El cisma político hiere de muerte el Pacto de Toledo y frena el debate de pensiones

"Si fuera por nosotros creo que llegaríamos a un acuerdo sin demasiados problemas, pero hay factores exógenos que probablemente no lo permitirán". La confesión pública corresponde al portavoz del Grupo Vasco (PNV) en la Comisión permanente del Pacto de Toledo, Íñigo Barandiarán, y es ratificada en privado de manera más o menos explícita por los representantes de al menos otros tres grupos parlamentarios. 

Atascada desde hace cerca de tres meses - en buena medida también por posicionamientos tácticos de los partidos- en el debate sobre la actualización de las pensiones y la oportunidad de volver o no a un esquema general que blinde el poder adquisitivo de los pensionistas, el diálogo para la definición de la hoja de ruta que deberán seguir los gobiernos de España en los próximos años para garantizar el futuro de las pensiones avanza a toda pastilla hacia una vía muerta, arrastrado por la falta de motivación de los aparatos de los partidos para firmar un acuerdo en el actual contexto político en confrontación.

La portavoz de Podemos en la Comisión, Aina Vidal, lo aseguró sin ambages en una mesa de debate organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE): las posiciones en el Pacto de Toledo están condicionadas por los intereses partidistas de las distintas formaciones. Es decir, nada de que la Comisión sirva para aislar el debate sobre el futuro de las pensiones del ruido de la refriega política, ésta se ha filtrado ya hasta el corazón del símbolo máximo del consenso parlamentario desde los Pactos de la Moncloa y no hay vuelta atrás.

Cuestionados abiertamente sobre las posibilidades de cerrar un acuerdo tras el nuevo escenario político abierto tras la moción de censura, solo la portavoz del Grupo Socialista, Mercé Perea, se mostró confiada en lograrlo. La posición mayoritaria es que aún persisten muchas diferencias que limar y que la moción de censura les sitúa mucho más cerca de "irnos a nuestras provincias de pedir el voto" que de cerrar un documento de recomendaciones.

Dentro de la Comisión incluso se ha planteado la posibilidad de cerrar un acuerdo parcial sobre aquellas cuestiones sobre las que ya existe un consenso para no tirar por la borda año y medio de intenso trabajo. Pero aquí las objeciones vienen de más arriba. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, rechaza de plano esta posibilidad. El argumento viene a ser que el acuerdo del Pacto de Toledo o será completo o no será.

Las últimas semanas ya habían arrojado indicios preocupantes de la marcha de las negociaciones en el seno del Pacto de Toledo. Las noticias sobre aproximaciones en las posturas en relación a unos u otros asuntos han sido sustituidas por posicionamientos cada vez más difíciles de conciliar con un grado mínimo de consenso. El Grupo Socialista replicó a la maniobra de Montoro de asegurar que financiaría la subida de las pensiones con un nuevo impuesto a las grandes tecnológicas con el planteamiento de hacerlo con un impuesto a la banca o a las transacciones financieras; Podemos se enganchó a la propuesta de las plataformas de movilización de los pensionistas a favor de equiparar las pensiones mínimas al Salario Mínimo; y Ciudadanos se ha descolgado en los últimos días con la idea de acelerar la entrada en vigor de la jubilación legal a los 67 años como fórmula de ahorro.

Todo empezó con las movilizaciones

Las movilizaciones de pensionistas desencadenadas por la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y la mínima subida del 0,25% de sus nóminas en plena recuperación económica fue el primer factor en agrietar la voluntad de consenso en el Pacto de Toledo. La negociación sobre la 'recomendación segunda' que hasta entonces se movía puertas adentro entre modificar el IRP para hacerlo más generoso o subir el porcentaje mínimo de subida de las pensiones previsto en la ley del 0,25% al 0,5% o incluso el 1% saltó por los aires y se transformó en un pulso público entre los partidarios de volver al IPC como referencia de revalorización de las pensiones y el PP, partidario de mantener el sistema actual con algún ajuste puntual.

Uno de los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo admite que la exigencia planteada esos días por el Grupo Socialista de aparcar el análisis del resto de recomendaciones para centrarse en la búsqueda de un sistema alternativo de revalorización de las pensiones, como exigían decenas de miles de jubilados en las calles, paralizó los avances de la Comisión - que hasta entonces había encarrilado más o menos la mitad de las recomendaciones - y condujo hacia la actual situación de bloqueo. 

Ahí arrancaron las posturas maximalistas o los posicionamientos firmes. El PSOE, que desde el principio había defendido la necesidad de buscar un sistema de actualización de las pensiones más generoso y que se acercara más al IPC, situó la recuperación del IPC como referente único para la revalorización de las pensiones como una línea roja de negociación. Y el PP, 'obligado' por la presión social a arbitrar una subida extra de las pensiones mínimas y de las más bajas del sistema por encima del 0,25%, se encastilló en el mantenimiento del IRP salido de la reforma de 2013 y en la utilización de los fondos del Estado para financiar cualquier subida por encima del 0,25%. Los intentos de la Comisión por arbitrar un esquema a medio camino entre ambas posiciones, que resultaron en una propuesta diseñada por el diputado del PdCat, Carles Campuzano, y que instaba a tener en cuenta "fundamentalmente" el IPC y a habilitar la opción de la financiación por parte del Estado, tampoco han servido para alcanzar el consenso buscado.