperado, según los datos de Eurostat, 5.900 millones de euros de los 59.000 millones de euros inyectados en la banca y la factura para los Presupuestos supera a estas alturas los 40.000 millones.
La tercera gran reforma fue la fiscal. El Gobierno se comprometió a bajar los impuestos a los españoles...y tardó casi una legislatura completa en hacerlo. Hasta 2015 no moduló el esquema tributario 'de guerra' implantado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Bajó el IRPF en 10.000 millones de euros, subió el tipo general de IVA del 16% al 21% por petición expresa de Europa y redujo los tipos del Impuesto de Sociedades del 30% al 25%, si bien después introdujo ajustes para incrementar la recaudación por este impuesto.
Las medidas no han servido para rebajar la presión fiscal en España, que ha subido dos puntos desde el año 2011 (del 31,9% al 33,9%), y tampoco ha cerrado la brecha en ingresos que separa a España de los principales países de Europa. Por el medio, una amnistía fiscal - declarada finalmente ilegal por el Tribunal Constitucional- que ha socavado la confianza en el sistema de contribuyentes y empleados de la Agencia Tributaria y una actitud más que beligerante hacia los contribuyentes que ha generado una tremenda conflictividad tributaria.
En otro plano, y de la mano del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el Gobierno de Rajoy ha conseguido disciplinar una gestión presupuestaria que en 2011 el Ejecutivo de Zapatero no fue capaz de controlar. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y las reglas de gasto implantadas desde Hacienda han reconducido las cuentas públicas españolas y, lo más importante, han acabado con el trampeo (facturas en el cajón, desplazamientos de partidas de un año para otro, utilización de organismos autónomos y del sector público empresarial para ocultar déficits presupuestarios) que se había instalado en la gestión pública.
El coste real de esta estrategia está por ver. Los mecanismos de liquidez habilitados desde el Estado han resuelto los impagos que sufrían cientos de miles de proveedores de las Administraciones Públicas Territoriales, pero han disparado la carga de deuda del Estado, que ahora se encuentran ante la tesitura de tener que reducir su endeudamiento para evitar que Bruselas mantenga el esquema de supervisión reforzada a España, pero ahora por la deuda pública.
Antes de Rajoy, el FMI, la OCDE o la Comisión Europea llamaban la atención a España por la perniciosa vinculación de los salarios al IPC y por la falta de flexibilidad de su mercado de trabajo; después de Rajoy los informes de los 'hombres de negro' inciden en la preocupante atonía de los salarios en España y en la necesidad de poner coto a la crecida de la temporalidad y del empleo a tiempo parcial en el país. Cambios.
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