Durante las últimas décadas, la ciudad de Madrid ha ido expandiéndose progresivamente en todas direcciones menos una: el suroeste. Cualquier conductor que acceda a la capital por la autovía de Extremadura (A-5) se habrá fijado en el abandono de ese entorno, que corresponde a la antigua Colonia Militar de Campamento, unos terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa que desde los años 90 han permitido cocinar el plan urbanístico de la Operación Campamento. Este proyecto llevaba más de una década abandonado en un cajón hasta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió revivirlo durante el Debate del Estado de la Nación, y con ello incluir la promesa de construcción de 12.000 nuevas viviendas.
Ese anuncio no es casual. El Gobierno pretende utilizar el ladrillo para financiar parte del crédito extraordinario de 1.000 millones para cubrir los gastos militares en apoyo a Ucrania, cumplir el acuerdo suscrito con la OTAN junto al aumento el gasto en defensa al 2% del PIB y desarrollar su programa de vivienda social. Antiguos actores implicados en la operación confirman a La Información que el único interés del ministerio de Defensa con estos terrenos se basaba en "hacer caja para cuadrar los déficits presupuestarios del Ministerio".
El valor de los terrenos de Campamento en el año 2011 era superior a los 300 millones, cifra que se prevé superior en este nuevo acuerdo
La inyección económica y el giro social que necesitaba el discurso del Gobierno resultarán en la construcción de un barrio con un 60% de vivienda pública en una ciudad asfixiada por el alto precio del alquiler. Para ello ha sido necesario firmar un nuevo acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el de Transportes -el anterior databa de 2009 y se extinguió a los cuatro años- con el fin de que SEPES, la empresa pública de suelo, pudiera adquirir los terrenos al Instituto de Vivienda de Defensa, titular de los mismos. El valor de estos terrenos en el año 2011 era superior a los 300 millones, cifra que se prevé superior en este nuevo acuerdo.
Sánchez impone así su agenda a la de su Gabinete, y obliga a revivir una operación que ni Margarita Robles ni María Dolores de Cospedal, actual ministra de Defensa y su antecesora, quisieron liquidar anteriormente: "Solo mostraron un interés económico en la venta de los terrenos, ya que permitía hacer caja", afirma José Manuel Calvo, exconcejal de urbanismo de la capital, quien explica que ese terreno "estaba imputado como ingreso patrimonial y Defensa no puede renunciar a estos ingresos". El equipo de gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) planteó a ambas una revisión del convenio urbanístico firmado en 2009, pero no llegó a tramitarse.
Inseguridad jurídica en un plan parado
La primera fase de la operación, en la que se ubicarían las viviendas y que afecta a una superficie de 2,1 millones de metros cuadrados, lleva aprobada desde el año 2009, cuando el pleno municipal aprobó el Plan Parcial redactado entonces, que sigue vigente y aceptará el actual equipo de gobierno de Martínez Almeida. En él se plantea la construcción de 10.700 viviendas, de las cuales el 60% serán públicas y protegidas -unas 7.200- y el 40% restante, libres.
Aunque cuenta con la ventaja de no haber terceros actores implicados, el desarrollo está sembrado de minas jurídicas que MITMA y Ayuntamiento tendrán que resolver. El convenio urbanístico de 2009 incluyó el soterramiento de 2,6 kilómetros de la A-5 y la ejecución de un intercambiador de transportes como carga de urbanización, cuantificadas en 617 millones de euros a pagar entre ambas partes. "Hoy es inviable que nadie pague ese importe, si el ayuntamiento quisiera soterrar, tendría que financiarlo con cargo a sus presupuestos generales", asegura Calvo. A eso se suma la presión de colectivos ecologistas, que protestaron por el paso de la Cañada Real de Madrid por el ámbito y que consiguieron que las distintas subastas de terrenos anejos a la zona militar quedasen desiertas.
El único ministro que mostró interés por esos suelos fue José Luis Ábalos, exministro de Fomento, quien anunció el denominado 'plan 20.000' para construir vivienda pública por todo el país. Veía en Campamento una oportunidad de "remontar en Madrid" los malos resultados electorales del PSOE porque podían construir hasta 10.000 viviendas en ese entorno. El plan nunca se desarrolló y Ábalos salió del Gobierno por la puerta de atrás.
El Ayuntamiento de Madrid, listo para negociar
Fuentes del área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid aseguran que tener aprobado el ámbito facilita el proyecto de urbanización: "los trámites irían mucho más rápido al tenerlo listo para empezar en cuanto el Gobierno dé el paso", ya que los plazos "dependen de la voluntad del Gobierno central". El consistorio retomó conversaciones con el ministerio y constituyó un grupo de trabajo técnico conjunto para distribuir las cargas urbanísticas, "con el fin de poner esas viviendas a disposición de los madrileños cuanto antes".
Entre las fórmulas propuestas por el Ayuntamiento de Madrid al Ministerio de Transportes para desarrollar el entorno se encuentra la constitución de un consorcio urbanístico en el que participen ambas administraciones, "ya que el objetivo es que gran parte de las viviendas sean públicas en alquiler", que podrían gestionarse desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). La otra alternativa ofrecida pasa por la cesión de suelo en régimen de derecho de superficie, fórmula utilizada en varias ocasiones por el gobierno de Almeida y según la cual un promotor privado construye y gestiona las viviendas, que tendrían un alquiler "asequible".
El plan del Ayuntamiento también pasa por que el nuevo barrio nazca embellecido y ha previsto su inclusión dentro del Bosque Metropolitano que está poniéndose en marcha, con el objetivo de que "crezca con la naturaleza integrada". También mejorará el entorno de la Colonia militar de Campamento, un conjunto de viviendas asociadas a la antigua zona militar que serán lo único que sobreviva a la piqueta.
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