El desinterés de los jóvenes por ser funcionarios, pese al aliciente que supone un empleo y un sueldo para toda la vida, ha aumentando durante los últimos años y ya son más los universitarios que prefieren ser emprendedores que trabajadores públicos. Opositar para lograr un empleo en las administraciones se ha convertido en una carrera de obstáculos, además desde 2011 ya no es posible jubilarse con 60 años, pero sobre todo supone dedicar una parte muy importante de tiempo, sacrificando relaciones familiares y con amigos, para preparar un examen que de media -en el caso de los profesores de secundaria- solo superaran, en el mejor de los casos, uno de cada seis de los opositores.
Junto a esto, hasta uno de cada tres de los opositores desisten de presentarse solo unos días antes de que se celebre la prueba por no sentirse preparados, fundamentalmente, lo que supone como mínimo un año más de estudios hasta la siguiente convocatoria, sin poder trabajar y recibir ingresos, y gastando dinero en la preparación en una academia, que en el caso de la oposición a funcionario del Grupo A, que además requiere licenciatura, puede suponer en torno a 150 euros mensuales y entre tres y cuatro años de estudio, entre 5.400 y 7.200 euros en total.
Este contexto deja fuera del mercado laboral a los jóvenes recién licenciados, que aprueban las oposiciones -o no- a partir de los 26 años, en el caso de que terminen la carrera en solo cinco. Para evitar esta situación y atraer el talento a la Función Pública, el ministro del área, Miquel Iceta, ha decidido impulsar un cambio radical en el tradicional modelo de oposiciones, que casos como las de Abogado de Estado supone estudiar 465 temas, para hacerlas más ágiles, accesibles, pero que sobre todo que premien más la aptitudes y actitudes que la memoria.
Las oposiciones a jueces, fiscales, abogados del Estado -que una vez aprobadas suponen a partir de 60.000 euros anuales- o las de inspector de Hacienda -entre los 45.000 y los 65.000 euros al año de media, dependiendo del puesto, años de antigüedad y complementos- requieren entre cuatro y seis años de preparación, por lo que la entrada en la Administración se demora hasta los 29 o 30 años, como mínimo.
Durante estos días se conocerán más detalles del nuevo sistema, que pretende atraer mayoritariamente a los jóvenes a la Función Pública y que ésta no se convierta en el "último refugio", pero las oposiciones que de manera continua se celebran en Bruselas para acceder a un puesto en la Unión Europea (UE) pueden dar algunas pistas de cómo se hace fuera de España. Pese a todo, en los últimos años, se han ido introduciendo en la administración española pequeños cambios para evaluar las competencias del candidato en pruebas como las de Renfe, para Trabajador Social o para Correos, en las que apenas se necesitan tres meses de preparación según diferentes academias de formación.
A pesar de que la nueva estrategia de Iceta trata de modernizar los sistemas de acceso y asimilar muchos de los procedimientos que imperan en Europa desde hace años, no ha contentado a todos los colectivos de la Administración, especialmente los que superaron las oposiciones más exigentes. El ministro asegura que todos serán escuchados, pero que el nuevo método será mejor que el actual y que no supondrá que los nuevos funcionarios entren con menos capacitación, más bien al contrario.
Iceta ha dejado claro que el principal objetivo de su gestión no será incrementar el número de funcionarios y sí atraer el talento y recualificar y rejuvenecer la plantilla, algo que sucederá con los cambios porque las incorporaciones se harán antes gracias al menor número de años de estudios para opositar. Actualmente la mitad de la plantilla de la Administración General del Estado (AGE) se jubilará en la próxima década y solo el 12% tiene menos de 40 años.
El modelo europeo
Los diferentes puestos que ofrece la UE, desde seguridad alimentaria, sanidad o administración, requieren "candidatos con talento, motivados y que puedan acreditar competencias generales en análisis y resolución de problemas, comunicación oral y escrita, calidad y resultados, aprendizaje y desarrollo, determinación de prioridades y organización, resiliencia -mantener la eficacia bajo una fuerte carga de trabajo y gestionar las frustraciones organizativas de manera positiva-, trabajo en equipo y liderazgo -solo en el caso de los administradores-".
A las pruebas solo se pueden presentar los ciudadanos europeos, sin límite de edad aunque la jubilación es a los 66 años, los sueldos oscilan entre 1.008 euros a 6.660 euros dependiendo del grupo de funciones -desde auxiliares a traductores y asesores- y se exige una segunda lengua -inglés o francés-. La UE busca en este momento 101 personas para el puesto de administrador encargado de la elaboración de políticas y legislación en el ámbito de la salud, de la seguridad alimentaria y auditores e inspectores para esos ámbito, que tendría como destino Bruselas, Luxemburgo y Grange (Irlanda), pero hay cientos de puestos en todos las área desde comunicación a derecho, pasando por economía y filología.
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