La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves en los pasillos del Congreso que "el Gobierno está trabajando" en la posibilidad de aprobar un nuevo impuesto temporal para las grandes fortunas, en línea con la propuesta de su socio de coalición Unidas Podemos y que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2023. A falta de conocer más detalles sobre cómo se implementaría dicho tributo, la titular de Hacienda sí ha desvelado algunas claves que pueden dar idea del número de contribuyentes que se verían afectados por una medida de este tipo.
En una intervención en directo en el programa 'Al rojo vivo' de La Sexta y preguntada por la definición de "ricos" que el Gobierno tendría en cuenta a la hora de diseñarlo, Montero ha dejado claro que se está hablando de "millonarios", de forma que la población a la que afectaría esta medida no superará al 1% del total. De acuerdo con la 'Estadística de los declarantes del IRPF' que hace pública de forma anual la Agencia Tributaria (AEAT) y con datos hasta 2020, en España hay un total de 11.113 contribuyentes que declaran unos ingresos totales imputables de más de 601.000 euros al año. Estos contribuyentes apenas suponen un 0,05% del total de declarantes, que suman en España un total de 21.638.795.
En nuestro país el grueso de los contribuyentes se sitúa, de hecho, en los cinco tramos de ingresos que van de los 1.500 a los 60.000 euros, puesto que ese grupo tan heterogéneo engloba a un total de 17,748 millones de declarantes, el 82% del total. Los datos de que dispone la Agencia Tributaria muestran como el grupo más numeroso en volumen es el de contribuyentes que declaran unos ingresos totales entre 12.000 y 21.000 euros (son 4,325 millones de ciudadanos que representan al 19,99% del total), seguidos de los que ingresan entre 30.000 y 60.000 euros al año, que suman 4,085 millones de españoles, es decir, un 18,88% de los declarantes.
La propia Montero ha incidido este jueves en que "hay que dejar que los técnicos trabajen" a la hora de diseñar el nuevo impuesto, si bien ha querido incidir en que éste será temporal, al igual que otros que ya ha aprobado el Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania y de la crisis energético, como los gravámenes a las energéticas y la banca -que se mantendrán en vigor por dos años-. No ha desvelado la titular de Hacienda, sin embargo, si la nueva figura se incluirá en los Presupuestos de 2023. Este impuesto sería diferente del tan traído y llevado estos días impuesto de patrimonio, cedido a las comunidades autónomas y que grava actualmente los patrimonios por encima de 700.000 euros -excluidos 300.000 euros de vivienda habitual. Andalucía y Murcia ya han anunciado su intención de sumarse a Madrid y de bonificarlo en su totalidad.
El debate sobre la armonización y las previsiones económicas
Estos días ha vuelto a surgir el debate sobre una posible armonización fiscal en España a raíz de la batalla en la que se han enfrascado varias autonomías para reducir o eliminar en la práctica (bonificando en su totalidad) algunos de los tributos sobre los que tienen poder de decisión y a raíz, también, de unas declaraciones recientes del Ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Estos anuncios se producen a las puertas de un año electoral en el que tocará votar en mayo en buena parte de las comunidades (en todas salvo en las históricas) y en el que se celebrarán además las generales a finales de año, cuando culmina la actual legislatura.
El pleno del Congreso debate y vota este jueves si se dan las circunstancias para mantener suspendidos los objetivos de déficit, como defiende el Gobierno, que es el paso previo para la presentación de los Presupuestos de 2023. Se da el hecho de que la propia Comisión Europea ha decidido mantener suspendidas las reglas fiscales (topes de deuda y déficit) para que los Veintisiete tengan margen de maniobra en medio de la actual coyuntura de incertidumbre y puedan aprobar las medidas necesarias con las que capear el fuerte frenazo económico que prevé Bruselas, pero también el Banco Central Europeo y organizaciones internacionales como la OCDE. Las perspectivas que arrojan otros servicios públicos privados no son más halagüeñas. Este jueves, Deutsche Bank ha advertido de que la zona euro afronta una previsible caída del PIB del 3% hasta el verano de 2023.
En relación a este asunto y, también durante su entrevista televisiva, Montero ha hecho hincapié en que los indicadores económicos disponibles actualmente no reflejan que España vaya a entrar en recesión. Eso sí, ha incidido en que el Gobierno seguirá "alerta" y atento al contexto actual. "En el horizonte no se aprecia recesión, pero seguimos alerta", ha asegurado, a la vez que recordaba que organismos nacionales e internacionales calculan un alza del PIB en el torno del 4% para nuestro país este ejercicio, una tasa que multiplica por cuatro la estimada de media para la OCDE y que supera la de países como Italia, Alemania o Francia.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios