Punto para Yolanda Díaz en la negociación presupuestaria. Según ha podido saber La Información por fuentes conocedoras de las conversaciones que se han mantenido hasta el último momento, prácticamente sobre la bocina del Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha conseguido arrancarle a los socios del PSOE una mejora de las prestaciones para desempleados en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Obtener más fondos para revertir desde su departamento algunos de los recortes del PP en materia de protección a los parados ha sido su obsesión en estas negociaciones con el socio mayoritario de la coalición y finalmente ha visto satisfechas sus aspiraciones, según estas fuentes.
Dejamos atrás el último recorte del PP en materia de desempleo y recuperamos el 60% de la base reguladora desde los 6 meses de prestación.
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) October 4, 2022
Esta medida beneficiará a 300.000 personas, un gran avance que llegará a miles de hogares.
El Consejo de Ministros aprueba este martes el proyecto de Presupuestos del año que viene después de que los socios del Gobierno hayan alcanzado un acuerdo 'in extremis', según adelantan fuentes involucradas en las negociaciones que revelan que las cuentas públicas incorporan el mayor gasto social de la historia, incluido un incremento de la partida destinada a la protección por desempleo. Se trata de una demanda de la vicepresidenta Díaz, que ha venido reclamando a Hacienda más fondos para desarrollar sus políticas en la recta final de la negociación, tal y como se reveló en estas páginas. El aumento del presupuesto para prestaciones de paro no se debe a que el Ministerio de Trabajo prevea un incremento de los desempleados, sino a que Díaz planea aprobar una reforma para mejorar la cobertura de estas prestaciones públicas, confirman fuentes del Ministerio.
El objetivo de la vicepresidenta es "revertir los recortes del PP". Hay que recordar que, en el año 2012, dentro del paquete de medidas para reducir el déficit tras el rescate de la banca, el Gobierno de Mariano Rajoy rebajó la cuantía de la prestación por desempleo a partir del séptimo mes del 60% de la base reguladora al 50%. Los populares justificaron esa decisión para animar la búsqueda activa de empleo, bajo el argumento de que la reducción progresiva de la prestación se considera un aliciente para fomentar la movilidad laboral, ya que según pasa el tiempo y los parados ven reducidos sus ingresos pueden decidirse a aceptar ofertas que antes rechazaban.
Pero Yolanda Díaz no comparte, en absoluto, esa teoría. La vicepresidenta considera que las prestaciones por desempleo no constituyen un desincentivo para la búsqueda de trabajo y, además, permiten a las personas ejercer sus derechos. Así lo defendió recientemente en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, donde aseguró que "no solo no se debe recortar la protección por desempleo sino que hay que avanzar y, en primer término, revertir el terrible recorte que el PP infligió a los parados". Y eso es lo que va a llevar cabo mediante una reforma para recuperar la cobertura del 60% de la base reguladora a partir de los 180 días de cobro de la prestación.
No es la única cesión que Díaz ha conseguido para su departamento en los PGE de 2023. Fuentes al tanto de las negociaciones confirman también que el Gobierno ha acordado una nueva subida del IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples que se utiliza como referencia para la concesión de multitud de ayudas sociales, subsidios por desempleo, acceso a viviendas de protección oficial y ayudas para el alquiler, becas de estudio, servicios de asistencia jurídica gratuita, rentas mínimas de inserción... o el propio Ingreso Mínimo Vital (IMV). Como adelantó La Información, esta era una de las exigencias irrenunciables de Unidas Podemos y el PSOE ha accedido a incorporarla en los Presupuestos del próximo año para paliar el impacto de la inflación sobre los colectivos más vulnerables.
En las filas moradas no ocultan la satisfacción por haber convencido al PSOE de trasladar al Boletín Oficial del Estado el grueso de sus políticas en materia de impuestos, pero lejos de conformarse, exigen más al socio mayoritario de la coalición. En concreto, los ministerios de UP han exigido a Hacienda más fondos públicos para sus respectivos departamentos a cambio de dar el visto bueno definitivo a las cuentas públicas de 2023. Los ministerios de Derechos Sociales e Igualdad, que dirigen Ione Belarra e Irene Montero, respectivamente, han reclamado, entre otras medidas, un incremento de las ayudas económicas por cuidados y la ampliación de la duración de los permisos de maternidad y paternidad hasta los seis meses.
Fuentes de las negociaciones desvelan que UP ha logrado avances en esas materias, pero en las últimas horas los socios seguían atascados en la Ley de Vivienda, que es fundamental para los morados. También lo son la Ley de Familias, donde se enmarcan algunas de las mejoras en materia de permisos de cuidados y conciliación de la vida laboral y familiar, o la derogación de la conocida como 'ley mordaza'. Pero el gran escollo está en la de vivienda, ya que el PSOE defiende la actual redacción de la norma que salió del Consejo de Ministros, que contempla la regulación de los alquileres para grandes propietarios e incentivos fiscales para los pequeños tenedores. Unidas Podemos ha intentado vincular esta ley a la negociación presupuestaria, pero hasta este mismo lunes Transportes y Presidencia se negaban.
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