Valencia no actualiza el valor catastral de sus inmuebles desde el siglo pasado, concretamente desde el año 1998. La normativa catastral fija entre cinco y diez años el periodo normal de actualización de estos valores, que, entre otras cuestiones, sirven como referencia para el pago de uno de los principales impuestos que tienen que afrontar todos los años los hogares españoles: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la antigua Contribución Urbana. Veinte años después, el Ayuntamiento de Valencia ha solicitado a la Dirección General de Catastro la activación del proceso de valoración que actualizará los valores catastrales de los inmuebles ubicados en la localidad. La capital del Turia será uno de los 1.830 municipios que verán actualizado el valor catastral de sus inmuebles el próximo año, según lo aprobado este viernes en el Consejo de Ministros.
A efectos del ciudadano, la revisión catastral tiene la relevancia de fijar la base sobre la que se calcula el Impuesto de Bienes Inmuebles. En condiciones normales, si el Ayuntamiento no aborda ningún ajuste en los tipos del IBI la actualización de los valores catastrales suele traducirse en un incremento de la cuota que se paga por este impuesto, por la inercia alcista de los bienes inmobiliarios. Hacienda aclara, no obstante, que la actualización de los valores catastrales se lleva a cabo a petición de los propios ayuntamientos y que tendrá efectos en el IBI que se devenga el 1 de enero, "si bien no supone necesariamente una elevación, ya que son los Ayuntamientos los que deciden la cuota del impuesto".
Sin embargo, el estallido de la burbuja inmobiliaria a partir del año 2008 ha modificado en cierto modo esta pauta, particularmente para los municipios cuya última revisión catastral se produjo en los años más duros de la burbuja: entre 2005 y 2007. No es el caso de Valencia ni de la mayoría de municipios que someterán sus valores catastrales a revisión en 2018.Por ejemplo, la última revisión catastral en Cádiz se produjo en 1996; en Granada, fue en 1997; Badajoz, también fue en 1996; y Huesca, en 2001. Un caso muy diferente es el de Galapagar, que después de revisar sus valores catastrales en 2012 ha vuelto a solicitar la apertura del procedimiento apenas cinco años después con un efecto sobre el IBI que los vecinos del municipio a buen seguro van a percibir. Entre el universo de municipios que se someterán a la evaluación de los técnicos del catastro hay un grupo no pequeño de localidades de reducido tamaño que llevaban 30 años o más sin actualizar la base de cálculo del IBI.
Al margen de esta medida, el Real Decreto Ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros en la tradicional 'reunión escoba' de finales de año, incluye también la prórroga de la congelación de los límites para el régimen de tributación por módulos pactada con las organizaciones de autónomos, en virtud de la cual se mantendrá en 250.000 euros el límite anual máximo de facturación para tributar por este régimen; en 125.000 euros, para los ingresos procedentes de facturas emitidas a otros empresarios; y en 250.000 euros, para el volumen máximo de compras.
Según la organización de autónomos ATA, que ha aplaudido la decisión del Gobierno, esto ayudará a más de 450.000 autónomos que podrán permanecer en este tipo de tributación fiscal, informa EFE. De acuerdo con los datos de esta asociación de autónomos, de los 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia en España, 1,5 millones tributan mediante la estimación directa, más de 450.000 por el sistema de módulos y el resto como sociedades.
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