Martes, 19.11.2019 - 00:45 h
Convenio especial con la Seguridad Social

Los despedidos por la crisis pagarán más de 6.700€ si quieren mejorar su pensión

Los sindicatos cuestionan la fórmula de 'comprar' dos años de cotización porque la consideran insuficiente y creen que tendrá un alcance escaso.

Imagen de la cola del paro / 20 Minutos (Jorge París)
Los despedidos por la crisis pagarán más de 6.700€ si quieren mejorar su pensión / 20 Minutos (Jorge París)

El plan del Gobierno para ayudar a mejorar las pensiones de los que quedaron más 'tocados' por la crisis no saldrá gratis a los trabajadores. Quienes quieran suscribir el convenio especial con la Seguridad Social para 'comprar' dos años de cotización deberán pagar más de 6.700 euros, según distintos cálculos efectuados por las dos grandes organizaciones sindicales consultadas por La Información, a la espera de que el Ministerio de Trabajo desarrolle el proyecto normativo que en estos momentos se encuentra en fase de consulta pública y que, por tanto, todavía no cuenta con una memoria económica.

Mientras el departamento que dirige Magdalena Valerio termina de perfilar una de sus medidas estrella, la que permitirá a los trabajadores de entre 35 y 43 años con una laguna de cotización de al menos tres años entre el 2 de octubre de 2008 y el 1 de julio de 2018 recuperar un máximo de dos años de cotizaciones, los sindicatos ya han empezado a echar sus propias cuentas y la conclusión preliminar es clara: 'comprar' a la Seguridad Social tiempo extra de vida laboral para mejorar el cálculo y la cuantía final de la pensión de jubilación no está al alcance de muchos. 

Unos 280 euros al mes. Más de 6.700 euros para cubrir la base mínima de los dos años. Es lo que estiman fuentes de CCOO y UGT que tendrá que desembolsar cada trabajador que quiera suscribir el convenio especial con la Seguridad Social para cubrir las lagunas de cotización que le provocó la crisis. Esto, teniendo en cuenta que la referencia que finalmente tome Trabajo en la nueva normativa para calcular esos años de cotización 'ficticios' sea la base mínima de 1.050 euros y el coeficiente reductor de 0,94 para el tipo vigente de cotización, que se sitúa en el 28,3%. 

En términos generales, la cuota mensual a pagar cuando se suscribe un convenio especial con la Seguridad Social depende de la base de cotización elegida, que debe estar siempre entre la mínima y la máxima (1050 euros y 4.013,78 euros, respectivamente). A la misma se le aplica el tipo único de cotización del 28,3% y se ajusta la cuantía resultante al 94%. Por ejemplo, para una base de cotización de 1.300 euros resultaría una cuota mensual de 345 euros. Además, hay que recordar que este tipo de cotizaciones se encuentran incluidas entre los gastos fiscalmente deducibles de los rendimientos del trabajo.

Por ahora, Trabajo prefiere no entrar en cálculos. Insisten en que todavía no cuentan con una memoria económica. Lo que hay es un breve documento colgado en la página web del ministerio para consulta pública previa a la elaboración de un proyecto normativo por el que se regule un convenio especial para los afectados por la crisis económica de 2008. Tampoco es una novedad, pues estaba recogida en una disposición adicional del real decreto ley que aprobó el Gobierno el 28 de diciembre de 2018 para subir las pensiones este año otro 1,6%, además de otra serie de medidas encaminadas a incrementar los ingresos del sistema.

Potenciales beneficiarios

Trabajo tampoco ha cuantificado por el momento los potenciales beneficiarios. Fuentes del ministerio justifican que no hay estimación porque suscribir el convenio especial es voluntario. De cualquier manera, los sindicatos esperan un escaso alcance. Tanto desde CCOO como desde UGT critican que solo podrán acogerse a la medida aquellos trabajadores que cuenten con recursos suficientes. También cuestionan los límites de edad que ha marcado el Ministerio (entre 35 y 43 años) porque consideran que el colectivo de afectados por la crisis es mucho mayor. "No se quedaron en paro solo trabajadores jóvenes", denuncian. Y lanzan una pregunta: "¿Alguien con 36 años y toda una carrera laboral por delante va a plantearse gastar más de 6.700 euros para completar una pensión cuya cuantía todavía desconoce?". 

En el documento sometido a consulta pública el Ministerio explica que lo que se busca es "reducir el impacto negativo de la crisis económica de 2008 en las pensiones que en un futuro puedan causar los trabajadores que se han visto expulsados del mercado de trabajo durante largos periodos de tiempo (un mínimo de tres años) a causa de dicha crisis". De esta manera, la norma tratará de evitar que estas personas vean "reducidos los periodos cotizados al sistema y, por tanto, también el importe de las pensiones que puedan percibir".

Medida social... ¿en precampaña?

El siguiente paso será elaborar la orden ministerial. Preguntados por los plazos para la entrada en vigor definitiva, en el departamento de Valerio no ponen fecha. Se limitan a indicar que se trata de un proceso "complejo". Otras fuentes cercanas a la administración, sin embargo, dan por hecho que la medida estará sobre la mesa antes de que acabe el año. Sugieren incluso que el Gobierno en funciones podría aprobarla durante la precampaña electoral, ya que a diferencia de otro tipo de medidas sociales como la subida de las pensiones o la actualización de los sueldos de los funcionarios, solo requiere una orden ministerial que basta que promulgue el Ministerio de Trabajo, sin necesidad de pasar por el Consejo de Ministros ni por el Parlamento.

Los sindicatos, no obstante, quitan hierro a esta cuestión: insisten en que el impacto no será ni mucho menos masivo, ni en beneficiarios ni en ingresos para la deficitaria Seguridad Social, pues acogerse no está al alcance de muchos. También recuerdan lo sucedido con otro tipo de convenios especiales, como el que en 2011 permitió a los becarios que no habían cobrado por sus prácticas recuperar –en definitiva, comprar– hasta dos años de cotización por sus periodos de formación. Medida que, por cierto, el Gobierno de Pedro Sánchez está estudiando de nuevo, como adelantó La Información. En cualquier caso, tuvo poco éxito, pues en aquellos tiempos de crisis se acogieron a esa posibilidad apenas un tercio de los potenciales beneficiarios, y ello a pesar de que se permitió el pago fraccionado y se ampliaron los plazos en varias ocasiones.

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