La OCDE presentó hoy un programa de trabajo para aportar en un par de años respuestas a los riesgos que para la soberanía y la igualdad ante el impuesto plantean las prácticas de la llamada "optimización fiscal" de las multinacionales.
Casos como las prácticas de grandes empresas como Google o Starbucks han puesto de relieve este recurso a las posibilidades de pagar menos impuestos mediante la opción de hacerlo en los países con tipos más reducidos.
Se trata de "elaborar rápidamente un plan de acción global" cuyo principal objetivo es dotar a los países de instrumentos nacionales e internacionales para "hacer coincidir mejor los derechos de imposición con la actividad económica real", señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En un informe encargado por el G20 el pasado año que se presenta en la reunión que se celebra el jueves y el viernes en Moscú, la OCDE constató un fenómeno creciente de "erosión de la base impositiva" que supone "riesgos reales que amenazan los ingresos, la soberanía y la equidad fiscal" de los países.
El hecho -indicó- es que "las prácticas fiscales de ciertas empresas multinacionales se han hecho más agresivas con el tiempo y eso suscita graves problemas de disciplina fiscal y de igualdad" porque sus niveles impositivos son particularmente bajos
Y la organización previno de que "lo que está en juego es la integridad del sistema del impuesto de sociedades sobre los beneficios".
Porque si no hay respuesta, eso contribuiría a minar la competencia leal entre las empresas que desplazan sus beneficios a jurisdicciones favorables a sus intereses (a paraísos fiscales, en definitiva) y las que no pueden hacerlo porque su negocio se desarrolla dentro de un solo país.
Aunque por ahora no se ha sabido cuantificar la magnitud del problema, los autores del informe no tienen ninguna duda de que los Estados cada vez sufren más pérdidas en la recaudación del impuesto de sociedades que pagan las empresas por sus beneficios a causa de la citada "optimización fiscal".
En particular, gracias a la transferencia de esos beneficios a países donde están sometidos a un menor gravamen, un fenómeno que se ha facilitado con la proliferación de montajes societarios híbridos y por la creciente importancia de la economía digital.
Uno de los principales problemas es la supervisión de los llamados "precios de transferencias", es decir el valor que las empresas dan a los flujos entre sus filiales en unos y otros países en función de parámetros de difícil control por el fisco como la base territorial donde se radica el negocio o donde se encuentran activos como las patentes o la mercadotecnia.
Un problema particularmente agudo con la integración transfronteriza de las compañías con la que chocan las reglas fiscales de diferentes Estados que adolecen de coordinación.
La OCDE señaló que las normas fiscales internacionales siguen rigiéndose en sus grandes líneas por los principios elaborados por la Liga de Naciones de los años 20, y no han evolucionado al ritmo de las prácticas de las empresas globalizadas.
Sobre todo en un momento en que contribuyentes no residentes pueden obtener beneficios considerables mediante operaciones con clientes ubicados en otros países y se aprovechan de las "asimetrías" de las reglas fiscales nacionales e internacionales.
El plan de acción de la OCDE se fija media docena de objetivos, en particular "suprimir o neutralizar los efectos de los montajes híbridos y las operaciones de arbitraje" contable dentro de una empresa, aclarar las reglas sobre los "precios de transferencia", fijar quién tiene competencia fiscal en los bienes y servicios digitales o dispositivos contra la evasión fiscal.
Entre estos últimos deberían figurar reglas sobre las sociedades extranjeras, limitaciones a la utilización abusiva de convenciones fiscales o soluciones para luchar más eficazmente contra los "regímenes dañinos", es decir, contra los paraísos fiscales.
A falta de conclusiones fiables sobre la magnitud del fenómeno, los autores del estudio se limitaron a advertir de que los tipos del impuesto de sociedades ha disminuido una media de 7,2 puntos porcentuales en los miembros de la OCDE entre 2000 y 2011 al pasar del 32,6% al 25,4%.
Una caída que se ha dado en todos los países miembros salvo en Chile (donde subió del 15% al 17%) y en Hungría (del 17% al 18%).
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