El pasado 2 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba desde la tribuna del Congreso de los Diputados que el primer eje del plan nacional de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania sería "un gran pacto de rentas" que permitiría distribuir el coste de la crisis económica entre empresarios y trabajadores y evitar una perniciosa espiral inflacionista. Pero, dos meses después, la negociación entre la patronal y los sindicatos ha fracasado y el Ejecutivo se ha quedado sin la principal arma para luchar contra los temidos efectos de segunda ronda de la inflación.
Las consecuencias del fiasco del pacto salarial serán graves. La fijación de un tope al precio del gas para rebajar la factura eléctrica -cuya aprobación está todavía pendiente de concretar el mecanismo con Bruselas- será insuficiente para contener la escalada generalizada de los precios porque la cesta de la compra que es ajena a los productos energéticos se está encareciendo por su propia cuenta y rompiendo todas las barreras. La inflación subyacente, que excluye los precios de la energía, se sitúa ya en el 4,4%, muy por encima del nivel que marca la estabilidad, que el Banco Central Europeo fija en el 2%. Y solo un pacto de rentas puede frenar esa espiral, según el Banco de España.
La ausencia de un pacto de rentas es, en estos momentos, un peligro económico de primer nivel para el Banco de España, que maneja cálculos internos que subrayan los beneficios de una política de rentas exitosa y reflejan que la economía española crecerá un punto y medio menos de aquí a 2024 si se produce una espiral inflacionista. "El MTBE permite estimar el efecto sobre la actividad y el empleo de una reacción del resto de los precios nacionales y de los salarios privados en línea con el efecto directo del aumento del precio de la energía sobre el nivel general de precios. El impacto negativo acumulado sobre la actividad y el empleo, en diferencias respecto a las proyecciones actuales, si se produjese esta traslación completa, podría ser de aproximadamente 1,5 puntos porcentuales en 2024", subrayó recientemente el gobernador Pablo Hernández de Cos.
El Gobierno es consciente de este peligro y, por eso, distintos ministros del área económica llevan semanas presionando a los agentes sociales para que alcancen un acuerdo en materia salarial. Pero las presiones de Moncloa no han surtido efecto y la patronal y los sindicatos han cerrado en falso las negociaciones. El Ejecutivo no ha intervenido de manera directa en esta mesa, ya que el ámbito de las recomendaciones de negociación colectiva corresponde al diálogo bipartito entre CEOE y Cepyme, CCOO y UGT. Pero fuentes del diálogo social aseguran que los teléfonos han echado humo en las últimas semanas, con llamadas constantes de ministros y secretarios de Estado a presidentes patronales y secretarios generales sindicales.
Las negociaciones se han cerrado en falso porque, pese a que en la última reunión celebrada este jueves se dio por imposible el acuerdo, los agentes sociales no descartan volver a sentarse a hablar en algún momento a lo largo de los próximos meses, cuando la inflación se sitúe en tasas más moderadas y permita aproximar posiciones. El pacto no ha sido posible ahora porque las partes se han enrocado: los sindicatos exigiendo cláusulas de revisión anual con el IPC para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y la patronal rechazándolas para evitar una espiral de precios. Pero desde ambos bandos reconocen que un IPC más bajo facilitaría un acuerdo y ese escenario es plausible después de los meses de verano.
Funcionarios versus pensionistas
Pero, de momento, no hay pacto de rentas. El Gobierno quería que los agentes sociales alcanzaran primero un acuerdo en el marco del AENC para después incorporar esa recomendación a la subida salarial de los funcionarios, pero, en ausencia de ese pacto entre patronal y sindicatos, el Ejecutivo ya le ha comunicado a la Comisión Europea que planea subir los sueldos públicos un 2,2% en 2023. Fuentes gubernamentales admiten que los salarios de los empleados públicos están "contenidos", pero reconocen que, desde el Ejecutivo, no pueden "contribuir a la inflación". De ahí que la pérdida de poder adquisitivo para este colectivo sea inevitable este año.
Caso aparte son los pensionistas, que tienen blindado su poder adquisitivo por ley. La reforma ha entrado en vigor en el peor momento posible y la indexación de las pensiones al IPC está causando una gran preocupación en Bruselas, pero el Gobierno no puede ni quiere incumplir el compromiso adquirido con nueve millones de pensionistas que verán revalorizada su nómina en 2023 con el IPC medio registrado en los doce meses previos a diciembre de este año, que Economía y Hacienda calculan en un 6,1%, según le han comunicado a las autoridades europeas en el Programa de Estabilidad. De modo que los pensionistas en ningún caso formarán parte de un eventual pacto de rentas, tal y como se ha venido explicando en estas páginas.
La patronal y los sindicatos no han sido capaces de ponerse de acuerdo sin la tutela del Gobierno. El choque sobre las cláusulas de garantía salarial ha sido total. Y ahora el Ejecutivo tiene un serio problema, porque no tiene ninguna capacidad legal de intervenir en la fijación de salarios ni en la moderación de márgenes empresariales, más allá de prohibir a las empresas que reciban ayudas públicas repartir beneficios entre sus accionistas. Y esa contención cruzada es crucial para evitar que la espiral de precios siga creciendo, más allá del efecto que pueda surtir sobre el IPC la rebaja de la factura energética derivada del tope al gas, que aún está por cristalizar. La preocupación en el Banco de España por el impacto que esa bola de nieve pueda tener sobre el desempeño de la economía en los próximos meses es importante.
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