Montevideo, 2 sep.- El fantasma del conflicto entre Uruguay y Argentina por una planta de celulosa de la empresa UPM en la frontera común ha vuelto a asomarse por un posible cese de actividades de la empresa si no se le permite aumentar su producción y una protesta de ecologistas argentinos contra esa posibilidad.
El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, admitió hoy que existe "extrema preocupación" en ese departamento uruguayo que alberga la planta en los límites con Argentina por la advertencia de la finlandesa UPM (antigua Botnia) de parar temporalmente su actividad, lo que llevaría a unos 5.000 trabajadores al seguro de desempleo.
En declaraciones a radio El Espectador, Lafluf aclaró que hasta el momento "el Gobierno todavía no le ha comunicado a la empresa la negativa del aumento de producción".
El pedido de UPM de aumentar en 200.000 las 1,1 millones de toneladas anuales que produce fue formalizado hace menos de un año y tras pasar por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU, de carácter bilateral) y por los Ministerios de Exteriores uruguayo y argentino, debe ser resuelto antes de principios de noviembre.
"La empresa no puede comenzar su producción si no se le aumenta nada hasta el 4 de noviembre", que es la fecha de renovación anual del contrato entre la fima y el Estado, indicó el intendente.
Lafluf advirtió que hay que "manejar este tema con mucho cuidado" y lograr un acuerdo que sea "una solución intermedia" que satisfaga a ambas partes.
Explicó que en ese contexto de incertidumbre el domingo hubo una manifestación "de 150 o 200" automóviles de ecologistas argentinos en el puente que sobre el fronterizo Río Uruguay une a Fray Bentos, sede la papelera y capital de Río Negro, con la argentina Gualeguaychú.
En el pasado, ambientalistas de esa localidad argentina mantuvieron cortado ese puente internacional durante un lustro a raíz de la instalación de Botnia, que comenzó sus operaciones en noviembre de 2007.
El caso derivó en el mayor conflicto diplomático en décadas entre las dos naciones.
Este lunes Lafluf recordó que en 2010 "lo que terminó de precipitar que se levantara el corte" de ese puente fue la decisión de las autoridades argentinas de formalizar "una denuncia penal" contra los ecologistas.
"Esperemos que el Gobierno argentino evite este tema porque ayer volvió el fantasma del corte. Nosotros no podemos vivir pendientes de lo que va a hacer la asamblea de Gualeguaychú", se quejó.
Otro factor que influyó en la solución de aquel conflicto fue un fallo de la Corte Internacional de La Haya que determinó que Uruguay no había contaminado el río, como aseguraban los manifestantes.
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