El Gobierno de Pedro Sánchez pondrá en marcha antes de que acabe el año la mayor convocatoria de empleo público de la historia, que incluye más de 45.000 plazas solo en la Administración General de Estado (AGE), en la de Justicia y en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El anuncio, que ha sido posible tras una dura negociación con los sindicatos mayoritarios de la Función Pública, se concretó el pasado 25 de mayo, a una semana del inicio de una campaña electoral muy polarizada, con seis partidos protagonistas -tres a la derecha y tres a la izquierda- y es el preludio de unos meses especialmente intensos, con los comicios madrileños en mayo de 2023, los de comunidades no históricas y las elecciones generales y municipales a finales del próximo año si no se producen adelantos electorales.
La espectacular oferta de empleo en la AGE, que muy probablemente replicarán este año las administraciones autonómicas, abocadas a convertir en fijos a 300.000 interinos, coincide con un momento de elevada incertidumbre económica y laboral, con la inflación disparada y el crecimiento parado casi en seco, como consecuencia de la invasión de Ucrania y la crisis energética mundial, justo en el momento en el que España empezaba a superar los efectos de la Covid. La OPE de 2022 es un claro indicio que el empleo público seguirá creciendo, en parte para cubrir las bajas por jubilación en una envejecida administración y, en parte, para salvar la cara a un mercado laboral que no se ha desmoronado gracias a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y por la entrada de miles de eventuales para cubrir las necesidades en sanidad y educación derivadas de la pandemia.
Un repaso al Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que elabora el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y a la Encuesta de Población Activa (EPA) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra una evolución del empleo público que se asemeja a una 'montaña rusa', con picos en los peor de las crisis -económica y Covid- y con drásticas caídas en momentos de bonanza económica. La entrada de nuevos efectivos no siempre viene derivada de una oferta pública formal, y en el caso de la crisis de 2008 y en la pandemia, la plantilla de las administraciones se nutrió de eventuales, fundamentalmente contratados en las administraciones autonómicas para cubrir plazas en el sector sanitario y educativo.
Julio marca récord histórico de funcionarios y la OPE avanza que la plantilla seguirá creciendo. Hay 131.000 empleados más que antes de la Covid
El pasado julio -último de dato disponible- el registro de efectivos de las AAPP registraba el mayor número de empleados públicos de la serie histórica, 2,73 millones de efectivos, 131.000 más que solo un año y medio antes, enero de 2020, solo dos meses antes de que se oficializase la pandemia. Solo se reproduce una cifra similar -30.000 efectivos menos- en enero de 2010, dos años después del inicio de la peor crisis económica, que elevó la tasa del desempleo al 27% en el primer trimestre de 2013. Los 2,76 millones de empleados públicos al inicio de 2010 coinciden con una porcentaje de paro en aumento, que en el primer trimestre de ese años rozó el 20%, frente al 7% de solo tres años antes. Hace solo 12 años, seis de cada diez efectivos era funcionarios, el último dato disponible muestra que ahora los eventuales y el personal laboral suma el 47% del total.
En 2014, se produce el punto de inflexión en la crisis económica y los datos contabilidad nacional evidencian que lo peor ha pasado, pese a que todavía quedaría algunos años para volver a los niveles previos a la recesión. El termómetro del empleo público marca precisamente en julio de 2014 el menor nivel de efectivos en las administraciones desde enero de 2007, una fecha en la que la que la tasa de paro se situaba en el 8,4%, aunque ya había algunas señales que aventuraban el deterioro económico. La caída del número de empleados comienza a producirse en enero de 2012, con Mariano Rajoy recién elegido presidente del Gobierno, que aplica una drástica política de austeridad, con una limitación de las tasas de reposición que impedían reponer casi la totalidad de las jubilaciones.
El número de empleados públicos en la Administración Pública Estatal no dejó de caer desde la llegada de Rajoy y entre enero de 2012 y julio de 2018, y con la economía y el empleo en pleno despegue, se perdieron 70.000 puestos, los que habría que sumar otros 32.000 en las administraciones autonómicas y locales. La oferta de empleo en la AGE fue prácticamente simbólica entre 2012 y 2015 y en esos cuatro años apenas se convocaron 23.000 puestos, la mitad de los que se ofertarán en 2022. Desde enero de 2007 a julio de 2021 la plantilla pública se ha incrementado en más de 196.000 empleados, lo que indica que los puestos que desaparecieron se han vuelto a recuperar, sobre todo por la entrada de efectivos en las comunidades.
En solo un año, las administraciones autonómicas han contratado 95.000 nuevos funcionarios, casi nueve de cada diez, eventuales
Mientras, las administraciones autonómica se han convertido en la puerta de entrada de personal eventual y con condiciones precarias. Las comunidades siguen utilizando a estos trabajadores de forma generalizada para cubrir los puestos vacantes por el envejecimiento de la plantilla de funcionarios y la jubilación de muchos de ellos, y para dar respuesta a nuevas demandas de servicios, muchas generadas por la pandemia del coronavirus en Sanidad y Educación. La intención del Ejecutivo es situar la tasa de temporalidad en la Administración por debajo del 8% antes de 2024, para lo que se contempla un proceso de estabilización que afectará a más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por este personal. Sin embargo, el porcentaje de interinos, mayoritariamente mujeres, ya ronda el % solo en las comunidades.
El Registro Central de Personal muestra una tendencia de contratación en las administraciones autonómicas que choca frontalmente con los planes del Ejecutivo. A julio de 2021, las comunidades tenían en nómina 1,62 millones de empleados públicos, 95.000 más que un año antes -en plena pandemia- y 110.000 más que a principios de 2020. El incremento anual, de casi un 7%, es el mayor desde 2012 y eleva el número de efectivos en la regiones al récord histórico, aunque a costa de la temporalidad. Uno de cada tres efectivos de las autonomías es eventual y su número se ha disparado por la pandemia. Suman un total de 562.712 empleados.
El aumento de plantilla de las regiones, de 95.000 efectivos, procede casi en un 90% de la incorporación de interinos, Dos áreas, Sanidad y Educación, son responsables prácticamente del total de esta subida. En el primer caso se contrataron 54.000 efectivos entre enero de 2020 y el mismo mes de 2021. a los que se registraban hace un año, mientras, el número de docentes se incrementó en ese periodo 47.560. Los aumentos en el área sanitaria se produjeron en todas las autonomías, excepto en País Vasco e Islas Baleares,. En educación, Cataluña fue la única que recortó personal y se quedó con 3.168 profesores menos.
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