El grupo de expertos fiscales que creó el Ministerio de Hacienda el pasado mes de abril trabaja a destajo para tener listo el último día del próximo mes de febrero las bases de una reforma de impuestos para la que hay tenido una sola indicación por parte del Ejecutivo: que ninguna de las medidas que se recomienden suponga una pérdida de recaudación sobre los niveles actuales, incluidos los nuevos impuestos sobre las tecnológica y las transacciones financieras. Esa es la máxima que manejan los expertos y que ha trascendido a su entorno con una indicación adicional por si no quedaba claro: si se pretende bajar cualquier impuesto, hay que proponer la alternativa que permita recuperar el dinero que se deje de recaudar.
Los Presupuestos aprobados para este año marcaban una recaudación de impuestos cercana al medio billón de euros (494.000 millones), que según las previsiones marcadas en el techo de gasto se prevén incrementar en un 4,6% el año que viene, un porcentaje que no será complicado de lograr si tenemos en cuenta que los datos de la ejecución presupuestaria del primer semestre del año apuntan a un ritmo casi cinco veces superior a ese en la recaudación, avalado sobre todo por la vuelta a la normalidad en la actividad económica a pesar de las olas cuarta y quinta del virus.
Más allá de las puras cifras comparadas que pueden dar lugar a equívocos si tenemos en cuenta de dónde venimos, que la economía está dopada con la llegada de los fondos de la UE y hay permiso comunitario para excederse en el déficit (este año previsto en el 8,4% y que debe bajar al 5% en 2022), detrás de las recomendaciones a los expertos para que los ingresos tributarios no decaigan hay una explicación lógica que no deja tranquilos a los principales asesores fiscales consultados: la subida de impuestos para las empresas está servida dentro de dos años por la pura necesidad de dinero que tendrá el Estado cuando se acaben los incentivos de la UE y haya que afrontar un gasto público exagerado sin opciones de endeudarse.
Es más, los expertos han advertido hace tiempo que se cerrará el año en el entorno del 130% de Deuda Pública sobre PIB, un nivel que hace a España muy sensible ante cualquier subida de tipos que se genere con una inflación al alza por los precios energéticos, el auge del consumo doméstico y los crecimientos económicos altos de este año y el que viene. “El gasto en pensiones se va a colocar entre 3 y 4 puntos de PIB y el desempleo no estará por debajo de un punto y medio, dos costes que van a generar una necesidad de recaudación mucho mayor que la que había antes de la pandemia”, señala un analista cercano al Ejecutivo, para advertir que “si el BCE se retira de la primera línea de batalla comprando deuda y con los tipos bajos, las cosas se van a complicar mucho”.
Lo que esconden las medidas contra el fraude
Aparte de la técnica de negociación presupuestaria, la directriz de que no se propone un recorte de ingresos públicos sin una alternativa de entrada por otro concepto que ahora tiene in mente María Jesús Montero, ya la utilizó en la década de los ochenta Josep Borrell en su etapa como secretario de Estado de Hacienda, recuerdan fuentes académicas expertas en Derecho Financiero y Tributario. Un grupo de expertos prepara en estos momentos un libro técnico para analizar el otro gran vector con el que cuenta el Gobierno para su reforma fiscal y que ya está en marcha: la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, una norma que se publicó el pasado 10 de julio en el BOE y cuyo potencial para aumentar la recaudación -advierten- es mayor de lo que parece.
El propio Ministerio de Hacienda ponía esa norma como un hito en las actuaciones de este semestre, algo que secundan los expertos consultados porque entienden que en sus modificaciones, sobre todo en el extenso artículo 1, se encierra la base legal para elevar el Impuesto de Sociedades a las empresas a no menos del 15% del tipo efectivo medio, tal y como ha recomendado la OCDE y el G-20. La clave en este caso está en que esa norma habilita a los expertos de Hacienda a plantear en su ‘libro blanco’ de febrero que viene un recorte drástico de las actuales bonificaciones de ese tributo, que pasarían por reducir en todo lo posible la doble imposición internacional y retirar el uso de créditos fiscales (pérdidas de años anteriores que se descuentan de la base imponible del tributo) a la hora de calcular la cuota. “Colocar en el 15% ese tipo efectivo es casi duplicar el que ahora existe, y eso es una subida encubierta del tributo que llegará”, asegura uno de los autores de la publicación, que todavía está en borrador.
La norma se basa en la adaptación de la directiva europea sobre elusión fiscal y en su preámbulo ya advierte que “es necesario garantizar el pago del impuesto allí donde se generen los beneficios y el valor, reforzar el nivel medio de protección contra la planificación fiscal abusiva y establecer normas contra la erosión de las bases imponibles en el mercado interior y el traslado de beneficios fuera del mismo”. Para empezar la reforma, ya se ha recortado en 5 puntos la exención por los dividendos de las filiales en el exterior, una medida sobre la que se llevaba hablando mucho tiempo y que las empresas tenían descontada, advierten los asesores fiscales de las grandes corporaciones. Pero la previsión que se maneja a la vista de la nueva norma contra el fraude fiscal en los departamentos jurídicos de las empresas es que los reglamentos que hay que cambiar ahora para adaptar la norma, establecerán límites concretos a las ventajas que existen a la hora de tributar por Sociedades para las empresas residentes en España con filiales en el exterior, en el caso de los establecimientos permanentes en otros mercados, y por las participaciones de empresas españolas fuera del país.
Esos ajustes microeconómicos, que los fiscalistas consultados centran en las empresas del Ibex 35, marcarán las recomendaciones de los expertos más allá de otros efectos “colaterales” en materia de IVA, paraísos fiscales, amnistías o impuestos especiales, porque es donde estará el grueso del hachazo fiscal que viene cuando termine la legislatura. Mientras las empresas esperan, el Gobierno ha aplazado hasta 2023 cualquier revisión de impuestos y cuenta con el escollo a salvar de la armonización fiscal entre autonomías, algo que se centrara en la batalla por eliminar las ventajas fiscales de Madrid en Patrimonio y, junto con otras autonomías, en Sucesiones y Donaciones.
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