Quito, 7 nov.- El pleno de la Legislatura ecuatoriana sostendrá mañana el primer debate sobre un proyecto de ley impulsado por el presidente, Rafael Correa, para elevar los impuestos a la banca y con ello aumentar las ayudas destinadas a los pobres.
La propuesta ha provocado el rechazo de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador, que la ha calificado como una "cuasi confiscación" de los beneficios de las instituciones financieras.
En cambio, el Gobierno la defiende como un mecanismo de redistribución de la riqueza.
El oficialista Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral ecuatoriano, convocó para mañana al pleno para tratar el proyecto de ley a las 10.00 hora local (15.00 GMT).
La Comisión de Régimen Económico y Tributario dio vía libre el lunes a su debate tras aprobar el informe sobre la propuesta legislativa de la Presidencia sin modificar apenas su contenido.
La meta del Gobierno es elevar de 35 a 50 dólares el llamado Bono de Desarrollo Humano (BDH), que reciben mensualmente 1,2 millones de personas pobres en Ecuador.
Actualmente, el Estado destina 756 millones de dólares al año a ese fin, a lo que se añadirán unos 340 millones con la subida, según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).
El Estado aportará unos 140 millones de dólares para costear el alza, mientras que el resto lo recaudaría con los nuevos impuestos a la banca.
Entre ellos está el cobro del 12 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los servicios financieros, que actualmente están exonerados de su pago.
El Gobierno asevera que las medidas reducirán los beneficios de la banca, pero no afectarán a sus clientes, ya que impedirá que las entidades traspasen a los usuarios el costo del IVA.
El proyecto también da potestad a la Junta Bancaria, una entidad estatal, para poner techo a los "megasueldos" de los directivos de los bancos, como los ha calificado el Gobierno.
Asimismo, amplía el acceso del Servicio de Rentas Internas (SRI) a la información bancaria de los ciudadanos y prevé una multa de entre 29.200 y 73.000 dólares para las instituciones financieras que no entreguen los datos requeridos.
Además, elimina la posibilidad de que la banca privada reduzca sus pagos por concepto de impuesto a la renta al reinvertir sus ganancias.
El proyecto también impone una tasa del 3 % sobre los ingresos gravables de los bancos y sube del 0,08% a un 0,25 % mensual el impuesto sobre los fondos depositados en el exterior, un porcentaje que se eleva a un 0,35 % mensual si están en paraísos fiscales.
Dado que el proyecto de ley tiene carácter económico urgente, la Asamblea Nacional cuenta con tan solo un mes para rechazarlo o aprobarlo como está, o con modificaciones.
Si los legisladores no se ponen de acuerdo en ese plazo entrará en vigencia de forma automática.
La propuesta del alza del bono la presentó originalmente Guillermo Lasso, un exbanquero que es candidato a la presidencia en los comicios de febrero de 2013, aunque él dijo que la financiaría con los fondos que el Estado destina a publicidad.
Correa, que se prevé que se presente a la reelección, reaccionó prometiendo el mismo incremento, pero costeado con un aumento de los gravámenes a la banca.
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