"Si bien la medida sirvió de apoyo a los trabajadores durante la fase de confinamiento, las limitaciones estrictas a los despidos pueden, cuando se combinan con la generosidad de los ERTE, inhibir los procesos de reestructuración de las empresas y ralentizar la recuperación". El informe sobre España de la OCDE ha puesto en el objetivo uno de los dispositivos más emblemáticos del llamado 'escudo social', que el Gobierno habilitó en los primeros compases de la pandemia y que desde marzo del año pasado ha consolidado en la normativa española un elemento impensable hace apenas un puñado de meses: la prohibición legal de que las empresas puedan justificar por la situación generada por la Covid-19 la decisión de ajustar sus plantillas y despedir a trabajadores.
La maniobra auspiciada por la entonces ministra de Trabajo y hoy ya vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, para impedir que la suspensión de buena parte de la actividad económica para luchar contra la pandemia desembocara en un torrente de despidos de trabajadores por parte de las empresas se basaba en canalizar todas esas situaciones a través de los ERTE, de modo que el erario público amortiguara el golpe de la situación sobre los costes laborales de las empresas y éstas no tuvieran argumento alguno para prescindir de sus trabajadores.
El esquema estaba blindado. Las empresas que intentaron pasar el trago sin recurrir a un ERTE no pudieron acogerse al repentino desplome de sus ingresos para ajustar sus plantillas y a las que buscaron el amparo de los ERTE se les hizo firmar una cláusula por la que se comprometían a no despedir ningún trabajador en los seis meses siguientes a la finalización del esquema, so pena de perder todas las exoneraciones recibidas por la empresa, no sólo las correspondientes a las del trabajador o trabajadores despedidos. El sistema no sólo ha llegado hasta hoy, sino que ayer se prorrogó de forma oficial hasta el próximo 30 de septiembre.
La OCDE considera esa prórroga un error. En su informe advierte de que las restricciones al despido no deberían prolongarse por más tiempo y que debería ser sustituidas por un esquema de protección más orientado a los trabajadores en una situación más vulnerable. Consideran, además, que la situación es aún más grave en el caso de la prohibición a despedir de las empresas que aún se mantienen bajo el paraguas de los ERTE y que, por esta misma razón, ya manifiestan una situación de especial debilidad. Los funcionarios del organismo multilateral sugieren que el riesgo de perder todas la ayudas recibidas si despiden a algún trabajador podría estar dilatando los necesarios procesos de reestructuración que deben abordar y que la prolongación de esta situación, ante la amenaza de insolvencia que se puede derivar de perder todas las ayudas públicas recibidas en los últimos meses, mantiene atrapados a muchos trabajadores en empresas posiblemente inviables, "en lugar de estar siendo atendidos por los servicios públicos de empleo y recibiendo cualificación y otras medidas de apoyo".
Para sortear esa distorsión que puede estar produciendo la actual configuración de los ERTE, la OCDE plantea ampliar el esquema de exoneraciones del 95% de la cuota social que la norma reconoce a los trabajadores que se reincorporan a la actividad en la empresa tras su paso por el ERTE a los trabajadores en esa situación que se incorporen como empleados a otra empresa diferente, como una forma de incentivar la recolocación en otros sectores de personal que en muchos casos ya no se podrá reincorporar a la actividad ordinaria en su empresa y que acabaría seguramente en los servicios de empleo. La medida ya tendrá que esperar a octubre en cualquier caso ya que no se contempla en la prórroga de los ERTE aprobada este jueves en el Consejo de Ministros y que estará vigente hasta el próximo 30 de septiembre.
Una solución 'temporal' para recuperar el empleo
Entre las recomendaciones que la OCDE prescribe a España está priorizar la creación de empleo en la actual fase de recuperación y, en aras de conseguirlo, mantener "la actual regulación laboral que da flexibilidad a nivel de las empresas" para adaptarse a las condiciones económicas en un periodo de gran incertidumbre. En otras palabras, nada de tocar la controvertida reforma laboral del PP, al menos de momento y hasta que la recuperación esté encarrilada.
El pragmatismo de los funcionarios del organismo multilateral llega al punto de que, a pesar de señalar la temporalidad como uno de los problemas estructurales del mercado de trabajo español, sugieren que la vía de la contratación temporal puede resultar útil a corto plazo para reinsertar al mercado laboral a trabajadores de los sectores más afectados por la crisis y que por tanto sería conveniente retrasar cualquier reforma orientada a contener la temporalidad al momento en que la recuperación esté ya consolidada. "A corto plazo, el uso de contratos temporales puede contribuir a crear empleo, especialmente en los sectores hotelero y turístico. Por eso, las reformas orientadas a resolver el problema estructural de la dualidad del mercado de trabajo y mejorar la resiliencia ante futuras crisis, deberían esperar hasta que la recuperación esté consolidada", dice el informe.
Para cuando llegue ese momento, la OCDE aboga por explorar la posibilidad de introducir un contrato único con indemnización creciente a lo largo del tiempo, bajo el argumento de que el coste de la indemnización por despido es uno de los elementos que alimenta la dualidad del mercado de trabajo entre fijos y temporales. Hay otros elementos de la reforma laboral planteada por el Gobierno que no terminan de gustar en la OCDE, como la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. El informe defiende que la reforma de 2012, que sancionó la prevalencia del convenio de empresa y que proporcionó, desde su punto de vista, a las empresas un instrumento útil para adaptar sus salarios a su situación.
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