Los trabajadores que salgan de sus empresas como consecuencia de la oleada de procesos de ajustes de plantilla desencadenada por las empresas en los últimos meses pueden respirar algo más tranquilos. El Gobierno ha aceptado la posición defendida con especial intensidad por CEOE y Comisiones Obreras en el marco de la negociación de la reforma de pensiones en orden a garantizar a los trabajadores afectados por estos procesos la no aplicación del nuevo y más severo régimen de penalizaciones a la jubilación anticipada ideado por el equipo de José Luis Escrivá con el doble objetivo de evitar la salida masiva de trabajadores del mercado laboral antes de la edad de jubilación y de acabar también con la distorsión de que los que acreditan unos niveles de cotización más altos vean menos penalizada su pensión por jubilarse antes que aquellos en unos niveles salariales medios y bajos.
El principio de acuerdo alcanzado entre Gobierno, empresarios y sindicatos sobre los contenidos de la primera fase de la reforma de las pensiones - entre los que estarán el nuevo sistema de revalorización de las pensiones con el IPC, los incentivos a la prolongación de la vida laboral y el nuevo esquema de penalizaciones a la jubilación anticipada - prevé, según ha adelantado El País y ha confirmado La Información en fuentes del diálogo social, la regulación de una cláusula de salvaguarda, que garantizará a los trabajadores afectados por los procesos de ajuste de plantilla que se cierren antes de la entrada en vigor de la nueva norma la aplicación de las condiciones establecidas en la legislación actual y, por tanto, un recorte sobre su pensión futura bastante menos severo del que tendrían si se aplicaran las condiciones de la reforma promovido por José Luis Escrivá.
El Gobierno pretende tramitar esta reforma estructural, fundamental desde la óptica de la Comisión Europea, como proyecto de ley y su entrada en vigor se espera ya para el año 2022. Ese 'timing' abre una ventana de en torno a seis meses para que empresas y sindicatos pueden acordar los ajustes de plantilla que consideren oportunos en unas condiciones bastante más favorables de las que habrá a partir del año que viene, en el que empezarán a aplicarse los nuevos coeficientes reductores acordados en la reforma. "Ha habido ya bastante movimiento, pero si esto se confirma será un acicate para que las empresas que ya tenían programado un ajuste de plantilla aceleren la negociación del mismo para cerrarlo este año...y es posible que también para que otras que no lo tenían previsto opten por hacerlo", asegura un abogado de una importante firma especializada en asesoría de empresa.
Entre las empresas había preocupación por el efecto que una entrada en vigor inmediata del nuevo régimen de penalizaciones pudiera tener sobre los procesos de ajuste de plantilla en ciernes, ya que al penalizar más la jubilación anticipada y reducir más la pensión futura a recibir por los trabajadores afectados amenazaba con endurecer tanto la negociación como la factura de los mismos. El ministro de Inclusión y Seguridad, José Luis Escrivá, se encargó de resolver parte de esas dudas en las últimas semanas al datar en 2022 la entrada en vigor del nuevo esquema y el preacuerdo alcanzado con el diálogo social para introducir esa 'cláusula de salvaguarda' parece terminar de aclarar el panorama.
Por su parte, el sindicato CCOO había manifestado en la mesa de negociación su inquietud por la posibilidad de que la reforma del Gobierno tuviera efectos negativos sobre trabajadores que salieron de su empresa con unas determinadas condiciones y que ahora se podrían encontrar una pensión sensiblemente más baja de la que previeron por un cambio regulatorio sobrevenido. Esto es así, según explican fuentes del área jurídica de la Seguridad Social, porque en la legislación de este ámbito prevalece el principio del 'hecho causante' y por tanto a los trabajadores prejubilados se les aplica el marco regulatorio existente en el momento en que acceden al sistema - cuando solicitan su pensión por jubilación anticipada -, no el que había en el momento en que cerraron el acuerdo con su empresa para salir antes de tiempo de la misma.
Una medida que encarecerá los ERE
El asunto había alcanzado la categoría de crítico en un turbulento contexto laboral en el que las empresas han prescindido en los últimos meses de más de 45.000 trabajadores a golpe de ajuste de plantilla. La 'cláusula de salvaguarda' pactada en el ámbito del diálogo social impedirá que miles de trabajadores que han aceptado en el curso del último año irse a sus casas con 55 años o más con la expectativa de salir hacia la jubilación anticipada en unas determinadas condiciones una vez finalice la compensación en forma de salario mensual comprometida por su empresa se encuentren un panorama sensiblemente más árido cuando les toque recibir su pensión pública. A efectos prácticos, y según las tablas difundidas por el propio Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la diferencia para un trabajador que acredite menos de 38 años y medio cotizados va de experimentar un recorte del 16% sobre su base reguladora a sufrir un tijeretazo del 21% en la pensión de jubilación que recibirá hasta su fallecimiento.
El panorama se antojaba mucho más tétrico para los llamados 'prejubilados VIP', los trabajadores de banca o de grandes empresas del Ibex que aceptan voluntariamente abandonar la empresa a través de los llamados 'planes de bajas incentivadas', que en la mayoría de los casos han cotizado la mayor parte de su carrera profesional por la base máxima y a los que la legislación actual topa al 4% el recorte máximo que se puede aplicar sobre su pensión definitiva, en compensación por el hecho cierto de que su contribución a las arcas públicas siempre será muy superior al gasto que genera su pensión. En el esquema diseñado por Escrivá ese recorte llegará a ser del 21%.
El nuevo escenario regulatorio, en el que el Gobierno confía para elevar la tasa de empleo en el segmento de entre 55 y 64 años del 53% escaso en que se mueve en la actualidad hasta un 67%, aspira a reducir el porcentaje de personas que abandonan el mercado de trabajo antes de la edad legal de jubilación, pero tendrá como efecto indirecto el encarecimiento de los grandes planes de ajuste de las empresas que en los últimos años siempre se han apoyado en enviar para casa a sus trabajadores de mayor edad.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya dio el primer paso en ese sentido con la aprobación de la llamada 'enmienda Telefónica', que empezó a cargar a las empresas el coste para las arcas de los Servicios Públicos de Empleo de las prestaciones por desempleo que correspondía abonar a los trabajadores prejubilados en el marco de esos procesos. La medida sólo afectaba a las empresas con más de 500 trabajadores y que tuvieran beneficios en el momento de aprobar el ajuste de plantilla, pero supuso un primer paso en el reto de impedir que empresas y sindicatos negociaran las condiciones de esos ajustes apoyándose en las coberturas previstas por la red de protección social pública.
Los ajustes de plantilla de grandes empresas, no obstante, han continuado después de ese cambio legal exprimiendo las posibilidades que ofrece el sistema de protección pública. Los programas de bajas incentivadas cubren un porcentaje de los salarios de los trabajadores hasta que tienen la oportunidad de entrar en el sistema de pensiones, esto es, dos años antes de alcanzar su edad legal de jubilación, y a partir de ahí su nómina mensual pasa a depender de la Seguridad Social. Fuentes sindicales advierten de que desde esta perspectiva el endurecimiento de las penalizaciones por jubilación anticipada se traducirán en un encarecimiento de los planes de ajuste de las empresas.
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