El personal a sueldo de las Administraciones Públicas alcanzó su máximo histórico en 2010, en medio de la peor crisis económica en 70 años. Ese año el número de efectivos del sector público se situó al filo de los 2,7 millones -2.698.628, en concreto-, tras haber sumado 300.000 nuevos empleados durante el primer embate de la crisis (periodo 2007-2010). En ese momento el número de funcionarios de carrera era de 1.618.474. El tijeretazo sobre la plantilla del sector público no llegó hasta el año 2012 y se prolongó casi un lustro, hasta 2016, durante el que el número de empleados públicos se redujo en cerca de 180.000. Al compás de la recuperación, la plantilla del sector público ha recuperado en los últimos tres años 60.000 de los 180.000 puestos de trabajo perdidos tras la crisis, sin embargo el número de funcionarios no ha dejado de caer...
Los últimos datos del Registro Central de Personal de las Administraciones Públicas (AAPP) revelan que la recuperación del empleo público en los últimos tres años se ha sustentado en la incorporación de personal laboral pero sobre todo en lo que el registro gubernamental define como 'Otro Personal', una suerte de cajón de sastre en el que se contabilizan el personal eventual -el personal de libre designación-, los temporales con relaciones laborales de menos de seis meses con la Administración y los interinos, al margen de otras situaciones más marginales que no cuadran ni en la condición de funcionario ni de personal laboral.
Lo que dicen los datos es que mientras la nómina de personal al servicio de las Administraciones Públicas se ha ensanchado en 59.108 personas desde 2016 hasta enero de 2019, el número de funcionarios de carrera se ha reducido en el mismo periodo en 69.631 personas. En otras palabras, hay casi 60.000 empleados públicos más que hace tres años, pero hay cerca de 70.000 funcionarios menos. ¿Cómo es posible? Según los sindicatos, la explicación hay que buscarla en la tasa de reposición de vacantes implantada en 2010 por el Gobierno de Zapatero y aplicada de forma estricta a partir de 2012 como política de contención del gasto.
La tasa de reposición, que lo que hace básicamente es restringir el número de bajas de funcionarios que pueden ser cubiertas vía oferta de empleo público, ha servido para ahorrar decenas de millones de euros en costes de personal, pero también ha adelgazado hasta el extremo las ofertas públicas de empleo y ha llevado a determinadas unidades de la Administración a una situación cercana a la inoperancia. La Administración Central ha tenido que convivir de mala manera con esa situación, pero las Administraciones autonómicas y locales que gestionan servicios de primera necesidad como la sanidad, la educación o los servicios sociales han optado por encontrar 'soluciones' al asunto.
La incorporación del personal laboral han sido una de ellas -13.000 laborales más en apenas tres años dan cuenta de ello-, pero la utilización de personal interino ha sido la utilizada de forma más masiva, especialmente en sanidad y en educación, a pesar de las restricciones al uso de esta figura por parte de Bruselas y los tribunales domésticos.
La Administración del Estado cae a su mínimo histórico
Oficinas de empleo con galopantes déficit de personal, sucursales territoriales del INSS con un solo trabajador, la operativa de la tasa de reposición de vacantes -todavía activa a día de hoy- ha adelgazado la Administración General del Estado (AGE) hasta límites casi insostenibles, según los sindicatos, que en la última negociación presupuestaria ya exigieron al Gobierno la supresión de esta tasa de reposición para "salvar los servicios públicos de calidad". Los datos del Registro Central de Personal muestran que en enero de 2019 la plantilla de la Administración General del Estado cayó a su mínimo en una serie histórica que alcanza las dos últimas décadas, situándose por primera vez en la historia por debajo de los 200.000 efectivos.
Bajo las grandes cifras asoman también algunos fenómenos singulares. Como el crecimiento del segmento de funcionarios de élite de la Administración, los conocidos como 'nivel 30', en un contexto de repliegue generalizado del número de funcionarios en el ámbito del Estado, o el repunte de los funcionarios jóvenes de nuevo cuño. La recuperación de las ofertas de empleo público ha permitido el ingreso de nuevos jóvenes en la Administración y en los últimos tres años la cifra de funcionarios menores de 30 años al servicio del Estado casi se ha duplicado de 1.200 a 2.000.
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