Los competidores de Correos en el mercado postal español, agrupados en la patronal Asempre, no están dispuestos a dar por cerrada la causa en Europa contra la presunta sobrefinanciación del operador postal público por los Presupuestos Generales del Estado. Tras batallar por vía administrativa en la Comisión Europea para rebajar la asignación pública que recibe el operador estatal por la prestación del denominado Servicio Postal Universal - el núcleo de servicios de interés general que se deben prestar aún a pérdidas para garantizar el cumplimiento de la ley postal española -, lo que desembocó en una multa de 167 millones de euros por el periodo 2004-2010 y en un acuerdo entre Bruselas y el Gobierno de España que limitó a un máximo de 128 millones de euros la asignación anual para el periodo 2011-2020, el lobby ha decidido acudir al Tribunal de Justicia de la UE para recurrir la decisión de la Comisión respecto al periodo 2011-2020 con el argumento de que ignora una sobrecompensación del Estado español a Correos por un valor cercano a los 800 millones de euros, según aseguran fuentes conocedoras del recurso planteado por Asempre y ha confirmado a La Información la propia asociación profesional.
El recurso de la asociación profesional que aglutina a los operadores postales privados reabre el que en los últimos años se ha convertido en el principal foco de preocupación para el operador postal público, que ha visto no sólo como se desmoronaban los ingresos procedentes del negocio postal tradicional sino también los que le llegaban de los Presupuestos Generales del Estado a cuenta de la creciente presión externa sobre la retribución del Servicio Postal Universal. Tras los difíciles años de la crisis financiera, el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a acordar con el operador postal público una retribución anual de 220 millones de euros por la prestación del SPU, sin soporte jurídico alguno y sin respaldo en la información contable de la empresa del Estado, según han venido denunciando sus competidores, que han visto esa asignación como una especie de 'rescate encubierto' a la compañía con consecuencias devastadoras para la competencia en el mercado postal, decretada por ley en 1998.
La cifra por unas cosas u otras no se llegó a concretarse en la retribución prevista en los Presupuestos del Estado, pero aún así fue generando derechos para el operador estatal que llegó a acumular un 'colchón de seguridad' de 500 millones de euros a cuenta del Estado por los recursos que año tras año dejaban de transferírsele respecto a esa cantidad.
El castillo de naipes financiero construido durante esos años, que en ningún momento se sostuvo en el preceptivo Plan de Prestación que exige la Ley del Servicio Postal, empezó a caerse en 2018 cuando la Comisión Europea obligó al operador postal a reintegrar a las arcas públicas 167 millones de euros, tras una denuncia de los competidores del operador estatal, por los excesos de la asignación presupuestaria abonada entre 2004 y 2010 a la empresa público desde los Presupuestos del Estado. La sanción de Bruselas era el preámbulo de algo más grave, ya que Correos también tenía abierto un proceso por las asignaciones presupuestarias recibidas desde 2011, que nuevamente no contaban ni con el respaldo jurídico del preceptivo Plan de Prestación ni por la evaluación también preceptiva de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Las intensas negociaciones mantenidas con la Comisión Europea por Correos, la SEPI y el Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, consiguieron resolver el expediente de Bruselas con la fijación de una asignación anual máxima de referencia de 128 millones de euros para el periodo 2001-2020, que abrió la puerta a que Correos pudiera solventar el asunto sin tener que reintegrar otra cantidad millonaria al Estado y a costa de un fuerte recorte de la asignación prevista para 2020 - reducida a la mitad - para no exceder el techo pactado. La decisión de Europa, conocida en mayo de 2020, parecía la estación de término del proceso. No ha sido así.
Alrededor de 800 millones de financiación 'impropia'
Según las fuentes consultadas, el recurso de Asempre impugna la decisión de la Comisión Europea bajo el argumento de que ignora una serie de situaciones que se traducen en una sobrecompensación de unos 800 millones de euros, que Bruselas tendría, en su opinión, que haber obligado a reintegrar a las arcas del Estado por haberse recibido de manera impropia. Incluyen en esa 'bolsa' ayudas públicas que según los competidores de Correos la compañía habría percibido en el periodo 2011-2020, pero no habrían sido tenidas en cuenta por la Comisión; la incorporación, en opinión de los demandantes impropia, al coste del SPU de los servicios de notificación administrativa prestados a las Administraciones Públicas; el efecto de la no consideración en la multa impuesta a Correos en 2018 - por el periodo 2004-2010- de los descuentos excesivos aplicados por el operador postal en los grandes contratos y que Bruselas sí denunció en su resolución de mayo de 2020; y las exenciones fiscales en el IBI y el IAE de las que se beneficia Correos y que la Comisión tampoco tuvo en cuenta.
El proceso ante el TJUE está en la fase de alegaciones por parte de la Comisión Europea al recurso planteado por Asempre. Correos es, en realidad, un espectador más en un proceso que no le atañe de forma directa, pero cuya resolución sí que podría afectarle dentro de unos años. Mientras tanto, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de José Luis Ábalos continúa sin aprobar de forma definitiva el Plan de Prestación pendiente desde el año 2004, que se sometió el pasado otoño a la consideración de los actores afectados y a la de la CNMC, pero que meses después continúa sin ver la luz, probablemente a la espera de que Correos desbloquee su propuesta de Plan Estratégico, varada también ésta por la oposición de los sindicatos a un proyecto que entienden que supone un desmantelamiento encubierto del operador postal público.
La decisión de la Comisión Europea exigía entre otras cosas al Gobierno de España poner fin a la anomalía de que no existiera una metodología estable para determinar la asignación presupuestaria que le corresponde recibir al operador que presta el Servicio Público Universal y de que ésta se determinara de forma más o menos discrecional por parte del Gobierno de turno. La propuesta diseñada por el departamento de Ábalos parece construida para justificar las asignaciones presupuestarias percibidas por Correos durante el periodo 2011-2020, es decir, para justificar el aprovechamiento íntegro de esos 1.280 millones de euros que Bruselas estableció como techo máximo de la retribución del SPU para ese periodo de referencia y que ya se han asignado al operador postal en su totalidad.
Sin embargo, las condiciones establecidas en el mismo no convencen a la CNMC, que desacredita algunas de las premisas fijadas por Fomento, ve manifiestamente mejorables otras y concluye que el esquema podría resultar en una 'sobrefinanciación' para el operador postal público. El asunto tiene su importancia porque la CNMC es el regulador del mercado postal y el garante de la adecuada competencia en el mismo. En el caso de que Fomento no asumiera las recomendaciones realizadas por la CNMC sobre el Plan de Prestación del SPU, Competencia podría entender que el esquema diseñado por Fomento consolida una sobrefinanciación del SPU y podría incoar un expediente para exigir a Correos el reintegro a las arcas del Estado de los recursos recibidos de más por el periodo 2011-2020. La controversia por la asignación presupuestaria a Correos está lejos de estar resuelta.
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