Después de 37 años ininterrumpidos de Ejecutivos socialistas, Juan Manuel Moreno, el candidato del Partido Popular a la Junta de Andalucía, tomará posesión este viernes como presidente del gobierno de la comunidad autónoma tras ser investido -previsiblemente este miércoles- por el Parlamento regional. Moreno conformará un Gabinete en el que Ciudadanos tendrá la mitad de las consejerías y que administrará casi 35.000 millones de euros y más de 270.000 empleados públicos, 24.000 de ellos adscritos a la denominada 'Administración paralela', un 'mastodonte' de entes, fundaciones, consorcios y agencias públicas dependientes de la Junta en los que se han centrado las irregularidades y las acusaciones de corrupción durante las últimas cuatro décadas.
Además de la reactivación económica, el impulso del empleo o la rebaja de impuestos, el nuevo Gobierno se ha marcado como objetivos prioritarios la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, que correrá a cargo de los departamentos capitaneados por Ciudadanos, para acabar con los conocidos como 'chiringuitos' políticos del PSOE y con la falta de transparencia que rodea a los casi 300 entes que conforman el 'sector instrumental' de la Junta, donde los supuestos sobresueldos, ayudas sin justificar, exceso de gasto y nombramientos a dedo -cerca de 2.300- han aparecido con demasiada frecuencia.
La hoja de ruta inmediata del futuro Gobierno, delimitada por los socios en una veintena de medidas urgentes -pensadas para los primeros cien días- de las 90 pactadas y que Moreno esbozó el martes en la presentación de su programa de Gobierno, se abordará a partir de un informe encargado a la Cámara de Cuentas de Andalucía, el organismo que ha destapado 175 millones de euros en ayudas excepcionales sin justificar por parte de la Junta a su 'Administración paralela'. Será el encargado de auditar de manera integral todo el gasto del gobierno regional y sus entes, incluidas retribuciones, con el objetivo de 'meter tijera' a todos los excesos en el sector público.
A través de un Decreto-ley, la nueva Junta pretende tomar las riendas de las entidades integradas en la 'Administración paralela' para liquidar los innecesarias y las 'manchadas' por la corrupción y para hacer desaparecer el componente político y clientelar de estos entes, en los que se han refugiado muchos cargos y empleados nombrados a dedo, lastrando su eficiencia. Además, todos los directivos imputados por corrupción serán apartados de su cargo hasta que haya una decisión judicial sobre su situación y se modificará el Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos políticos.
Nombramientos a dedo
Otra de las prioridades del nuevo Ejecutivo será acabar con los puestos de libre designación, más de 2.300 en toda la Junta y que no han dejado de aflorar incluso con el Gobierno socialista en funciones. Junto a estos, hay más de 268 altos cargos, según recoge el Portal de Transparencia andaluz, que cesarán cuando lo haga la presidenta en funciones Susana Díaz y otros 237 empleados eventuales, designados a dedo, la mayoría vinculados a Presidencia, entre los que hay desde periodistas a cocineros, que también saldrán de manera inmediata.
El nuevo Ejecutivo impulsará los concursos de méritos para cubrir los puestos vacantes en la Administración para sustituir el hasta ahora habitual sistema de libre designación, predominante en las áreas de sanidad y educación. Mientras, los directivos públicos de carácter técnico serán elegidos mediante concurso público "por un periodo de seis años" entre personas con experiencia y formación acreditada" y serán evaluados de forma continua.
El Feffe, en el punto de mira
Uno de los organismos que no se escapará de las auditorías y del control de Ciudadanos será la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), sobre el que han girado buena parte de los escándalos de corrupción de los últimos años y que en la actualidad está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La última alerta la ha dado la Cámara de Cuentas andaluza, que en su informe sobre las ayudas excepcionales concedidas o pagadas por la Junta en 2016 destaca los 55 millones sin justificar otorgados a Faffe, conocida entre otras cosas porque algunos de sus directivos se gastaron fondos públicos en prostíbulos a través de tarjetas opacas.
Ahora, tanto la 'formación naranja' como el Partido Popular impulsarán en la Cámara andaluza la creación de una comisión de investigación de la polémica fundación, que entre otras cosas buscará recuperar el dinero público defraudado con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
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