Municipios con muchos más vehículos que habitantes o piscinas que no aparecen en los registros catastrales. Estos son los ejemplos más habituales del fraude fiscal que sufren los ayuntamientos españoles y que ponen de manifiesto desde la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) para señalar que el fraude es un problema para todos los niveles de recaudación pública, también en el ámbito local. Los inspectores denuncian que los recursos que destinan los consistorios para atajar estas prácticas son, normalmente, escasos, pero alertan de que podrían evitarse delitos fiscales si se reforzara esta labor.
En el caso del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), los inspectores señalan que son los contribuyentes los que deberían comunicar las alteraciones que se producen en las viviendas, pero en muchas ocasiones no lo hacen. Por ejemplo, la instalación de piscinas o la elevación de una planta en viviendas unifamiliares. Estas modificaciones, "si no se declaran, son una pérdida de ingresos", subrayan los inspectores. Además, ponen como ejemplo una campaña lanzada por el Ministerio de Hacienda para detectar a través de imágenes captadas por drones estas construcciones no declaradas.
Aunque los datos que se tienen en cuenta para la liquidación del IBI salen del registro catastral, los inspectores apuntan que no cuentan con el apoyo del mismo para actualizar los datos. El motivo es que el interés del catastro es "registral", pero no tiene un "objetivo económico" como puede tener la inspección tributaria de cada localidad. En la misma línea, critican que la Agencia Tributaria "no pone mucho interés" en las declaraciones del impuesto sobre actividades económicas (IAE) y asegura que se dan por válidas algunas en las que, tras realizar comprobaciones, se observan irregularidades.
El fraude, indican desde la ANIHPL, también se puede producir a través del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Los inspectores aseguran que se producen casos en los que una persona con minusvalía, y por lo tanto exento de pagar este impuesto, fallece y la familia no lo comunica para seguir disfrutando de la exención del tributo. La labor de los inspectores es descubrir estas irregularidades. En otro caso, destacan que a nivel local "también existen paraíso fiscales" y destacan municipios en los que "pese a haber un centenar de habitantes acumulan decenas de miles de vehículos".
Un estudio reciente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) destacaba algunos de estos municipios que actúan como "paraísos fiscales" para residentes de otras localidades. En Madrid, Rozas de Puerto Real tiene 555 habitantes y 29.897 turismos registrados, lo que da una media de más de 36 vehículos por residente. En la provincia de Barcelona, Aguilar de Segarra cuenta con 10.321 turismos y sus vecinos son 282. En Castellón hay otro caso llamativo: en Sarratella hay 95 habitantes y tienen 10.016 vehículos. Detrás de estas localizaciones se esconden tarifas más bajas para el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Por último, los inspectores apuntan a la dificultad para comprobar liquidaciones del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, sobre todo porque la mayoría de estos cambios se producen en el interior de los domicilios, lo que hace prácticamente imposible su comprobación por parte de la inspección.
Más allá de criticar que las haciendas locales sean las "grandes olvidadas" en aspectos como la reforma fiscal, ANIHPL destaca que los esquemas tributarios que se aplican a nivel municipal son de mediados del siglo XIX. Además, protestan por la "tutela estatal" que consideran persiste en ciertos tributos. Como ejemplos, apuntan a la dependencia del Registro catastral para el impuesto sobre bienes inmuebles o los datos de las direcciones provinciales de tráfico para el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Consideran que esta "tutela" condiciona la labor de la inspección y también la gestión tributaria municipal.
Ante un modelo que consideran "desigual", en el que algunos ayuntamientos destinan más recursos que otros a la inspección tributaria, los inspectores consideran que sería necesario reforzar este ámbito en todos los consistorios. No obstante, por el momento carecen de un cálculo de cuántas personas desarrollan esta labor en la administración local y de cuántas personas más serían necesarias para abordar las fisuras que provocan situaciones de fraude fiscal como las comentadas.
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