El Gobierno ya tiene asumido que la sangría laboral se agravó en el primer trimestre del año y se prepara para encajar los malos datos de paro que difundirá el Instituto Nacional de Estadística (INE) esta semana. En el área económica del Ejecutivo han ido manejando indicadores adelantados poco optimistas a lo largo de este mes y la destrucción de empleo, ligada a un nuevo retroceso del Producto Interior Bruto (PIB), se da por descontada. Los esfuerzos ahora se centran en apuntalar la recuperación en la segunda mitad del año, con el despliegue de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), y en amortiguar el impacto de los ajustes de plantilla anunciados en las grandes empresas, en especial en la banca y en concreto en CaixaBank, donde el Estado dispone de un 16% tras la absorción de Bankia.
El primer trimestre del año es ya de por sí una mala época para el mercado laboral, porque finalizan los contratos de la campaña navideña. La destrucción de empleo entre enero y marzo está, por tanto, en línea con el patrón estacional. Pero este año se suma el impacto de las restricciones a la actividad en sectores como la hostelería o el comercio para frenar la expansión de la tercera ola de la pandemia. Y se añaden las malas expectativas que hubo en marzo de cara a la Semana Santa, que cayó ya en abril, lo que frenó en seco la contratación. El resultado: la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejará la pérdida de unos 150.000 puestos de trabajo, según las previsiones de los principales analistas.
Es la pérdida de empleo que estima para el primer trimestre la patronal de agencias privadas de colocación Asempleo y está en línea con los balances mensuales que han ido publicando los ministerios de Trabajo y Seguridad Social. Según los cálculos efectuados por La Información, entre enero, febrero y marzo el paro se incrementó en 61.503 personas y la afiliación se redujo en 127.531 cotizantes. A cierre del trimestre había, además, 743.628 trabajadores en ERTE que no se contabilizan como parados. Todo ello, a pesar de que durante la segunda quincena del mes de marzo se produjo una cierta activación con la relajación de las restricciones en algunas zonas.
Hay que recordar que la última EPA publicada por el INE, correspondiente al cuarto trimestre de 2020, situó el número de ocupados a cierre de año en 19.344.300 personas, y los parados por encima de los 3,7 millones, alcanzando la tasa de desempleo el 16,1%. Esa tasa previsiblemente subirá en el primer trimestre de 2021 al entorno del 17% y los ocupados caerán a la cota de los 19,2 millones, siempre según las proyecciones. Y este empeoramiento del mercado laboral afectará de plano a la evolución del PIB, que volverá al terreno negativo, con un retroceso aproximado del -0,5%, de acuerdo con las predicciones en tiempo real de la Autoridad Fiscal (AIReF).
Recuperación en verano
Los analistas, eso sí, esperan que a ese primer trimestre aciago le siga un periodo de recuperación durante los meses centrales de la primavera y el inicio del verano, aunque todo dependerá de cómo evolucione la situación sanitaria y de la imposición o relajación de restricciones las actividades del sector servicios, principalmente. Con todo, se espera que "el aumento del ritmo de vacunación, propiciado por la llegada de un gran número de vacunas en los próximos meses (más de 30 millones de dosis) favorecerá el descenso del riesgo sanitario y el repunte de la actividad y empleo", subraya Asempleo en su análisis.
El propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, adelantaba esta semana en su cuenta de Twitter que la ausencia este año del repunte del empleo habitual en abril en los sectores con restricciones de actividad, sobre todo la hostelería, se ha visto compensada por el fuerte dinamismo en otros como la construcción, las actividades administrativas, las manufacturas o la educación. Así, afirmaba que la afiliación está siendo favorable en este mes, en línea con el promedio de los años 2017 a 2019, aunque admitía que esta evolución encubre "diferencias significativas" entre sectores. Además, añadía que en abril han salido del ERTE unos 90.000 trabajadores, intensificándose el ritmo de reducción, y que quedan total o parcialmente inactivos unos 650.000 afiliados, cerca del mínimo registrado en octubre.
2/3 La evolución del empleo, aproximado por la afiliación a la Seguridad Social, también está siendo favorable en abril, en línea con el promedio de los años 2017-19 👇Esta evolución agregada encubre no obstante diferencias significativas entre sectores (ver cuadro adjunto) pic.twitter.com/340QMwBsYt
— José Luis Escrivá (@joseluisescriva) April 21, 2021
El 'salvavidas' de los ERTE
De este modo, esta semana que entra podremos encontrarnos con malos datos del mercado laboral relativos al primer trimestre del año y la próxima con un balance positivo de la afiliación a la Seguridad Social y el paro en abril. El Gobierno tratará de poner el acento, precisamente, en el inicio de la recuperación, que se espera que sea paulatina durante los próximos meses, acompañando el proceso con una nueva prórroga de los ERTE, que empezará a negociarse formalmente con los agentes sociales en los próximos días. Así figura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que verá la luz en el Consejo de Ministros del martes para su envío a Bruselas: "Se establecerá un mecanismo transitorio de ERTE hasta finales de 2021 que impulse la reincorporación de los trabajadores".
A partir de ahí, la intención del Ejecutivo es desplegar un esquema permanente que evite ajustes traumáticos de plantillas como los que se están anunciando estos días no solo en el sector bancario, sino también en otras actividades como el turismo, el sector textil o el automóvil. "Sobre la base de la experiencia del mecanismo de ERTE, aplicado con éxito durante la crisis del Covid-19, se trata de disponer de un instrumento permanente de ajuste interno de las empresas, alternativo a la alta temporalidad y al desempleo, que actúe como amortiguador de la extremada volatilidad del mercado de trabajo español y se oriente a la formación y recualificación de los trabajadores (reskilling y upskilling), asegurando de esta manera un marco macroeconómico más estable y aumentando el capital humano y, con ello, el crecimiento potencial", recoge el Plan de Recuperación.
El plan prevé la creación de un mecanismo permanente para la formación y recualificación de trabajadores en procesos de ajuste empresarial, tanto de carácter transitorio (ante caídas de demanda significativas) como estructural (ante procesos de reconversión sectorial que exijan la adaptación de los trabajadores o la transición hacia otro tipo de trabajos o sectores). El Ejecutivo plantea, en este nuevo esquema estructural que se pondrá en marcha en 2022, crear un fondo tripartito entre Estado, empresas y trabajadores para financiar las prestaciones y la compensación de las cotizaciones de los empleados en ERTE. A falta de definir la configuración de ese fondo, el Gobierno revela en la hoja de ruta que dibuja a las autoridades europeas su intención de acudir a los préstamos del Next Generation para sufragar la parte de financiación pública del que se presenta como "uno de los elementos principales de la reforma en el ámbito laboral".
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