Un incremento del 25% en la plantilla de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de aquí a 2020, 30 millones de euros de esfuerzo presupuestario extra previsto para los ejercicios de 2019 y 2020 y dos planes de choque que empezarán a operar desde ya para luchar contra la utilización fraudulenta de los contratos temporales y de los contratos a tiempo parcial -en los que ya estaba trabajando el Ejecutivo anterior, por cierto-. Estos son los cimientos del que finalmente se denominará Plan Director por el Empleo Digno.
Y es que la cuestión terminológica no ha sido menor. La intención inicial del Gobierno era 'vender' su iniciativa de lucha contra el fraude laboral como Plan Director contra la Explotación Laboral... hasta que inició los contactos con los agentes sociales. Según fuentes conocedoras del proceso, CEOE puso el grito en el cielo y recordó a Valerio que denominar el plan de tal modo implicaba incluir a España en el reducido grupo de países en los que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que persiste la explotación laboral, por la existencia de situaciones casi de esclavitud en Asia y África, fundamentalmente.
El nombre no fue la única queja del ala empresarial, nada conforme con el tono de la redacción del plan que parecía dibujar un escenario de fraude laboral generalizado por parte de las empresas. La argumentación de la patronal, no obstante, debió convencer a la ministra de Trabajo, que en sus sucesivas comparecencias públicas pasó a hablar de 'Plan Director por el Empleo Decente', una nomenclatura que aunque no terminaba de convencer a todos ya no incluía la explotación laboral en su formulación.
Aún quedaba un último e inesperado giro que se produjo escasas horas antes de la presentación del plan en Consejo de Ministros. La última versión del mismo que recibieron los agentes sociales, según confirman fuentes de éstos, incluía un encabezado diferente, 'Plan Director por el Empleo Digno', que ha sido el que finalmente se ha aprobado.
Objetivo: la temporalidad y los falsos autónomos
Poco concretó la ministra en relación con las disposiciones específicas que implicará el plan. Señaló que incluiría 75 medidas y que las líneas básicas de trabajo serían la lucha contra la temporalidad, la contratación fraudulenta a tiempo parcial, la discriminación en todas sus manifestaciones, el ataque al auge de los falsos autónomos y también la lucha contra las falsas cooperativas. ¿Cómo? Habrá que esperar a la publicación de la versión definitiva del plan.
Lo que sí se sabe es que la intención del Gobierno es incrementar en 833 personas la plantilla de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo que implicaría un aumento del 25% de la dotación de recursos humanos del organismo, y una inversión extra de 30 millones de euros.
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