Madrid, 11 may.- Cuatro exdirectivos de Nueva Rumasa, entre ellos el exabogado de la familia durante 27 años y el exgerente del Rayo Vallecano han presentado una querella contra José María Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones por un presunto fraude fiscal que puede superar los 263 millones de euros.
La querella, a la que ha tenido acceso Efeagro, se encuentra admitida a trámite en el Juzgado de instrucción 4 de la Audiencia Nacional, y también se dirige contra Manuel Sánchez Marín, que gestionaba uno de los despachos del grupo.
Por su parte, José María Ruiz-Mateos hijo ha asegurado en declaraciones a Efeagro que es falso lo que asegura el exabogado de la familia Joaquín Yvancos, y que "estamos tranquilos, porque tenemos la conciencia tranquila de haber actuado siempre con plena legalidad".
Ha subrayado que "si hay alguna anomalía desde el punto de vista fiscal, el que deberá responder es Yvancos, porque para ello era el máximo y único responsable de toda la asesoría jurídica, fiscal y mercantil del grupo".
"Entendemos que está tratando de hacer un argucia procesal con la intención de acumular todos los procedimientos en los cuales él está como imputado en la gran mayoría. Lo que trata de hacer es acumular para ir como testigo protegido e 'irse de rositas'", ha asegurado.
Ha matizado que "él tendrá que decir por qué lo hizo y cómo, porque nosotros no tenemos constancia".
El exabogado de Nueva Rumasa, Joaquín Yvancos, el exgerente del equipo de fútbol del Rayo Vallecano, Jesús Fraile, el responsable de reestructuración de empresas del grupo, Félix Uceda, y el director de informática, Sergio Ortiz, han presentado esta querella.
En ésta, piden que se inhiban todos los juzgados de instrucción que actualmente tramitan en España distintos procedimientos por delito fiscal en relación a empresas de Nueva Rumasa y en los que están imputados algunos exdirectivos de este grupo.
Sólo Joaquín Yvancos, que además firma la querella como abogado, está imputado en once de los numerosos procedimientos contra Nueva Rumasa que se encuentran en los distintos juzgados españoles.
Según los querellados, los importes tributarios defraudados, ocultados o eludidos a Hacienda, superan los 143 millones hasta abril de 2006, a cuya cifra habría que añadir el volumen de cantidades impagadas a Hacienda desde 2006, que "pueden superar los 120 millones".
Como medidas cautelares, piden la detención y prisión provisional eludible tras la presentación de la fianza de 290 millones.
Los exdirectivos explican que los Ruiz-Mateos operaban bajo "un plan preconcebido o forma diseñada de actuar", y aseguran que puede ser "uno de los supuestos de defraudación a la Hacienda Pública del Estado Español más importante de todos los tiempos".
Unas conductas que -afirman en su querella- se han llevado a acabo "de modo intencionado, consciente, e incluso doloso", con el objetivo primordial eludir el pago de impuestos e incumplir con las obligaciones tributarias ante Hacienda, motivo por el que han empleado diversos modos para eludir el pago de impuestos.
Entre ellos, la querella menciona la revalorización artificial de activos a través de procesos para diferir el pago del precio de la compraventa de inmuebles adquiridos y de sucesivas transmisiones del mismo activo para obtener desgravaciones por la adquisición.
Alude también a una práctica utilizada en los primeros años de Nueva Rumasa, heredada de la antigua Rumasa, que consistía en correr la coma a la izquierda en las cantidades a ingresar a Hacienda, de forma que, si se producía una inspección, "poder alegar entonces que era una mera confusión".
La falsificación de facturas de "forma sistemática y predeterminada" para eludir el pago de impuestos y para disfrazar el verdadero hecho tributario -compensar partidas de IVA o falsear las cuentas anuales simulando más pérdidas o ganancias, según interesase- son otra de las practicas que relata la querella.
Además, menciona la existencia de operaciones "fuelle" diseñadas "específicamente para el Banco Santander y Banesto, con lo que existían líneas de descuento de papel y facturas elevadísimas".
Los exdirectivos de Nueva Rumasa también explican la existencia de una falsificación sistemática de facturas de grandes compañías como El Corte Inglés o Mercadona.
Otra de las actuaciones que refieren es la "emisión sistemática y frecuente de letras de cambio o contratos de préstamo al portador para canalizar una financiación en dinero denominado "B".
Esta fórmula permitiría eludir cómodamente el pago de los impuestos correspondientes y, de hecho, los querellantes estiman que el saldo impagado supere los 170 millones de euros.
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