El número dos de Calviño niega que vaya a crecer la presión fiscal a las empresas

"No veo ni más presión fiscal (a las empresas) ni más presión salarial en el horizonte". El recién nombrado secretario de Estado de Economía y Empresa del Gobierno, Gonzalo García Andrés, ha rechazado este miércoles con estas palabras que la anunciada reforma del Impuesto de Sociedades o las exigencias sindicales de mayores incrementos salariales en la negociación colectiva en un contexto de inflación creciente vayan a condicionar la capacidad de inversión de las empresas en los próximos meses y ha confiado en que el impulso de la recuperación económica y las favorables condiciones financieras permitan al sector privado acompañar a las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la medida en que el Gobierno espera: aportando cuatro euros por cada euro procedente de Europa que se invierta en España en los próximos tres años.

El plan que el Gobierno ha remitido a Bruselas sí incluye entre los impuestos a revisar el Impuesto de Sociedades y su cuadro macro también se sostiene sobre un incremento de la remuneración de los asalariados, pero el sustituto de Ana de la Cueva descarta que vayan a ser un factor relevante a medio plazo. En su debut público como secretario de Estado, que ha tenido lugar en un acto sobre el Plan de Recuperación organizado por el 'think tank' Funcas, Gonzalo García Andrés ha recuperado también para el relato oficial del Gobierno el vínculo entre las subidas de los salarios y la productividad, que desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa se había aparcado en buena medida al calor de un discurso más volcado hacia la lucha contra la precariedad salarial presuntamente impuesta por la reforma laboral del PP y las subidas del Salario Mínimo Interprofesional.

El nuevo número dos de Calviño ha señalado este miércoles que uno de los grandes desafíos del Gobierno es romper esa espiral en virtud de la cual la creación de empleo en España es incompatible con un incremento en paralelo de la productividad, "que debe ser la base para que los salarios y las rentas crezcan en España", ha subrayado.

Acelerar la ejecución de las ayudas directas

Pero antes de abordar el despliegue de los fondos europeos y el abordaje de las reformas estructurales que deberán incrementar la productividad del tejido productivo español y mejorar su crecimiento potencial hasta conseguir ese objetivo de impulsar en dos puntos adicionales el crecimiento en los próximos tres años y generar 800.000 nuevos puestos de trabajo, Gonzalo García Andrés ha considerado necesario agilizar la aplicación urgente de los 7.000 millones de euros en ayudas directas que el Gobierno aprobó hace ya más de un mes y cuya aplicación efectiva todavía no se ha iniciado. De hecho, hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda ni siquiera ha sido capaz de firmar los convenios que deben dar soporte a la distribución de estas ayudas con todas las comunidades autónomas de régimen común, ya que todavía hay tres que no han firmado.

Y entre las que han firmado también se están percibiendo algunos problemas de operatividad, como ha denunciado este miércoles el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha acusado al Ministerio de Hacienda de incumplir el plazo de una semana que se autoimpuso para chequear las solicitudes de información que le llegaran desde las comunidades autónomas sobre la situación de solvencia de las empresas que hubieran solicitado las ayudas. No hay que olvidar que la regulación de las ayudas está orientada a evitar que esos recursos acaben en empresas insolventes o cuya situación ya era complicada antes de la crisis del coronavirus y que el Gobierno ha decidido hacer descansar la responsabilidad de que eso no suceda en los gobiernos autonómicos, receptores de los fondos.

La economía española ya ha entrado en recuperación

García Andrés ha considerado la distribución efectiva y rápida de estas compensaciones a las empresas afectadas por la crisis como un elemento crítico no sólo para aliviar su situación de sobreendeudamiento sino también para garantizar que llegan a la recuperación en la mejor de las disposiciones para engancharse al crecimiento económico. El nuevo secretario de Estado de Economía ha asegurado que tras la recaída del primer trimestre del año la información adelantada que está llegando a la Dirección General de Análisis Macro del Ministerio apunta a que la recuperación de la economía ya se habría iniciado en el mes de abril y se estaría acelerando en mayo, con el horizonte ya definido por la vicepresidenta Calviño de que Espara recupere el nivel de PIB anterior a la crisis a finales de 2022 y recupere las tasas de crecimiento anteriores a la pandemia ya en 2023.

Será entonces, ha avanzado García Andrés, cuando el Gobierno ponga sobre la mesa su plan para devolver las cuentas públicas a una situación de sostenibilidad. El número dos de Nadia Calviño ha admitido que la crisis ha llevado la deuda y el déficit público a niveles muy elevados, "pero era la respuesta económica más inteligente a la crisis", y que la intención del Gobierno es regresar al objetivo de la estabilidad presupuestaria en cuanto la situación económica lo permita "y no porque nos lo diga Bruselas". También ha esperado que cuando España se tenga que poner manos a la obra lo haga con unas reglas fiscales diferentes en la Unión Europea.