Tal día como hoy, hace exactamente un año, la patronal y los sindicatos rubricaban el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Después de meses de retraso, arduas negociaciones y hasta abandonos de la mesa, los representantes de los empresarios y de los trabajadores alcanzaban el pacto para subir los sueldos hasta un 3% y avanzar hacia un salario mínimo en convenio de 1.000 euros en 2020. Pero el documento que firmaron CEOE, Cepyme, CCOO y UGT incluía, al margen del aspecto salarial, una decena de acuerdos cerrados en el ámbito bipartito que debían ser desarrollados con el Gobierno. Toda una batería de medidas que ha quedado en agua de borrajas tras doce meses marcados por el bloqueo político, la inestabilidad institucional y, sobre todo, los desencuentros constantes entre los agentes sociales.
Un año después, se puede afirmar que la negociación colectiva ha cumplido en materia salarial. La subida media pactada en los convenios colectivos registrados hasta mayo (último dato disponible) se situó en el 2,21%, seis décimas por encima del alza registrada un año antes y cumpliendo así con lo establecido en el IV AENC, que recomienda para cada uno de los años de vigencia (2018-2020) un incremento salarial fijo del 2%, más un punto adicional variable ligado a factores como la productividad, los resultados o el absentismo en las empresas.
Sin embargo, el documento que firmaron el 5 de julio de 2018 el entonces presidente de la CEOE, Juan Rosell y su sucesor en el cargo –antes presidente de Cepyme– Antonio Garamendi, con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, recoge un decálogo de medidas pactadas en el diálogo bipartito "que deben ser desarrolladas en el ámbito tripartito con el Gobierno de España". Transcurrido ya un año desde entonces, poco (o nada) se ha avanzado en el ámbito tripartito.
El documento que se firmó en presencia de la exministra de Empleo Fátima Báñez y la actual titular de Trabajo Magdalena Valerio (acababa de producirse el relevo en la cartera) insta al Ejecutivo a modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar las condiciones laborales en las subcontratas. También propone las reducciones temporales de jornada como alternativa al despido.
Entre otras cuestiones, las organizaciones sindicales y empresariales piden establecer un marco de diálogo para alcanzar un acuerdo en materia de formación profesional. Asimismo, se solicitan a la administración cambios legales para posibilitar la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación y se traslada a la negociación con el Gobierno la necesidad de recuperar el contrato de relevo en las condiciones de su puesta en marcha.
Igualmente se propone la creación de un observatorio para controlar el absentismo, se plantea la necesidad de acordar un plan de lucha contra la economía sumergida y se insta a desarrollar todo un paquete de medidas para favorecer la igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres.
"Más allá de la valoración positiva que hacemos de la evolución del acuerdo en materia salarial, en el resto de los puntos del documento no ha habido ningún avance", denuncia el secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino, quien considera que las pocas medidas que se han aprobado en estos meses en materia laboral, como la obligatoriedad del registro de jornada o de los planes de igualdad en las empresas de más de 50 trabajadores "son claramente insuficientes".
Por su parte, la directora de Relaciones Laborales de la CEOE, Rosa Santos, asegura en declaraciones a Efe que algunos de los puntos acordados en el AENC han quedado "superados" por las normas aprobadas en los últimos meses, como el decreto ley de igualdad laboral, y confía en que la formación del nuevo Gobierno permita a los agentes sociales sentarse a abordar otros asuntos, como el absentismo o la economía sumergida, en las mesas del diálogo social.
Precisamente, hace apenas un mes tuvo lugar la primera reunión de la comisión de seguimiento del IV AENC. Fuentes sindicales y empresariales revelan que aquel encuentro estuvo centrado en el registro horario y solo sirvió para constatar el desacuerdo entre las partes, incapaces de consensuar una recomendación para su aplicación en las empresas.
Debilidad del Gobierno
Ni la implantación del registro horario ni la obligatoriedad de elaborar y registrar los planes de igualdad en las empresas con más de 50 trabajadores (con un periodo de adaptación de hasta tres años para las compañías más pequeñas) convence a los interlocutores sociales. Son dos de las medidas más relevantes de política laboral decretadas por el Gobierno socialista y en su elaboración no se tuvo en cuenta ni a la patronal ni a los sindicatos. Como tampoco se contó con ellos para aprobar la subida del salario mínimo hasta 900 euros.
Tras constatar su debilidad parlamentaria (84 diputados), los socialistas aparcaron su intención de derogar la reforma laboral del PP y apostaron por poner en marcha un nuevo estatuto "del siglo XXI". Sin embargo, el bloqueo político tampoco ha permitido al Ejecutivo avanzar en esta aspiración y, con el atasco previo en el diálogo social, lo poco que han podido sacar adelante ha tenido que ser por la vía del real decreto ley.
Hay que recordar que a finales del año pasado el Gobierno y los sindicatos llegaron a cerrar un preacuerdo para derogar los "aspectos más lesivos" de la reforma laboral de Mariano Rajoy del que quedó excluida la patronal. Se pactó, entre otros asuntos, restablecer la ultraactividad (vigencia ilimitada) de los convenios colectivos y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, se incluyó la limitación a la subcontratación con la obligatoriedad de que las empresas auxiliares adopten el convenio sectorial o el de la empresa principal y la recuperación del subsidio para mayores de 52 años.
Esta última medida acabó aprobándose por real decreto. El resto de aquel preacuerdo no llegó a cuajar por la negativa de la patronal a apoyarlo. "El Gobierno se echó atrás", critica Pino. Ahora, con la investidura de Sánchez en el aire, los agentes sociales esperan a que se forme el nuevo Gobierno para retomar las negociaciones. Los sindicatos ya han advertido de que si no hay cambios en la reforma laboral, habrá conflicto.
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