Elecciones el 23 de julio, constitución de las Cortes el 17 de agosto y formación del nuevo Gobierno prevista para principios o mediados de septiembre, siempre que exista una mayoría suficiente y no se produzca un bloqueo institucional similar al que tuvo lugar tras las generales del 20 de diciembre de 2015 -que obligó a convocar anticipadas el 26 de junio de 2016, apenas seis meses y seis días después-. En medio de un calendario que da poco margen para vacilaciones, España se juega recibir luz verde de la Comisión Europea a su adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el documento que actualiza el citado plan y del que dependen 7.700 millones de euros en transferencias a fondo perdido y 84.000 de préstamos en condiciones ventajosas de los fondos NextGenerationEU.
Lo apurado de las fechas apenas da un margen de un mes -mes y medio en el mejor de los casos- al nuevo Ejecutivo que salga de las urnas para poder aprobar cualquier modificación en el paquete de reformas e inversiones incluidas en ese texto y pactarlas con Bruselas. El motivo es que esas modificaciones en la orientación de las políticas o reformas solo puede producirse durante el periodo de evaluación (cualquier cambio que se produzca después no puede ser de calado.
En concreto, la Comisión Europea tiene dos meses para evaluar el documento de 192 páginas que le fue remitido el miércoles (tendría de plazo así hasta finales de agosto como pronto), antes de que la adenda pase al Consejo Europeo, que está integrado por los veintisiete jefes de Estado o de Gobierno, la presidenta de la Comisión y el propio presidente del Consejo, y que contará con otro mes adicional para poder darle el visto bueno.
El texto incluye 18 reformas nuevas, aunque de menor calado que las que incorporaba el plan inicial y que, de hecho, ya se han ido aprobando los últimos meses a través de reales-decretos, leyes u otras normativas. Las reformas se ciñen a ámbitos como la autonomía energética y la agroalimentaria (ambas motivadas por el impacto de la invasión rusa de Ucrania en las economías europeas), así como por las autonomías industrial, tecnológica, digital o en el refuerzo del capital productivo.
España debe garantizar una capacidad administrativa suficiente
El Gobierno optó por enviar la adenda a las autoridades comunitarias esta misma semana y por no agotar, con ello, el plazo del 31 de agosto con el que contaba para ello. De haberlo hecho, el nuevo Ejecutivo habría podido pronunciarse sobre las reformas e inversiones que contempla el plan, pero habría contado con escaso margen de maniobra. "No era realista pensar que se pudiera iniciar un trabajo nuevo después de las elecciones", apuntaba la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, tras la aprobación del texto en el Consejo de Ministros del pasado martes.
Desde Bruselas el mensaje que se lanza es que España "debería garantizar una capacidad administrativa suficiente para asegurarse de que el plan se aplica a tiempo", y se llama, además, al país a que mantenga el impulso en la aplicación de todo el paquete de reformas. El trabajo que se ha venido realizando para sacar adelante la adenda habla por sí solo. Según fuentes del Gobierno, ha sido negociación muy intensa, de muchos meses, en los que han tenido lugar más de cincuenta reuniones con responsables de la Comisión Europea y se han intercambiado más de 750 documentos.
Debido a la crisis energética y a las consecuencias de la guerra en Ucrania se ha producido un ajuste de algunos hitos y objetivos comprometidos, que es una posibilidad por la que también han optado países como Alemania, Luxemburgo, Estonia o Portugal, entre otros, acogiéndose al artículo 21 del reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Era el modo de adecuarlos a la nueva realidad, al aumento de costes que han traído consigo las sacudidas energética e inflacionaria o al encarecimiento de las materias primas.
Calviño descarta una valoración de la adenda antes de 2 meses
Desde la capital comunitaria, la propia Calviño descartaba que el Gobierno vaya a poder contar con una valoración de la adenda por parte de la Comisión Europea "en menos de dos meses". El PP ha solicitado a Bruselas que espere al resultado del 23-J para pronunciarse al respecto. La 'número dos' del Ejecutivo recordaba, de hecho, que ni la evaluación del propio Plan de Recuperación -que se remitió a la Comisión en abril de 2021- ni las solicitudes de los tres desembolsos que España ha percibido hasta la fecha por valor de 37.000 millones se han producido en menos de dos meses. Con todo, ese periodo sí podría ampliarse si fuese necesario.
En una carta remitida este miércoles al Ministerio de Asuntos Económicos, los candidatos a las autonómicas del PP y los consejeros de Hacienda de aquellas comunidades en las que gobiernan, piden a la vicepresidenta primera un periodo de negociación y critican la "falta de transparencia" del Gobierno en el diseño de la adenda. En la misiva, los populares aseguran que quieren evitar "asumir obligaciones que puedan conducir a la repetición de errores que ya se han producido en el pasado".
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