Al calor de la recuperación económica y del progresivo levantamiento por parte del Gobierno Central de las restricciones a la contratación de nuevos empleados públicos, en los últimos tres años las Administraciones Públicas españolas han comprometido la convocatoria de cerca de 335.000 nuevas plazas de funcionario, entre puestos de libre acceso, promoción interna y la forzada por los tribunales estabilización de temporales que llevaban lustros o incluso décadas trabajando para la Administración con relaciones laborales no regulares.
Conscientes del apetito acumulado por decenas de miles de españoles que esperaban que la Administración volviera a contratar para optar a un futuro de seguridad laboral o simplemente para salir del paro, los gobiernos han hecho todo lo posible por capitalizar el proceso, con convocatorias tildadas siempre con el apellido de 'históricas' y 'macroofertas' de empleo casi sin precedentes. El asunto es que su desarrollo real avanza a duras penas, tanto que el sindicato Comisiones Obreras se ha decidido a dar la voz de alarma ante el riesgo real de que miles de esas plazas caduquen si transcurren más de tres años desde la convocatoria gubernamental y la ocupación efectiva de la plaza.
El plazo de tres años se recoge en el artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, pero no constituía más que una mera referencia temporal hasta que Cristóbal Montoro decidió impugnar una serie de procesos selectivos convocados por la Comunidad de Madrid en el año 2014 en referencia a plazas no cubiertas de las ofertas de empleo público de los años 2005 y 2007. La pelea judicial derivó en un pronunciamiento del Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre que rechazó la argumentación de los afectados -Comunidad de Madrid, sindicatos y adjudicatarios de las plazas-, de que esa demora no era suficiente motivo para anular la adjudicación de una plaza y subrayó la naturaleza jurídica de ese plazo de tres años y, por tanto, el principio de caducidad de las plazas convocadas en las ofertas públicas de empleo.
El fallo del Supremo ha alterado el panorama y ha puesto en el punto de mira la ejecución efectiva de las 'macroofertas' de empleo público del Estado de 2017 (10.318 plazas) y 2018 (25.902 plazas), las más próximas a caducar. "Si tenemos en cuenta que este tipo de procesos se dilatan en torno a un año y medio entre que se convoca la plaza y se ocupa de forma efectiva, la realidad es que hay motivos para la preocupación", señalan desde CCOO, que este jueves registrarán en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública un documento que entre otras cuestiones exige el desarrollo de las ofertas de empleo público ya aprobadas.
La histórica Oferta de Empleo Público de la Administración del Estado para 2018 se aprobó un 27 de julio de 2018 y, por tanto, alcanzará su fecha de caducidad el 21 de julio de 2021. A punto de alcanzar el ecuador de ese plazo la información proporcionada por el Ministerio en el portal dedicado a este proceso revela que se han convocado alrededor de 17.000 plazas de las 25.902 inicialmente previstas. El temor sindical es que las nuevas elecciones generales y la previsible negociación política que se abrirá tras las mismas bloquee la salida de nuevas plazas y sitúe en riesgo de desactivación un porcentaje elevado de las comprometidas en su día.
En el sindicato entienden que ese riesgo es real. Y lo argumentan en que el retraso en la convocatoria de las plazas de 2018 está haciendo que se solapen con las convocatorias de 2019 (complicando el proceso), en que la lentitud del proceso opositor en España hace que la ocupación de las plazas se dilaten hasta en año y medio y que en muchos casos se plantean recursos que pueden retrasar aún más esos procedimientos e impedir que se ocupen las plazas en tiempo y forma.
Otro foco de incertidumbre es el embrollo jurídico del proceso de consolidación de interinos. El garantismo del procedimiento administrativo impide entregar la plaza a su ocupante y obliga a sacarla a concurso por mucho que se valore especialmente la experiencia en esa plaza. Como explican los sindicatos, lo que se consolida es el puesto no el trabajador. El proceso abre por tanto la posibilidad de que el interino se quede sin 'su' plaza y millares de estos han reaccionado impugnando el procedimiento para exigir su derecho a retener la plaza.
"En la mayoría de los ámbitos las negociaciones no se iniciaron hasta la segunda mitad de 2018" pese a que el acuerdo de estabilización viene de 2017, y "muchas de ellas están aún por cerrar en muchos ámbitos, con la aparición de problemas para la identificación de las plazas que han de salir a los procesos de estabilización, no siendo menores los conflictos que surgen en torno a los sistemas selectivos", aseguran desde CCOO.
Lo que dicen los datos del Registro Central de Personal es que las convocatorias de empleo público de 2017 y 2018 no han impedido que la nómina de funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas se haya reducido en cerca de 70.000 entre 2017 y 2019, pese a que el número de nuevas plazas comprometidas por el sector público en ese periodo superó las 74.000.
Los sindicatos han sido especialmente críticos en los últimos meses con la relajación del Gobierno del Estado en particular y de todas las Administraciones Pública en general con los procesos de estabilización y consolidación de interinos y temporales en la Administración. Entre 2017 y 2019 las ofertas de empleo aprobadas han comprometido 176.743 plazas para consolidar la situación irregular de estos trabajadores, pero su ejecución real ha sido marginal. Hay que recordar que dentro de este proceso se prevé la consolidación de más de 73.000 interinos del sector de la enseñanza y de otros 65.000 del sector sanitario
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