El Gobierno asume que el 'escudo fiscal' dispuesto para intentar que la escalada de los precios mayoristas de la electricidad no se traslade de forma automática a la factura de la luz que cada mes reciben millones de españoles le va a obligar a renunciar en el mejor de los casos a unos 2.000 millones de euros de ingresos fiscales como consecuencia de la reducción hasta final de año del tipo del IVA aplicable al recibo de la luz del 21% al 10%, la suspensión temporal también hasta 2022 del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% y la reducción al mínimo exigido por Europa del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que previsiblemente aprobará este martes el Consejo de Ministros.
El Ejecutivo, que se ha mostrado muy decidido a la hora de topar los beneficios de las empresas energéticas y confiscar los llamados 'beneficios caídos del cielo' de las eléctricas, se ha mostrado mucho más cauto a la hora de 'tocar' sus ingresos fiscales para contribuir a reducir la presión sobre los consumidores por la espiral de subidas del precio de la luz. Pese a la presión de una parte del Gobierno que estos últimos días ha maniobrado para llevar las medidas excepcionales de rebaja fiscal al menos hasta marzo de 2022 y la de la oposición política que le exigía hacerlas permanentes, Pedro Sánchez anunció este lunes por la noche en su entrevista en TVE que, de momento, el Gobierno se limitará a llevar hasta final de año la rebaja del IVA y la suspensión temporal IVPEE, aprobadas el pasado mes de junio, y a añadir a este 'escudo fiscal' la reducción al mínimo que permite Europa del tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que a día de hoy y hasta que el BOE determine la contrario se sitúa en el 5,1%, un tipo que se sitúa por encima del estándar europeo y que el Ejecutivo se negó a tocar en junio, pese al clamor de todos los actores del sector energético.
El Ministerio de Hacienda echa cuentas. Si algo no se puede permitir es que cuando llegue el momento de hacer balance de las consecuencias económicas del 'tarifazo eléctrico', a cuenta de la escalada imparable del precio del recibo de la luz durante los últimos meses, resulte que el saldo sea tan desfavorable para los consumidores como beneficioso para las arcas públicas. El caso es que se trata de un escenario probable. En un contexto en el que los impuestos suponen una quinta parte del recibo de la luz, el encadenamiento de subidas históricas de los últimos meses implican una inyección de recursos extra importantísima tanto para el Estado como para las comunidades autónomas que obtienen rendimientos directos de las diferentes figuras que gravan el recibo de la luz. "Las rebajas de impuestos que está planteando el Gobierno no son una renuncia de ingresos, si acaso la devolución de una parte de la recaudación extra que van a obtener de todo esto", advierte un exalto cargo con experiencia en la gestión presupuestaria.
En cualquier caso, las maniobras fiscales del Gobierno para reducir lo antes posible la presión sobre el recibo de la luz que cada mes puntualmente reciben los ciudadanos van a tener un impacto presupuestario reseñable. El presidente del Gobierno subrayó este lunes que sólo la rebaja del tipo del IVA durante el segundo semestre del año va a tener un coste de 1.400 millones de euros para las arcas del Estado, en un intento por transmitir que aquí el esfuerzo no sólo les va a tocar a los consumidores, o a las empresas cuyos beneficios se van a topar sino también al Estado, en su condición de administrador de la caja común. La cifra se separa y no por poco de la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicó en junio y trasladó a Bruselas, que estimaba ese impacto en 857 millones de euros, de los cuales 566 millones impactarían ya sobre las cuentas del año 2021 y el resto sobre las de 2022 por el decalaje que se da en la declaración del IVA, lo cual podría indicar que la subida del recibo se ha disparado muy por encima de las expectativas que el Gobierno albergaba entonces.
Si se tiene en cuenta que la suspensión temporal IVPEE pasará una factura extra de 400 millones de euros, también según la estimación que trasladó en su día la ministra de Hacienda, y que también se va a tocar el Impuesto Especial sobre la Electricidad, la magnitud del pack fiscal diseñado por el Gobierno se disparará por encima de los 2.000 millones de euros, lo que supone para hacerse una idea el coste de financiar el Ingreso Mínimo Vital, el doble de las medidas de apoyo a la solvencia para pymes o casi el dinero destinado a bonificaciones para promover contrataciones de carácter fijo.
El tijeretazo que el Gobierno va a aplicar en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, una figura que explica el 4,4% del coste total del recibo de la luz y que recauda anualmente en torno a 1.400 millones de euros, va a significar que en el último trimestre del año éste va a recaudar apenas una décima parte de lo que venía recaudando hasta la fecha. Según un informe sobre los costes y los precios del mercado de la electricidad elaborado por Fedea, la reducción al mínimo de las cargas de este impuesto - no se puede eliminar o suspender temporalmente por completo por imperativo europeo - que a día de devenga un tipo impositivo del 5,11%, lo que para un consumidor español tipo - 3,5 MWh de consumo anual - implica unas cargas anuales de 37,75 euros; reducirá esa carga a un euro por MWh, lo que para ese consumidor tipo rebajará el coste fiscal a 3,5 euros anuales.
El impacto para las arcas públicas de esta rebaja temporal del impuesto rondará los 300 millones de euros...salvo que decidiera extenderse más allá de diciembre de 2021 si la presión sobre el recibo de la luz persistiera. En total, algo más de 2.000 millones de euros en un plazo de apenas seis meses y en un contexto de déficit galopante y desconfianza de los países del norte de Europa que exigen al Gobierno avanzar en la consolidación fiscal.
"Ese consumidor está pagando diez veces más. Por lo tanto, una reducción a la décima parte sería respetuosa con la normativa comunitaria y eliminaría un impuesto cuya razón de ser no se justifica en la actualidad", asegura el investigador de Fedea y Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, Diego Rodríguez, en relación al origen de ese impuesto, creado para gravar la generación de energía a través de carbón. El Impuesto Especial sobre la Electricidad también está en el punto de mira de las empresas, que consideran que grava de la misma manera fuentes de energía limpias y contaminantes y que mantiene un tipo impositivo excesivo para lo que es el contexto europeo y el actual panorama energético.
Guerra política hasta el último momento
El paquete de medidas urgentes para intentar abaratar el recibo de la luz llega tras una intensa negociación en la coalición que se ha intensificado en las últimas horas. El PSOE venía desde la semana pasada ocultando a Unidas Podemos su plan pero todo cambió este fin de semana. La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, fue la principal negociadora por la parte socialista del Gobierno. La número dos de Teresa Ribera, según explican fuentes gubernamentales, llevó el peso de las conversaciones con sus socios.
UP llevaba desde hace varias semanas proponiendo la necesidad de topar el precio del gas. Sin embargo, hasta hace unos días todas sus propuestas habían caído en saco roto. Finalmente, el fin de semana los socios negociaron y se llegó al acuerdo intermedio de utilizar los 'beneficios caídos del cielo', una medida que se encontraba en tramitación parlamentaria, para topar el gas. Son unos 650 millones de euros, según cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica. UP también reclamó en su día aprobar el fin de los beneficios caídos del cielo por real decreto en lugar que lo proyecto de ley, lo cual hubiera provocado su inmediata entrada en vigor.
Transición Ecológica, no obstante, carga la mayor parte de la intervención del recibo de la luz en los ingresos públicos. Es una decisión que no gusta en Unidas Podemos pero que el área socialista del PSOE ha decidido adoptar. El Ministerio, incluso, tiene aún mayor margen para seguir actuando, ya que podría rebajar el IVA al 4% a partir de enero. Hacienda no descarta tener que tomar la decisión si continúa la escalada de precios, aunque se podría encontrar con el rechazo de Bruselas.
El PP pide más
La oposición del Partido Popular entiende que el Gobierno podría haber ido mucho más allá en su esfuerzo para evitar que la escalada de precios en el mercado mayorista se filtre a los recibos de la luz de ciudadanos y empresas. El diputado del Grupo Popular en el Congreso y portavoz popular en la Comisión de Transición Ecológica, Diego Requena, entiende que el Ejecutivo lleva meses arrastrando los pies y plantea que tanto la rebaja del IVA al 10% como la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica deberían ser permanentes lo que permitiría rebajar la factura de la luz para los consumidores en 3.600 millones de euros anuales.
Pero los populares también abogan por atacar los costes extrafiscales que se cargan al recibo y que nadie tienen que ver con el consumo de la luz sino "con decisiones de política territorial", según Requena, como los costes de conexión extrapeninsulares, que cargan el recibo los costes extra de llevar la energía a Canarias y Baleares, que liberarían otros 3.400 millones de euros. Además, plantea también destinar los ingresos extra obtenidos por las subastas de CO2 por valor de 2.000 millones a reducir el coste del recibo de la luz para los ciudadanos. Un 'pack' que rebajaría de una tacada en 9.000 millones de euros el coste del recibo.
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