Las administraciones públicas pasan por uno de los momentos más delicados en décadas, dañadas por los recortes generados a consecuencia de la recesión económica, que afectaron a sectores vitales como la sanidad y la educación, y con la puntilla de la pandemia del coronavirus, que ha provocado el parón de la convocatorias y ha sacado a la luz toda la precariedad, carga de trabajo, falta de recursos y el envejecimiento de las plantillas.
El aluvión de funcionarios y empleados públicos que entraron en la Administración en los 80, con el desarrollo del Estado de las Autonomías y que dieron un importante impulso al Estado social, se han jubilado -pueden hacerlo desde los 61 años- o lo harán en menos de diez años. Al tiempo, los retiros o no se cubren o se hacen con interinos, que poco a poco han tomado el relevo a los funcionarios de carrera, con un protagonismo cada vez menor.
Los datos que facilita el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de la Administraciones Públicas, que se elabora desde los años 90, han dejado patente todos los procesos que han sufrido las administraciones públicas, desde los traspasos competenciales a comunidades y ayuntamientos, a los recortes de personal que inició José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 con la limitación de la tasa de reposición de efectivos al 30% y que continúo Mariano Rajoy hasta que en 2016 dejó desapareció el mecanismo.
Sin embargo, las administraciones públicas pasan ahora por un nuevo cambio, que también vive el sector privado, la temporalidad y la precariedad del empleo. Los funcionarios de carrera, aquellos que consiguen una plaza después de años de estudio y dejando de lado parte de su vida personal se han sustituido, fundamentalmente en los últimos cinco años, por personal interino -que también opositó, pero sin lograr plaza-, por efectivos elegidos a dedo y eventuales. Su peso en las administraciones apenas suponía poco más de un 13% en julio de 2010, un 14% en el mismo mes de 2015 y a julio de 2020 -último dato disponible- casi un 22%.
Bajo el epígrafe Otro personal -que agrupa a interinos y eventuales (asesores), entre otros- hay 563.519 funcionarios, de los que el 85% están en las comunidades autónomas. De todos los efectivos de las autonomías, el 57% es interino. Son precisamente las administraciones autonómicas las que tiran de este personal, que es temporal, para sectores como la sanidad y la educación, áreas básicas que necesitan la estabilidad del personal.
El interino de larga duración es una figura más de las administraciones. Muchos llevan dos décadas sin puesto fijo, se presentaron a la oposición, pero no lograron la nota para conseguir plaza. La necesidad ha hecho que incluso se recurra a los que sacaron cero en el examen. Su trabajo y su localización puede cambiar cada mes, cada seis meses, cada año... siempre confiando que no ocupen la plaza que cubren ese momento y tengan que dejar la Administración. No tienen vinculación permanente con sus 'empleadores' y pueden perder su puesto sin indemnización.
Los funcionarios 'baby boomers'
El otro gran problema de las administraciones es el envejecimiento de la plantilla. En organismos clave y de atención al público como los Servicios de Empleo o la Administración de la Seguridad Social, las edades de sus empleados rebasan, con creces, la media. Según un reciente estudio de Adams Formación a partir de datos del INE, en el área de la Seguridad Social el 76% de sus empleados tiene 50 o más años. En la Administración central, cuatro de cada diez -de más 540.000 efectivo- ya tiene o supera los 50 y en los ministerios el porcentaje llega al 64%.
El aluvión de los funcionarios baby boomers que se jubilarán a corto plazo prolongará la agonía. Las administraciones públicas perderán en menos de cinco años 300.000 funcionarios y antes de diez, más de 900.000, el equivalente de un tercio de la plantilla actual. Y eso considerando que las bajas se produzcan a los 65 años, puesto que la mayoría de los funcionarios tienen la posibilidad de retirarse a los 61, una opción que elige un porcentaje cada vez más elevado por el miedo a la Covid y las futuras reformas de pensiones.
Junto a esto, sólo el 7,5% de los empleados públicos son menores de 30 años y únicamente 7.000 tienen menos de 20 años, lo que supone el 0,2% del total. De ellos, el 95,77% son temporales. Ante este panorama, harán falta miles de oposiciones o una profunda transformación en las administraciones públicas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios