El acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de enero de 2021 constituye el sexto gran pacto del diálogo social en lo que va de legislatura. Todo un récord para la coalición progresista, que allana el camino hacia la derogación parcial de la reforma laboral del PP, tal y como vaticinan fuentes del diálogo social. Los primeros retoques se producirán antes de que acabe el año, según el calendario que maneja el Ministerio de Trabajo, por lo que una vez cerrado este último acuerdo 'de emergencia', Yolanda Díaz va a llevar a la mesa de negociación, a la mayor brevedad posible, varias de las cuestiones marcadas en rojo en su agenda legislativa.
Con el acuerdo cerrado con los agentes sociales para prorrogar los ERTE, el Gobierno pretende salvar la temporada otoño-invierno y entrar de lleno en la recuperación, tal y como aseguró ayer Díaz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esto significa que el marco establecido tras las duras negociaciones que se han desarrollado estos días con patronal y sindicatos, que se extenderá hasta entrado el próximo año, va a permitir a los agentes sociales centrar sus esfuerzos ahora en otros asuntos. El primero y más urgente: la regulación laboral de los denominados 'riders'. Después vendrá la derogación de algunos de los aspectos cruciales de la reforma laboral de 2012, los considerados "más lesivos" por el Gobierno de coalición.
"La ministra tiene mucha prisa en poner sobre la mesa el tema de los 'riders', más aún tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo", avanzan fuentes del diálogo social. Ayer mismo Díaz adelantó que su departamento va a seguir la estela de los tribunales que han considerado a estos trabajadores como falsos autónomos, porque "una persona en bicicleta no es un emprendedor", ya que "no hay ningún margen de autonomía en su relación laboral". De este modo, la regulación que ya está elaborando su Ministerio se someterá al diálogo social y la intención es clarificar la naturaleza laboral de la relación entre estos trabajadores y sus empresas. "El Gobierno progresista va a acometer esta reforma con rapidez", anunció la ministra.
El siguiente paso en la agenda legislativa de Yolanda Díaz pasa por empezar a 'desmontar' la legislación laboral vigente, que diseñaron Mariano Rajoy y la exministra de Empleo, Fátima Báñez. Según se recoge en el Plan Anual Normativo del Ministerio, la intención es aprobar en la recta final del año una ley que modifique "la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial". La idea, en líneas generales, es derogar la parte que da prioridad a la aplicación de los convenios de empresa sobre los sectoriales y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo (ultraactividad), además de limitar la subcontratación a servicios especializados que no constituyan la actividad principal de la empresa.
El asunto de la subcontratación no es baladí. Hay que recordar que la patronal ya se plantó ante esta propuesta de reforma por parte de Trabajo el pasado mes de febrero, por entender que aparejaba graves consecuencias para el tejido productivo y el empleo al hacer "inviable" la supervivencia de muchas empresas. Ahora, fuentes de la CEOE adelantan que, si bien estarían dispuestos a tratar en las mesas con el Gobierno y los sindicatos cuestiones relacionadas con la negociación colectiva, como la prevalencia de los convenios de sector o la ultraactividad, las intenciones de la ministra Díaz en materia de subcontratación "inquietan y preocupan", por lo que de llevarse este tema al diálogo social auguran una "batalla importante".
No significa, por tanto, que el camino hacia la derogación de la reforma laboral vaya a ser "de rosas", si bien es cierto que la responsable de la cartera de Trabajo ha demostrado una gran capacidad para alcanzar acuerdos con la patronal, incluso en cuestiones en las que los empresarios se han pronunciado abiertamente en contra, como es la regulación del teletrabajo. "La contrarreforma laboral se va a tratar y seguramente se acabe pactando, siempre bajo la filosofía del control de daños que ha imperado en las negociaciones desde que se formó este Gobierno", auguran fuentes de la patronal. "No quiere decir que vaya a ser sencillo, ni mucho menos, pero durante estos meses hemos comprobado cómo acuerdos que en un principio parecían imposibles acaban saliendo adelante por unanimidad", matizan.
No obstante, fuentes empresariales aclaran que los pactos alcanzados hasta ahora en el marco del diálogo social han sido "de urgente necesidad", empezando por el primero, que fue el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 950 euros, al que acabaron cediendo. Y anticipan que a partir de ahora las negociaciones sobre cuestiones estructurales van a ser "muy duras". Si bien las fuentes consultadas recuerdan las palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien se ha definido abiertamente como "pactista" y adelantan que en próximas conversaciones la patronal puede poner sobre la mesa cuestiones como el levantamiento del veto a los despidos para acabar cediendo en otros frentes.
La ministra Díaz puso en valor ayer el diálogo social como "vía adecuada para defender las instituciones" y acusó a "los que crispan" de no tener "proyecto de país", sin hacer referencias explícitas a partidos políticos pero con un claro mensaje hacia el PP. Además, aseguró que "no hay mayor seguridad jurídica que la que puede dar un diagnóstico compartido" y, en este sentido, justificó que el acuerdo "definitivo" para los ERTE se haya dilatado por la necesidad de dar más tiempo a la patronal para que se sumara al pacto. "Entendimos que era mejor esperar que acordar solo son los sindicatos", zanjó. Fuentes cercanas a su departamento indican que esta es la filosofía que va a imperar en los próximos meses de cara a la reforma laboral, porque el diálogo social es "la marca de la casa".
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