La reforma laboral de 2012 abolió la autorización administrativa previa para poder ejecutar un ERE y estableció un sistema mucho más ágil y también más controvertido bajo la regla general de que cualquier empresa podía reducir su plantilla si acumulaba tres trimestres consecutivos de pérdidas. El Ministerio de Trabajo ya anunció que acabaría con esta situación y hace un par de meses presentó una propuesta a los agentes sociales en virtud de la cual no sólo se pretende reimplantar la autorización administrativa previa, sino que se quiere habilitar a la Inspección de Trabajo para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales para plantear un ERE pero también su eventual proporcionalidad, e incluso empodera a los trabajadores afectados para que puedan paralizar bajo algunas circunstancias el proceso si estiman que su inclusión en el ajuste no está justificado.
Según un representante de CEOE, el esquema planteado por Trabajo "no es que vuelva a la situación anterior a la reforma laboral de 2012, es que nos regresa a lo que había en los años 80". La inquietud en relación a la 'contrarreforma laboral' que el Ministerio que dirige Magdalena Valerio está negociando con los agentes sociales no alcanza solo a la CEOE. El Ministerio de Economía, que no le quita ojo al mercado de trabajo, ya ha analizado las principales medidas que el Gobierno quiere sacar adelante en este segundo paquete laboral y ha concluido que es necesario suavizar algunas de ellas para no introducir demasiadas incertidumbres en un mercado laboral que camina, como la economía, hacia la desaceleración, según aseguran a La Información fuentes del área económica del Gobierno de Pedro Sánchez.
La fuentes consultadas aclaran que no se trata ni mucho menos de una enmienda de totalidad. El Ministerio de Economía comparte el objetivo político marcado por Magdalena Valerio de revertir los aspectos que sindicatos y Gobierno - y en algunos casos hasta CEOE - entienden más perniciosos de la reforma laboral abordada por el Gobierno de Mariano Rajoy nada más aterrizar en La Moncloa.
Existe, por ejemplo, un consenso casi total respecto a la recuperación de la prioridad aplicativa del convenio de sector sobre el convenio de empresa en lo referente a marco salarial y jornada anual de trabajo, dejando para el pacto laboral de empresa el detalle de las condiciones laborales o la distribución de esa jornada a lo largo del día, la semana o el mes, una medida que ve con buenos ojos hasta la CEOE porque recupera la capacidad de negociación de las organizaciones sectoriales y territoriales respecto a las empresas concretas.
Más dudas despiertan otros asuntos, como el de los ERE antes mencionado, la regulación de la subcontratación o la ultraactividad en los convenios. El Gobierno pretende incrementar las dificultades de realizar una regulación de plantilla, quiere liquidar la posibilidad de que las subcontratas puedan utilizar el contrato de obra o servicio para atender los trabajos que se les encargan y se inclina por reinstaurar el tratamiento de la ultraactividad anterior a la reforma laboral de 2012, que blindaba las condiciones del convenio colectivo caducado en tanto no se pactara un nuevo convenio entre los negociadores.
Según se interpreta desde el ámbito empresarial, el Gobierno habría optado por plasmar en el Real Decreto - que se espera para las próximas semanas - una apuesta de máximos con el horizonte probable de que luego en la tramitación parlamentaria del mismo como proyecto de ley se suavizara a golpe de enmienda por parte del PDeCAT y el PNV. Un escenario para el que la propia CEOE ya ha empezado a prepararse.
Sin embargo, las fuentes gubernamentales consultadas no creen que ese escenario llegue a darse. Según su relato, el Ministerio de Economía no quiere exponerse al posible impacto sobre el mercado de trabajo de una 'contrarreforma laboral' de máximos y está maniobrando para plantear de partida una redacción algo más suave y menos inquietante para los empresarios.
No es la primera vez que la ministra de Economía, Nadia Calviño, hace valer su condición de máxima responsable de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para moderar el discurso económico del Gobierno, ya lo hizo tras analizar el paquete de medidas para generar nuevos ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social, moderando la subida de las bases máximas. La ministra de Economía ha ordenado que todas las medidas de política económica sean evaluadas por los técnicos del Ministerio antes de elevarse a la Comisión Delegada para su aprobación.
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