El Gobierno se lanza a auditar los costes de las eléctricas para aplicar su hachazo

El área económica del Gobierno se ha lanzado a un gran zafarrancho contra las eléctricas con un objetivo que nunca ha conseguido ningún otro Ejecutivo hasta el momento: conocer de forma detallada cuáles son los costes de las eléctricas en cada una de las modalidades de generación y en la comercialización del suministro, pero con especial hincapié en lo que respecta al gas natural que llega de Argelia o de otros proveedores. Fuentes cercanas a Moncloa aseguran que esa es la única manera de modular el ‘hachazo’ que hay que dar a los beneficios de las grandes compañías del sector y blindarse ante la batalla jurídica que se les puede presentar desde los poderosos despachos que defienden a este tipo de compañías, además de ser la mejor carta de presentación para llegar a la UE con un precio máximo establecido para el sector en España, sin que se lo echen para atrás desde Bruselas.

Este proceso, capitaneado por las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera -aunque no estén de acuerdo en todo-, se inició hace casi un mes y en él se ha querido involucrar a algunos de los organismos que depende de esos ministerios y a los reguladores independientes del mercado, como la CNMC. La falta de conocimiento real de cómo funciona el sector, tanto en la generación como en la contratación de las comercializadoras propias de las eléctricas, es una de las grandes razones por las que desde el Ejecutivo se está retrasando la toma de decisiones para separar el gas del ‘pool’ en el que se deciden los precios de la luz, o para minimizar su efecto.

España y Portugal ya han revelado que quieren recuperar el límite de 180 euros el megavatio hora que habían establecido hasta mayo del año pasado, pensando que jamás se llegaría a ese nivel en el mercado, y que la Comisión Europea tumbó por ser contrario a la normativa comunitaria. Aunque ese límite ya se superase antes de la guerra de Ucrania por las tensiones en el precio internacional del gas provocadas por Rusia, el nuevo paquete de herramientas frente a la crisis bélica puede abrir paso a una nueva imposición en países concretos, de forma siempre excepcional y limitada en el tiempo, según advierten desde el sector.

Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que una de las claves para frenar la escalada de precios en Europa en la que más responsabilidad tiene España es establecer una negociación con contratos a largo plazo con Argelia, para garantizar un suministro lo más barato posible, aunque sea necesario incluso hacer inversiones que aceleren el desarrollo de las infraestructuras en aquel país. Esa vía permitiría a la UE avanzar en la autonomía frente al gas ruso a medio plazo (si se logra conectar a España a través de Midcat) y aprovechar en el entorno comunitario las reservas y la generación de las centrales españolas de ciclo combinado.

La "cuenta de la vieja" del 2,1

Una vez logrados precios bajos con contratos a largo plazo -aunque esa no sea la mejor opción para Teresa Ribera por lo que puede suponer de freno a la descarbonización-, lo que desde la parte económica del Gobierno se exige, con Calviño a la cabeza, es conocer el coste de cada paso que se da a la hora de convertir ese gas en electricidad. Desde las patronales eléctricas no se ha fomentado nunca la publicación de esos costes, porque el mix de generación y el mercado de subastas establecido desde la UE, ni lo aconsejaban ni lo hacían necesario. “Tu puedes producir barato con hidráulica y luego ofrecer en el mercado tu energía al precio más alto si te da la gana”, advierten fuentes técnicas del sector conocedoras del funcionamiento diario de las subastas. La única regla que hasta ahora se maneja en el sector y que se suele cumplir en casi todos los casos es lo que algunos llaman “la cuenta de la vieja: si multiplicas el coste del gas por 2,1 siempre te da lo que cuesta la luz, es matemático”.

Pero en este momento de cambios en el mercado y de búsqueda de una nueva fórmula de reparto eléctrico que haga frente la crisis que se ha generado por el conflicto con Rusia, los equipos de Calviño y Ribera no se conforman con esa cuenta y, si se plantean ayudar con el precio que llega de Argelia e incluso subvencionar a las gasistas en el coste de las emisiones de CO2, exigen saber a cambio cuánto cuesta producir un megavatio de luz en las centrales de gas. Desde Moncloa no quieren volver a equivocarse -como ocurrió en septiembre pasado con el decreto de los ‘windfall profts’- a la hora de hacer un decreto que limite los beneficios de las eléctricas por puro desconocimiento de como funciona el mercado y los intereses financieros y de todo tipo que hay tanto en la generación como en cada contrato, sobre todo los que son a largo plazo que hacen las comercializadoras que pertenecen a las grandes compañías y que, normalmente, no se llevan ese dinero que se paga de más sobre un precio fijo establecido.

Esa cobertura jurídica se corresponde, además, con la necesidad de garantizar las distintas opciones que se están manejando en el Ministerio de Transición Ecológica para evitar al gas en el sistema de formación de precios, aunque eso suponga tener que salirse del cálculo marginalista actual y crear una fórmula nueva, aunque sea provisional. Aunque todavía se esté estudiando ese puzle y todo dependa de lo que se decida en Bruselas la semana que viene, fuentes cercanas a esas negociaciones aseguran que no se descarta adjudicar la generación eléctrica en España en virtud del coste que tenga a cada tipo de consumidor: la más barata (hidráulica) para la gran industria que hace un uso intensivo de la energía; la que tenga un coste medio (renovables o nuclear) para el sector servicios o las pymes; y la que salga más cara, aunque haya que subvencionarla, para los clientes minoristas.