Estrasburgo (Francia), 11 sep.- El pleno del Parlamento Europeo (PE), ha dado hoy luz verde a las nuevas normas de ahorro energético en la Unión Europea (UE), que se aplicarán principalmente en edificios públicos de la administración central y en los de las grandes empresas.
Así culmina el proceso de gestación de la directiva sobre eficiencia energética, que ha mantenido enfrentados a la Comisión Europea, los Estados miembros y a la Eurocámara, y que ha terminado por ser aprobada en una versión menos ambiciosa de lo inicialmente previsto, debido a la oposición de los Veintisiete a asumir más compromisos medioambientales.
Los eurodiputados, reunidos en la sesión plenaria que se celebra esta semana en Estrasburgo (Francia), han mostrado su respaldo a este texto con 632 votos a favor, 25 en contra y 19 abstenciones.
Las nuevas normas obligan a la administración central de cada país a renovar un 3 por ciento de sus edificios con una superficie útil de más de 500 metros cuadrados (250 a partir de julio de 2015) cada año para hacerlos más eficientes, lo que descarta a las instalaciones de administraciones regionales y locales.
Los Estados miembros también lograron imponer una importante flexibilidad a la norma, ya que les permite adoptar medidas alternativas para lograr un ahorro energético equivalente, en lugar de ceñirse a las descritas en la directiva.
Por su parte, las compañías energéticas tendrán que presentar planes de ahorro de cara a 2020, que no podrán ser inferiores al 1,5 % de las ventas anuales de energía a clientes finales entre 2014 y 2020.
Además, las grandes empresas tendrán que someterse cada cuatro años a una auditoría energética, que se iniciará tres años después de la entrada en vigor de la directiva y correrán a cargo de expertos acreditados en el ámbito de la energía.
La normativa apuesta por el uso de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión para incentivar la inversión en medidas de eficiencia energética, al igual que el Fondo Europeo Agrícola y el Fondo Europeo de Eficiencia Energética .
Los Veintisiete tienen un año y medio de plazo para trasponer esta normativa a sus legislaciones nacionales. EFECOM
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