Pedro Sánchez ha querido que una de las primeras imágenes de su Gobierno sea la tradicional foto con los representantes de sindicatos y empresarios en la mesa del diálogo social. Limitado por una representación parlamentaria minoritaria y con el reto de sacar el máximo partido a la 'minilegislatura' que le toca gobernar, el Ejecutivo de Sánchez es consciente de que buena parte del recorrido legislativo que pueda tener esta legislatura dependerá de su capacidad para obtener consensos en el diálogo social que luego pueda llevar con ese aval al ámbito parlamentario.
En ese esquema, la figura de la nueva titular de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, se antoja como clave en el manejo del diálogo social y en el mayor o menor éxito de la legislatura. Ella no ha tardado en delimitar las medidas del campo en el que se jugará este partido. De momento, el pasado miércoles no dudó en desactivar las pretensiones sindicales de una reversión completa de la reforma laboral y en dejar bien sentado que lo mucho o poco que se pueda hacer en el año y medio que queda por delante se hará, por necesidad y por virtud, con el acuerdo de sindicatos y empresarios y con el mayor consenso político posible.
"Ahora tenemos la responsabilidad de gobernar y somos muy conscientes de que tenemos que aplicar mayores dosis de pragmatismo", respondió cuando fue preguntada sobre las recurrentes declaraciones a favor de derogar la reforma laboral realizadas por dirigentes socialistas en el oposición. La llegada al Gobierno ha abierto una nueva etapa y en ésta las prioridades de la agenda social han cambiado, y se pueden resumir en las siguientes:
La ministra de Trabajo anunció esta semana que la constitución de un grupo de trabajo al efecto en el ámbito del diálogo social será el primer paso del diálogo tripartito entre sindicatos, empresarios y Gobierno, y avanzó que la vicepresidenta del Gobierno en primera persona, Carmen Calvo, participará de estas deliberaciones, un hecho con pocos precedentes en el diálogo social y que da una idea del valor simbólico que el Gobierno otorga al asunto.
La brecha salarial, prioridad absoluta. De todos los asuntos que Pedro Sánchez y Magdalena Valerio pusieron encima de la mesa en su primera reunión con los agentes sociales, hay uno subrayado en rojo y que constituirá la prioridad absoluta para los próximos meses: la lucha contra la discriminación laboral y salarial de la mujer. El Gobierno socialista quiere engancharse a las proposiciones de ley registradas en su día por el Grupo Socialista en el Congreso y que gozaron de un amplio respaldo parlamentario para activar un corpus legislativo más exigente en materia de igualdad.
Guerra abierta a los contratos ilegales. El equipo de Magdalena Valerio está convencido de que uno de los caminos más rectos para apuntalar el sistema público de pensiones es cerrar todas las grietas por las que se escapan potenciales ingresos en cotizaciones sociales.
Ello implica actuaciones de gestión, y en este sentido avanzó que el Ministerio realizará una gran auditoría del casi medio centenar de incentivos, bonificaciones y tarifas planas que se cargan a las cuentas de la Seguridad Social para separar el grano de la paja y desactivar todas aquellas que no cumplan los cometidos para los que fueron creadas, pero también poner coto a la economía sumergida.
El Gobierno socialista ya ha puesto sobre la mesa varias líneas de trabajo en este campo. Por el lado de los recursos disponibles, ha anunciado que reforzará los medios y los recursos humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el fin de iniciar una nueva ofensiva contra el empleo irregular, que pasa una factura superior a los 20.000 millones de euros anuales; también que, en línea con alguna actuación ya realizada en el pasado, tratará de tender puentes entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Agencia Tributaria para exprimir al máximo toda la información disponible sobre fraudes de todo tipo.
Valerio también entiende que hay que atacar este fenómeno utilizado el BOE, es decir, con medidas normativas, y aunque la debilidad parlamentaria del PSOE condiciona este canal, no es óbice para que haya dejado claros sus objetivos en este campo. Por un lado, acabar con la utilización irregular de las horas extra como mecanismo de flexibilidad laboral. El nuevo equipo del Ministerio está convencido de que la confusa regulación actual, en la que conviven conceptos como las horas complementarias, las horas voluntarias o las horas extra obligatorias, ha abierto zonas de sombra que son aprovechadas por las empresas para imponer horas extra a sus trabajadores de forma irregular. Y apelan a la realidad estadística que pone de manifiesto la EPA, que refleja que más de la mitad de las horas extra realizadas no se cobran.
Por otro, 'atacando' prácticas laborales irregulares muy consolidadas en determinados ámbitos. Tras su primera reunión con los sindicatos y los empresario, Magdalena Valerio puso en el punto de mira las presuntamente nuevas relaciones laborales vinculadas a las empresas de la economía digital: 'riders', conductores de VTC, etcétera. Y lo hizo desde su convencimiento de que en muchos casos hacen pasar por falsos autónomos vinculaciones laborales que deberían consignarse como contrataciones por cuenta ajena. La capacidad de maniobra real que tendrá el Gobierno para abordar este asunto tan complejo desde el ámbito regulatorio en los próximos meses está por ver.
Otra de las claves importantes pasa por mejorar el sistema español de formación. El diagnóstico del nuevo Gobierno socialista no se separa demasiado del realizado por el Gobierno del PP, que desde hace meses trabajaba con empresarios, sindicatos y otros actores de la sociedad civil para alumbrar un nuevo sistema de formación. ¿El reto? Conseguir una mayor integración de los diversos sistemas de formación que hay en España: la Formación Profesional reglada, que depende del Ministerio de Educación; las políticas activas para desempleados, que dependen de las comunidades autónomas; la formación para el empleo, gestionada desde el Estado, pero en la que CEOE aspira a tener un papel más relevante; y la FP dual, una especie de pasarela entre la formación reglada y el empleo por la que el Gobierno del PP apostaba abiertamente, pero que no convence tanto a los socialistas.
La reforma laboral socialista, para 2020
Entre las prioridades del Gobierno no aparece una reconfiguración profunda del mercado laboral. El Ministerio de Trabajo entiende que la situación parlamentaria de los socialistas no permita abordar un reto de esta magnitud y subraya que no tiene intención de abordar ninguna acción legislativa desde el Decreto Ley.
Eso no significa que en la hoja de ruta del Gobierno Sánchez no figure realizar una reforma del mercado de trabajo, pero se haría en todo caso previo paso por las urnas.
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