Oposición mexicana condiciona su participación en mecanismo de concertación

  • El principal partido de la oposición mexicana marcó hoy los límites para seguir participando en la concertación política impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto y dijo que no está dispuesto a aceptar cualquier señal de "regresión autoritaria".

México, 29 abr.- El principal partido de la oposición mexicana marcó hoy los límites para seguir participando en la concertación política impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto y dijo que no está dispuesto a aceptar cualquier señal de "regresión autoritaria".

La llamada de atención fue dada por el Partido Acción Nacional (PAN), que gobernó en México entre el 2000 y el 2012 y que es clave para sacar los acuerdos políticos y económicos que impulsa Peña Nieto desde que llegó al poder, el pasado 1 de diciembre.

El pronunciamiento fue dado a conocer esta noche por el líder del PAN, Gustavo Madero, tras una reunión de seis horas de sus dirigentes para decidir si siguen sumándose al acuerdo político conocido como Pacto por México, firmado el 2 de diciembre pasado.

Ese pacto, que fue suscrito por el Gobierno y dirigentes políticos de la oposición, sienta las bases para las reformas que impulsa Peña Nieto, y que hasta ahora se han aprobado gracias al consenso con otras fuerzas políticas.

"El Pacto por México no puede desvincularse de las condiciones democráticas indispensables, pues no puede detonarse una auténtica modernización económica al lado de una regresión autoritaria", afirmó Madero en la declaración que leyó ante los periodistas.

La postura se conoce días después de que el PAN y dirigentes de la izquierda denunciaran que fondos para programas sociales como la Cruzada contra el Hambre estaban siendo desviados por operadores del partido gobernante para ganar lealtades políticas con vistas a los comicios locales de julio próximo.

La denuncia, que afectó a los programas del estado oriental de Veracruz, detonó la más grave crisis política que afronta Peña Nieto porque el PAN anunció que, a causa de ello, analizaría si seguía participando o no en el proceso del Pacto por México.

A pesar de que seis funcionarios presuntamente vinculados con esas operaciones fueron cesados y uno más suspendido temporalmente, la oposición no quedó satisfecha con esa respuesta, y exigió mayores acciones para sancionar a los responsables y evitar esas operaciones en el futuro.

Madero dijo que el PAN había decidido "mantener la participación en el Pacto por México siempre que el Gobierno federal demuestre un compromiso con el cumplimiento de la ley, la transparencia y la democracia".

Dentro de las "intenciones y condiciones" que anunció Madero, el líder del partido conservador indicó que exigirá medidas para que con vistas a las elecciones de julio "se blinde a la política social del uso electoral" con una agenda a ese pacto.

Además, que en dicho mecanismo de concertación política "se le otorgue la máxima prioridad" a las reformas electorales que resuelvan "el déficit democrático" del sistema político mexicano, marcado por continuas denuncias de fraude.

Dentro de esas condiciones, el líder del PAN pidió que "sean debidamente sancionados todos los funcionarios que hayan incurrido en los delitos electorales denunciados", sin detallar cuántos ni quienes.

El partido maneja una lista de 57 funcionarios presuntamente involucrados en los hechos de Veracruz, y para reforzar sus denuncias ha acudido a la Justicia para que sean castigados los responsables.

Madero pidió también que en ese acuerdo de concertación política se replanteen las iniciativas para que se reforme "la acción del Gobierno para lograr su máxima transparencia, actuación democrática y combate a la corrupción".

El líder del PAN anunció que pedirá una reunión con el Gobierno para hacerle llegar "planteamientos específicos" de estas condiciones "de transparencia, de cumplimiento de la ley y de respeto a la democracia".

De momento, la actitud del PAN de congelar su participación en el Pacto por México ha generado un retraso en la presentación de una reforma financiera que se iba a dar a conocer la semana pasada, uno de los pilares de las iniciativas legales de Peña Nieto.

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