País Vasco, Galicia y Asturias abandonan Bruselas sin solución para el naval

Bruselas, 11 jul.- El lehendakari Íñigo Urkullu y los presidentes de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Asturias, Javier Fernández, salieron hoy de la reunión que tuvieron con la Comisión Europea sin una solución sobre las ayudas al sector naval sobre las que Bruselas decidirá el 17 de julio.

"Sigo manteniendo mi preocupación porque hoy evidentemente no ha habido una respuesta definitiva ni tampoco satisfactoria", explicó al término del encuentro Urkullu, quien reclamó una intervención directa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Hacemos una apelación al presidente del Gobierno español en este sentido para que se pronuncie ante el colegio de comisarios y especialmente ante el presidente de la Comisión Europea (José Manuel Durao Barroso", señaló, después de la reunión que la delegación española mantuvo con el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia.

Los líderes regionales acudieron a Bruselas junto al ministro de Industria, José Manuel Soria, los secretarios generales de los sindicatos UGT, Cándido Méndez, y CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el presidente de Pymar, la sociedad que agrupa a los 19 astilleros privados españoles, Álvaro Platero.

Urkullu aseguró que se están manteniendo "reuniones y contactos a todos los niveles" desde los gobiernos autonómicos y desde el Ejecutivo central, atendiendo a todos los comisarios del colegio, y afirmó que se va a continuar con esa labor.

Según el lehendakari, "aún hay tiempo" para que la CE introduzca cambios en su posición, por lo que hay que aprovechar al máximo los días que quedan hasta el 17 de julio tanto con Almunia como con los demás comisarios europeos.

"Mantengo la preocupación", sostuvo el lehendakari, al tiempo que confió en que Almunia "pueda avanzar en esos cambios y hacer más todavía" para tener en cuenta los argumentos jurídicos, políticos y económicos que le han planteado para proteger el futuro del sector naval en España y en la UE.

Urkullu afirmó que además existe un argumento de peso que es la inacción de la propia CE desde que por primera vez se manifestó preocupación por la legalidad de estas ayudas españolas.

"No entenderíamos una sanción que se retrotraiga hasta 2005 sino que pensamos que en todo caso tiene que tener en cuenta la fecha de incoacción de expediente que da lugar a esta sanción", agregó.

Feijóo, por su parte, sostuvo que la nueva propuesta de la CE -que dejaría fuera de la devolución de ayudas a astilleros y armadores- "va en la buena dirección", pero "no arregla el problema".

"Sin financiación los armadores, los clientes, no van a solicitar nuevos pedidos; y sin financiación, la fábrica, los astilleros, no van a poder hacer barcos", indicó.

Feijóo también se mostró dispuesto a seguir trabajando hasta el 17 de julio y reclamó que el Gobierno español se dirija a las autoridades europeas para defender al naval.

"No hemos podido solucionar todavía el problema, seguimos todavía con problemas para asegurar la viabilidad futura de los 87.000 puestos de trabajo que este sector naval", concluyó.

Fernández también destacó que lo que ha ofrecido la CE hasta ahora "no es suficiente" y que se mantiene "el riesgo de colapso de los astilleros".

Fernández precisó que es clave que la devolución de las ayudas solo se exija a partir de 2011, momento en que la Comisión inició su investigación, porque hasta ese momento los astilleros se limitaron a aplicar unas normas que no se sabía que no estaban acorde con el mercado común.

"Igual que ha habido cambios ya sobre el primer borrador, esperamos que los haya (sobre el segundo) porque sino estaríamos en una situación muy complicada para el sector", comentó.

"Espero que el comisario de Competencia lleve (al colegio de comisarios) una propuesta que recoja esa petición unánimemente le hemos hecho", añadió Fernández.

España reclama que la CE no exija la devolución total de los más de 2.000 millones de ayudas concedidas al sector naval entre 2005 y 2011, sino sólo a partir de 2011, lo que afectaría a una cantidad inferior a los 1.000 millones.

Almunia adelantó en un primer momento que iba a proponer a la CE la devolución de las ayudas fiscales al Estado español por parte de los inversores y armadores, pero en una segunda oferta limitó la medida a los inversores.

Todos los representantes españoles que acudieron hoy a Bruselas coincidieron en que esa segunda oferta sigue siendo insuficiente porque supondrá el cierre de todas las empresas y la desaparición de 87.000 empleos.