La nueva Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor el pasado 9 de marzo obliga a las empresas contratadas por el sector público a continuar prestando sus servicios una vez finalizado el periodo de vigencia del contrato siempre que la Administración Pública en cuestión así lo considere. Los únicos requisitos que exige es que medie un preaviso de dos meses y que el contrato mantenga las mismas condiciones acordadas en su día. Si esto se cumple, a las empresas contratistas no les queda otro remedio de continuar ejecutando el contrato, con independencia de que les resulte o no rentable o de que entre o no en su planificación estratégica. La única manera de 'librarse' no depende de ellas: deben acreditar que la Administración ha impagado por un periodo de más de seis meses.
El asunto preocupa a las empresas y ha llevado a una docena de organizaciones empresariales de sectores con un elevado porcentaje de su negocio vinculado a los servicios públicos a abrir una ofensiva 'diplomática' para conseguir en primera instancia desactivar la aplicación de dicha disposición, y más adelante hacerla desaparecer del ordenamiento legal, vía reforma de la Ley de Contratos.
El primer paso de esta estrategia llevará a este grupo de empresas (entre las que están algunas de las más influyentes de CEOE, como Seopan o la Confederación Nacional de Construcción ) este martes a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, según han confirmado a La Información fuentes empresariales, donde tratarán de trasladar al órgano dependiente del Ministerio de Hacienda el perjuicio que para las empresas puede suponer la aplicación efectiva de esta disposición.
Temor a "quedarse atrapadas" en los contratos
Una década de adjudicaciones de servicios públicos al mejor postor y de ajustes permanentes en la cuantía de los contratos han alimentado el miedo de los empresarios a quedarse 'atrapados' en contratos públicos sin rentabilidad alguna o prestados incluso a pérdidas.
Desde las organizaciones implicadas en esta 'revuelta' no ocultan su temor a que una utilización masiva de esta cláusula 'condene' a cientos de empresas a prestar sus servicios con niveles de rentabilidad incompatibles con una actividad empresarial normal.
Su principal temor reside en que en un contexto de subidas salariales generalizadas -sancionado por el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva entre CEOE y los sindicatos-, las empresas contratistas con la Administración se vean obligadas a asumir las nuevas condiciones salariales pactadas en los convenios de sector o de empresa, sin recibir retribución extra alguna por parte de la Administración en los contratos públicos de prestación de servicios.
El temor es fundado a la vista de las sentencias favorables ganadas a la Administración por organizaciones empresariales como Aspel, la patronal de la limpieza, por la adjudicación de contratos a ofertas cuyos gastos de personal se situaban por debajo de lo dispuesto en los convenios colectivos del sector.
Las empresas pretenden que la Junta Central de Contratación -el órgano administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda que supervisa que los contratos públicos se ajusten a la legalidad- tenga en cuenta estas circunstancias, que las tarifas de los contratos públicos con una duración superior a un año tengan en cuenta las eventuales variaciones salariales a la hora de actualizar sus precios y que el principio de desindexación -desvinculación por principio de las tarifas del IPC- se module de alguna forma para preservar las condiciones iniciales de los contratos.
El grupo de organizaciones empresariales no quiere quedarse en la dimensión meramente aplicativa de la disposición y prevé elevar el tiro a la esfera política para intentar que el Gobierno de Pedro Sánchez se replantee la actual redacción de la Ley de Contratos del Sector Público y derogue la obligación del contratista de prolongar la duración de sus servicios más allá de lo pactado cuando la Administración así lo indique.
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